Esta semana que pasó, por fin la Fiscalía mostró todo el material probatorio que tiene en el caso de la UNGRD. Por fin, Olmedo López y Sneider Pinilla contaron cómo hicieron parte de una empresa criminal para robarse al Estado, valiéndose de los más vulnerables. Es increíble cómo el gobierno del Cambio utilizó los lugares más apartados y golpeados por la violencia, como Uribia en La Guajira o El Salao en Bolívar, para apropiarse de los recursos, inventando emergencias que no existían.
Pero vamos a las revelaciones. Según lo expuesto por este investigador, el cónclave corrupto que se llevó a cabo en el Palacio de Nariño, en la oficina del director del DAPRE, Carlos Ramón González, que queda justo al lado de la del presidente Gustavo Petro. A propósito, ¿el presidente no vio ni escuchó nada estando tan cerca? Ahí, en ese lugar, se organizó todo y participaron el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; Olmedo López y la consejera de Regiones, Sandra Ortiz, todo con el fin de direccionar 700.000 millones de pesos para comprar al Congreso y aprobar las reformas que hacían agua en ese momento, en especial para sobornar de frente y sin miedo a los presidentes del Senado, Iván Name, que recibió 3.000 millones, y Andrés Calle, que recibió 1.000 millones. Es cierto que todos los gobiernos sobornan al Congreso, pero ninguno se había dejado pillar. Y peor aún, con un Presidente que se dedicó a criticar y a denunciar estas prácticas cuando fue congresista.
El presidente Petro pidió perdón ante el Congreso y descargó toda la culpa en Olmedo López, insistiendo en que él lo sacó. Sin embargo, hay que recordar que Olmedo fue el principal aportante, en calidad de persona natural, a su campaña. Tampoco se nos puede olvidar que él lo nombró y lo mantuvo un mes después de que estalló el escándalo. El presidente Petro, acorralado por las revelaciones de la Fiscalía, dijo desde París que no va a defender a nadie. Enseguida, el primero en saltar del gobierno fue Carlos Ramón González, director de la agencia de inteligencia y el mejor amigo del presidente Petro desde las épocas del M-19, un político con un pasado oscuro en Santander, aliado de alias “El Tuerto” Gil, célebre parapolítico. Según denunció el periodista Daniel Coronel, Carlos Ramón tiene una fortuna que sobrepasa los 12.000 millones de pesos; siempre tiene sus pesos. Tampoco sabemos si, después de que baje la marea, regresará, como hizo Laura Sarabia con el caso de su niñera, que la chuzaron y nada pasó.
Pero hay un caso que no puede pasar desapercibido, y es el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Como demostró la Fiscalía, estaba presionando para adjudicar contratos y beneficiar a congresistas con el fin de que le aprobaran sus proyectos en el Congreso, algo gravísimo que quedó demostrado en chats de su asistente personal. El ministro dio una entrevista en Noticias Caracol que dejó más dudas que certezas, y lo que queda claro es que, para la legislación que viene, mantener a este señor Bonilla es un desgaste muy grande y puede salirle caro al gobierno en imagen y en aprobación de proyectos.
Estamos ante el escándalo de corrupción que más cerca ha llegado a un presidente, superando de lejos a Odebrecht, el proceso 8000, Reficar, Miti, Miti, Salucoop, Foncolpuertos, etc. ¿Y saben por qué? Porque toda su cúpula está untada, y lo peor es que el presidente quiere hacer como si nada hubiese pasado. En un país serio, hasta el presidente mismo se tendría que ir por nombrar a tanto corrupto a su lado y por dejar que en sus narices hicieran ochas y panochas. Es muy complicado para el presidente Petro, que sigue en picada en popularidad y ya tiene el sol a sus espaldas, a pesar de que faltan todavía dos años de mandato.
