La situación del Catatumbo hoy y desde hace varias décadas, demanda del Estado soluciones definitivas y estructurales. Con 52 mil desplazados, más de 30 mil personas confinadas y al menos 80 muertos en cuestión de 2 semanas, no es tiempo para tomar medidas que alivien temporalmente los problemas más graves y notorios; sin embargo, aunque no nos guste decirlo y nos cueste reconocerlo, esto no va a ocurrir ni en 90 días de conmoción interior, ni en 6 o 9 meses si se extendiera. Las soluciones requeridas son transversales, necesitamos decisión, inversión y persistencia del Gobierno Nacional en apoyo de los municipios y departamentos del país.
Lo que hemos presenciado estos últimos días, con impotencia y dolor de patria, es que la gente tiene miedo, algunos han vivido por tanto tiempo lo mismo que han normalizado la angustia en su diario trasegar, muchos no saben si regresar es una opción que no implique perder la vida y, los gobiernos locales, en pie de lucha por su pueblo, no quieren un bálsamo pasajero para el dolor que trae consigo la barbarie de los grupos armados ilegales, porque ya conocen lo que ha pasado y lo que se ha dejado de hacer en este y en otros gobiernos.
Para nadie es un secreto que estos grupos ilegales se han apoderado del territorio hasta convertirlo en un bastión para sus actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta la extorsión y la minería ilegal, aprovechando las ventajas estratégicas que les representa la región en términos geográficos, su condición como zona fronteriza con Venezuela, donde nuestra fuerza pública carece de jurisdicción para darles captura, entre otros múltiples factores históricos y sociales.
El mismo Gobierno Nacional lo sabe y lo tiene claro desde su llegada al poder, de hecho, así lo confirma en el decreto 062 de 2025 que declara el estado de conmoción interior, donde reconoce que “la crisis en el Catatumbo refleja problemas estructurales”, aceptando que sus causas vienen desde el 2021 y se atribuyen principalmente a la economía ilegal de la coca.
Lo anterior se suma, al fortalecimiento en la influencia, control territorial, capacidades ofensivas y aumento de tropas que ha tenido el ELN durante los últimos dos años de negociaciones que, de acuerdo con estimaciones de inteligencia militar, superaría las 6.300 unidades guerrilleras.
De esta manera, aunque insistimos en la obligación del Estado de imponer el orden y tomar todas las acciones urgentes y necesarias para garantizar la tranquilidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, la realidad de los hechos desvirtúa los argumentos que ha expuesto el Ejecutivo como si se tratara de una situación novedosa e imprevisible. Todo lo contrario, ya existían las alertas realizadas desde el segundo semestre de 2024 por parte de la Defensoría del Pueblo, que advertía la potencial escalada del conflicto ante el rompimiento de la entonces frágil relación de tregua entre el ELN y las disidencias de las FARC. Alerta que también había hecho desde noviembre, de ese año, el Comité Negociador del Gobierno.
El discurso que ha revelado el Gobierno Nacional, es un afán por reiterar su tesis de la falta de recursos, la desfinanciación del presupuesto y el anuncio de mecanismos extraordinarios de recaudo tributario para aliviar, con esta figura, inconvenientes causados en otras esferas del Gobierno.
Soportar más de 6 décadas de conflicto en Colombia ha generado que existan tantas perspectivas para analizar lo que ocurre con los fenómenos de violencia en el país, como orillas y doctrinas políticas. Lo que hoy ocurre en Norte de Santander también se ha vuelto ‘materia prima’ para la polarización y el radicalismo, por ello, mi llamado es a dejar de lado el deseo de polemizar. Usar el dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo no puede ser nunca más el espacio para cosechar votos y seguidores.
En este sentido, algunas de mis propuestas al Gobierno Nacional se orientan a las siguientes medidas:
1. Restablecer el orden público y el control territorial por parte del Estado con acciones definitivas y estrictas en contra de los grupos ilegales, que garanticen el derecho a la vida y a la libertad de las personas que se encuentran en situación forzosa de confinamiento, así como el retorno en condiciones seguras de los desplazados, con presencia institucional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para evitar la repetición de hechos victimizantes, proteger a los líderes y a las comunidades amenazadas.
Es importante resaltar que la fuerza pública debe contar con los mecanismos de defensa pertinentes para actuar, como los helicópteros, que permitan el trabajo seguro de los soldados y la policía.
2. Fortalecer la institución en cuanto a las capacidades de investigación, persecución y juzgamiento, lo que incluye una apuesta por la lucha judicial decidida y sin cuartel en contra del crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo perpetrado por parte del ELN, disidencias de las FARC y demás grupos ilegales alzados en armas.
3. Garantizar la continuidad de la prestación de servicios esenciales y sociales: alimentación, vivienda, educación y salud para la población desplazada, lo que implica una inversión de recursos para apoyar a las autoridades departamentales y municipales que están atendiendo la emergencia prácticamente solos.
Cierro mi opinión, reconociendo el esfuerzo incesante, valiente y decidido, durante los últimos 20 días, de líderes regionales, del sector privado, de ciudadanos, la iglesia y algunos alcaldes que han dispuesto lo que han podido a nivel presupuestal y humano para atender a los más de 50 mil desplazados que salieron hacia Ocaña, Cúcuta y otros municipios buscando preservar lo más valioso, sus vidas. Toda mi admiración y reconocimiento por su labor.
