En días anteriores se realizó en el Concejo un debate sobre la vivienda en Bogotá. En nuestra intervención se hizo una revisión de las cifras que diagnostican este problema, con énfasis en lo que respecta a vivienda nueva, así como de las cifras que tienen que ver con las acciones ejecutadas por el gobierno de la exalcaldesa Claudia López y las que pretende realizar la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Esto con tal de demostrar el desacertado enfoque del dogma neoliberal en su pretensión de solucionar el déficit habitacional de Bogotá, lo que justifica la pertinencia de una política alternativa que tenga como interés principal garantizar el derecho a la vivienda a los hogares más pobres.
1. Pobreza y déficit habitacional en Bogotá
Acorde con las respuestas dadas a la proposición del debate, a las cifras del POT, y teniendo en cuenta el documento publicado de bases del Plan de Desarrollo Distrital, en 2022 un poco más de 2.2 millones de personas (28,1% del total) vivían con menos de $536.108 mensuales para cubrir sus necesidades (línea de pobreza), y un poco más de 639 mil personas (8,1% del total) vivían con menos de $246.192 mensuales (línea de pobreza extrema). En 2021, las localidades con pobreza monetaria superior al 50% fueron, de mayor a menor, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe.
Cuando inició el gobierno de Claudia López, en 2020, el déficit habitacional en Bogotá era de 321.934 hogares: 122.108 cuantitativo (4,9%) y 199.826 cualitativo (7,9%). En lugar de mejorar esta situación, la cifra que se da para 2022 es peor en relación con la calidad de la vivienda; así, el déficit habitacional fue de 328.060 hogares (11,1% urbano y 37,2% rural): 40.130 cuantitativo (1,4%) y 287.930 cualitativo (10%). Dentro de los hogares con déficit habitacional se privilegia el arrendamiento como forma de acceso a solución de vivienda: 73%, en contraste con 47,9% en los hogares sin déficit. Sumado, en el tipo de tenencia, en Bogotá predomina el arriendo como principal modalidad: 53%.
Es decir, esas personas más pobres, que son las que golpea más duro el déficit habitacional, son las que configuran lo que se considera demanda insolvente, sin ingresos estables e informales laboralmente. En el mejor de los casos, son inquilinos, hacinados en viviendas de baja calidad, ubicados en ese 48% de los hogares bogotanos que obtienen entre 0-2 salarios mínimos de ingresos mensuales, y no tanto dentro del 27% de los hogares que obtienen entre 2-4 salarios mínimos pues estos alcanzan a ser solventes al apalancarse con el Estado. A esos hogares más pobres son los que el Estado debería resolver prioritariamente su derecho a la vivienda enfocando sus acciones para ello, pero eso es lo que no se hace.
2. La solución neoliberal
¿Cómo resuelven el déficit habitacional los gobiernos neoliberales?, por medio del mercado, la producción capitalista de vivienda y asignando subsidios para la demanda insolvente. Así, creen que lo que pasa es que no se está produciendo lo suficiente para la población que más necesita: “es una expresión del desequilibrio existente en el mercado de vivienda”. Por ello argumentan que, de 2005 a 2018, se produjeron 14 mil viviendas VIS-VIP promedio anual: 38% del mercado, pero su demanda potencial es de por lo menos el 63% de los hogares, los cuales ganan hasta 4 salarios mínimos: 810 mil ganan menos de 2 salarios mínimos (30%), y 991 mil ganan de 2 a 4 salarios mínimos (33%); mientras el 62% del mercado: 22 mil viviendas No VIS promedio anual, se produjeron para el 27% de la demanda potencial: 1 millón de hogares que ganan más de 4 salarios mínimos.
Pero esto no es verdad pues, así se produjera lo suficiente en materia de vivienda VIS y VIP, los hogares más pobres, a pesar de los subsidios estatales, no alcanzan a convertirse en demanda solvente. Así, esta concepción falla en un doble sentido, sus acciones de gobierno no se acompasan: 1. Ni en la iniciación de viviendas VIS-VIP al contrastarse con el cálculo de necesidades, y 2. Ni en la correspondiente otorgación de subsidios, ambos aspectos cruciales para solucionar el mencionado desequilibrio en el mercado.
3. Metas mediocres de los gobiernos neoliberales
Para el POT se calculó que, durante su vigencia (2022-2035), se requieren 1.067.525 unidades de vivienda. Si se tiene en cuenta la realidad de los hogares, 72,8% deberían ser VIS y VIP: alrededor de 777 mil viviendas. Esto es 55.500 viviendas VIS y VIP promedio anual. Acorde al documento de bases del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028, de 2021 a 2030, se requerirían promedio anual 58.058 unidades de vivienda, 70% VIS y VIP pues 70% de los hogares tienen ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Esto es 40.640 viviendas VIS y VIP promedio anual. Pese a estas cifras, el comportamiento real del mercado es mucho menor: se inician 32.805 viviendas promedio anual: 20 mil No VIS (61%), 7.873 VIS (24%) y 4.920 VIP (15%). Dicho sea de paso, acorde a la Galería Inmobiliaria en 2023, de 2016 a 2022, los lanzamientos de vivienda VIS y VIP en UPL deficitarias en soportes urbanos alcanzaron el 67% del total, es decir, son unidades de vivienda creadas en entornos precarios urbanísticamente.
