El proceso político y económico que ha caracterizado a Bogotá durante los últimos años ha estado marcado por una clara tendencia hacia el neoliberalismo. Este enfoque implica priorizar el fortalecimiento de negocios privados, en particular los manejados por grandes empresarios, por encima de la inversión en lo público, a pesar de su ineficiente impacto social y los daños que se puedan causar en términos urbanísticos y ambientales. Esta tendencia ha sido evidente tanto en la última alcaldía de Enrique Peñalosa como en la actual administración de Claudia López. A continuación, profundizaré en las evidencias que sustentan esta afirmación.
- Transporte Público y educación
En el ámbito del transporte público, se ha privilegiado la multiplicación del sistema de buses (Troncal y Zonal) sobre el sistema férreo, que podría transportar a más pasajeros de manera más eficiente, pero se prefirió un diseño raquítico que le impide ser el sistema estructurante de la movilidad. Lo anterior prolongará en el tiempo inversiones públicas significativas destinadas a subsidiar a concesionarios privados, en lugar de fortalecer de manera decidida la operación pública y garantizar el acceso asequible a la población.
De manera similar, en el caso de la educación superior, se han destinado cuantiosos recursos a través de “Jóvenes a la U” a instituciones privadas pobremente calificadas, mientras que se descuida la Universidad Distrital, una institución de alta calidad y menos costosa, lo que ha tenido como consecuencia la agudización del hacinamiento que presenta, la falta de mantenimiento de sus instalaciones, entre otras problemáticas.
- Plan de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
La expedición de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en 2021 ha dejado una gran parte de la ciudad en tratamiento urbanístico de renovación urbana y ha creado actuaciones estratégicas que favorecen a las constructoras, a expensas de la inversión estatal en vivienda para los sectores más vulnerables, lo anterior en tanto que la imposición de cargas urbanísticas a los privados es exigua, a lo que se suma una política de protección a moradores débil. Esto afectará el espacio público y los equipamientos colectivos disponibles en la ciudad, reduciendo la calidad de vida de la mayoría de las y los habitantes, una ciudad hacinada, sin infraestructura de soporte y solo para quienes puedan pagar por ella.
- Medio Ambiente y Sostenibilidad
Esta administración ha dado continuidad a los más grandes proyectos inmobiliarios del peñalosismo en desmedro de la Estructura Ecológica Principal, es el caso de proyectos como Lagos de Torca y Reverdecer del Sur (antes llamado “Lagos del Tunjuelo”). Esto no es otra cosa que instalar grandes ciudadelas de apartamentos a las orillas de elementos de la Estructura Ecológica Principal, los cuales deberíamos preservar a toda costa pues de ellos depende las sostenibilidad ambiental y territorial de Bogotá.
Asimismo, se impulsó la sustracción de un área para la ampliación de la Boyacá en la Reserva Thomas Van Der Hammen, en vez de cumplir con el Plan de Manejo Ambiental que definía unos perfiles viales que garantizaban su protección. ¿Para qué este atentado ecológico?, para garantizar la infraestructura de transporte de Lagos de Torca.
- Región Metropolitana y Participación Ciudadana
La creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca tiene el sello de un gobierno corporativo para la especulación inmobiliaria. Su ente rector, el Consejo Regional, está diseñado para favorecer a los grandes empresarios en lugar de representar los intereses de la ciudadanía común, refleja un enfoque neoliberal y antidemocrático que excluye al resto de la sociedad civil de la toma de decisiones clave para todo el territorio, ¿por qué?, porque en él tiene asiento el consejo gremial, mientras que a todo el resto de organizaciones de la ciudadanía se les relega a un “Ágora” con nula capacidad decisoria.
El resultado de estos 8 años de neoliberalismo es una Bogotá profundamente desigual y poco democrática, que no aborda de manera efectiva la pobreza, lo que, a su vez, ha llevado a un aumento de la delincuencia y la inseguridad en la ciudad.
Para abordar estos problemas, proponemos desde el Pacto Histórico un conjunto de prioridades para un gobierno alternativo. Esto incluye la consolidación de un sistema de cuidado que reconozca y remunere adecuadamente esta economía, la implementación de un sistema de transporte multimodal estructurado por el modo férreo de alta capacidad de carga de pasajeros, la promoción de una educación pública de calidad, el fomento del empleo y la economía popular, el fortalecimiento del gasto social, la protección de la Estructura Ecológica Principal, y el impulso de proyectos como la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz y el fortalecimiento de las plazas públicas de mercado.
En conjunto, estas prioridades buscan transformar la política y el desarrollo de Bogotá hacia una dirección más democrática, igualitaria y sostenible, priorizando las necesidades de la ciudadanía en lugar de los intereses privados. Ese es el modelo de ciudad que impulsamos y defendemos y que está en juego en estos comicios del 29 de octubre, por lo mismo, si Bogotá así lo define, este será el tiempo de nuestro derecho a la ciudad.