Partiendo de este contexto, y pese al dogma neoliberal que aspira a corregir el desequilibrio existente en el mercado de vivienda, las metas que se ponen los gobiernos distritales son mediocres y no son coherentes con sus creencias. De este modo, Claudia López en su cuatrienio logró la iniciación de apenas 72.500 viviendas VIS y VIP, 18.125 promedio anual. Es decir, en 4 años hizo lo que, en contraste con la realidad y las necesidades, debió hacerse en 1 año y 4 meses acorde a los cálculos hechos para el POT. Por su parte, el gobierno de Carlos Fernando Galán se ha propuesto iniciar 80 mil viviendas VIS y VIP, 20 mil promedio anual. Por consiguiente, aspira a realizar en 4 años lo que, según el documento de bases, se debería realizar en 2 años. Con estas metas mediocres: ¡nunca van a corregir el desequilibrio del mercado!, si es que esto realmente soluciona algo, pero no, y eso lleva al segundo error de la concepción neoliberal en su pretensión de remediar el déficit habitacional.
4. Una baja asignación de subsidios
En primera medida, para la Bogotá urbana, hay que tener en cuenta que los programas de Oferta Preferente, de subsidio complementario al nacional: Mi Casa Ya, u otorgado por el Comité de Elegibilidad, entre otros, se destinan a hogares con ingresos de hasta 4 salarios mínimos que, sumando subsidios y recursos propios y/o crédito, puedan garantizar la adquisición de la vivienda (cierre financiero). Es decir, demandan estabilidad y solvencia, situación que no caracteriza la realidad de los hogares más pobres que son los que sufren las peores consecuencias del déficit habitacional.
De este modo, como ya se mencionó, Claudia López inició 72.500 viviendas VIS, pero asignó apenas 11.580 subsidios para adquisición de vivienda VIS y VIP. Es decir, quedan casi 61 mil unidades volando en el mercado. Galán aspira a asignar 39.100 subsidios para adquisición de vivienda nueva y de arrendamiento social. Supongamos, en el mejor de los casos, que todos se vayan para adquisición de vivienda VIS y VIP nueva, pues el documento de bases no especifica ni tampoco separa de lo que corresponde a arrendamiento social. Así las cosas, quedan 40.900 unidades de las 80 mil viviendas VIS y VIP que se propone iniciar el actual gobierno.
Normativamente, acorde al artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda VIS es la destinada a los hogares de menores ingresos para que puedan satisfacer este derecho. Esto en la práctica no ocurre pues, en la mejor de las situaciones, los subsidios que se dan no recogen ni al 50% de las viviendas VIS producidas ¿Qué se hacen esas unidades de VIS que quedan volando en el mercado? Por su puesto que no son adquiridas por los más pobres (75% de los hogares) y la demanda insolvente para satisfacer su derecho a la vivienda, estas son vendidas por las constructoras que reciben beneficios por su producción, y son adquiridas por la demanda solvente (25% de los hogares) para rentarlas y obtener mayores ingresos por medio de ello.
5. El verdadero problema
Sin embargo, así se homologara el número de subsidios otorgados al número de unidades VIS producidas y necesarias, hay una demanda insolvente que, aun con subsidio estatal, no alcanza a convertirse en solvente ni siquiera para una vivienda VIP. Este es el caso de los inquilinos que mencionamos, hacinados en viviendas de baja calidad, informales laboralmente y cuyos ingresos inestables están entre los 0 y 2 salarios mínimos mensuales.
A ellos nadie los voltea a mirar mientras los gobiernos neoliberales intentan mediocremente resolver el desequilibrio del mercado, situación hipotética en la que, de lograrse, tampoco estos, los más pobres, podrían hacerse a una vivienda. Precisamente, la historia demuestra que los trabajadores con más bajos ingresos han garantizado su derecho a la vivienda a través de la ocupación o adquisición de suelos no habilitados para edificarse, y por medio de la autoconstrucción de sus viviendas. Por consiguiente, el 27% del suelo urbano de Bogotá es de origen informal y, si lo asociamos con la ciudad autoconstruida, podría afirmarse que casi la mitad de la ciudad tiene esta procedencia.
6. La alternativa
Pero, en el Plan de Desarrollo que presenta la actual administración, programas de autoconstrucción de vivienda nueva apalancados con suelo, soportes urbanos y subsidios provistos por el Estado, no tienen cabida y menos ocupan la centralidad. A pesar de la retórica con el Plan Vecinos, el interés que mediocremente reflejan las metas es el de las grandes constructoras privadas, no el de la población más pobre. En ese sentido, ni siquiera el POT contempla una política alternativa, esto es: la gestión y construcción de predios en tratamiento urbanístico de desarrollo o renovación urbana a través de asociaciones público populares donde el Estado ponga la tierra, suministre los soportes urbanos y asesore y subsidie la autoconstrucción de vivienda por parte de la población más pobre.
Por ello, ante la continuidad de la política neoliberal en materia de vivienda, mientras la preocupación siga siendo la de las grandes constructoras y no la de garantizar el derecho a la vivienda a los más pobres, seguiremos del lado de la oposición a la administración distrital.
