Desde el año 1999, el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (En adelante Ministerio de Ambiente) expidió la resolución 1153 mediante la cual determinó la necesidad de conformar un panel de expertos con el objetivo de generar recomendaciones para el ordenamiento territorial del sector norte de Bogotá. Dicho panel emitió concepto donde expone la gran riqueza ecológica y paisajística para la dinámica ambiental urbano-regional, y propone que la recuperación y conservación de ese territorio debe ser objeto prioritario de intervención del Estado. Atendiendo estas recomendaciones, el Ministerio de Ambiente adoptó las resoluciones 475 y 621 de 2000, que fueron incluidas en el POT de Bogotá mediante el Decreto Distrital 1110 de 2000.
Una vez sucedido esto, vino el primer ataque contra la reserva, la administración de Enrique Peñalosa en su primer mandato (1998 - 2000) solicitó la nulidad de las resoluciones 1153, 475 y 621 del Ministerio de Ambiente con el objetivo de detener la constitución de la reserva, proceso que se resolvió mediante sentencia del Consejo de Estado en 2006 donde se niega las pretensiones de la administración distrital, en un intento por quitarle a la ciudad el pulmón del norte.
Tras la derrota de Peñalosa, la Procuraduría General de la Nación en mayo de 2010 evidenció el alto grado de transformación de la zona norte de Bogotá, solicitándole al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR-C) presentar informes sobre las acciones realizadas para la preservación de esta área. Producto de ello, en el 2011 el Consejo Directivo de la CAR - C declaró la reserva forestal productora regional de Bogotá D.C “Thomas Van der Hammen”, que en su artículo 3 señalaba que en un plazo máximo de 12 meses debía formularse el Plan de Manejo Ambiental de la reserva, plan que se adoptó 3 años después.
Con la declaratoria de la reserva se delimitó un área protegida que cuenta con 1.395 hectáreas ubicadas entre las calles 150 y 235 aproximadamente, convirtiéndose en el último bastión que garantiza la conectividad ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá. Dicha conectividad tiene dos importantes aristas: la primera, que permite ser un puente fundamental para la supervivencia y el desplazamiento de la fauna desde los cerros orientales hacia el occidente de la región y, la segunda, que juega un papel fundamental en la función de recarga hídrica en Bogotá, ya que esta área cuenta con suelos y vegetación que actúan como una esponja natural, capaz de retener el agua de lluvia. Esta función de recarga hídrica de la reserva Thomas Van der Hammen es de vital importancia, no solo por su funcionamiento natural, sino en términos de adaptación al cambio climático y la captura de carbono.
Lamentablemente, con el retorno de Peñalosa a la Alcaldía en 2016, se retoman por parte de la administración los esfuerzos por modificar el uso del suelo para permitir generar presión mediante grandes proyectos inmobiliarios y construcción de vías que permitan gentrificar esta zona de la ciudad, lo cual se materializó en el año 2017 con el decreto 088 “Por medio del cual se establecen las normas para el ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte - “Ciudad Lagos de Torca”. Este decreto contemplaba la construcción de aproximadamente 135.000 viviendas para lo cual se hace imprescindible la continuación de la Av. Boyacá atravesando la reserva Thomas Van der Hammen.
Dicho proyecto de Lagos de Torca es incorporado posteriormente por Claudia López al POT expedido por decreto de su administración, incumpliendo descaradamente el pacto ambiental firmado por ella en campaña, donde aseguró que en su gobierno no sustraería área de la reserva. Una mentira en favor de los intereses privados, ya que el consorcio Lagos de Torca, en donde la Alcaldía Mayor tiene asiento en su junta, solicitó la sustracción de más de 20 hectáreas de la reserva, lo cual fue aprobado el pasado 16 de abril en Consejo Directivo de la CAR - C.
Durante el debate de sustracción de la reserva, desde el Ministerio de Ambiente y la sociedad civil se solicitó al Consejo Directivo de la CAR - C la realización de una audiencia pública donde se pudieran exponer los argumentos técnicos de sustento a dicha sustracción, pero también, que se pudiera garantizar el derecho a los terceros intervinientes y a la sociedad en general en este proceso tal como lo contempla el acuerdo de Escazú. Desafortunadamente dicha solicitud fue negada.
No obstante, lo más curioso en todo esto es el argumento de la Alcaldía de Bogotá como miembro de dicho Consejo, argumentando que “en un proceso de sustracción no es necesaria la audiencia pública y la participación, esta se podrá realizar en el proceso posterior de licenciamiento ambiental”. Risible argumento, ya que el área a sustraer corresponde a un trazado para la ampliación de la av. Boyacá.
Ya aprobada la sustracción, se amarra el trazado propuesto por el Fideicomiso Lagos de torca, el cual tal como está planteado afecta la estructura y funcionalidad de la reserva que en el informe técnico de la CAR - C DGOAT No. 08 de 7 de febrero de 2023, evidencia más de 48 especies de aves (12 migratorias), mamíferos, reptiles, anfibios y gran cantidad de especies endémicas, es decir, se afecta gravemente la estructura ambiental de la reserva.
Por tal motivo, exigimos que el proceso de licenciamiento ambiental, posterior a la sustracción, contemple no solo la participación comunitaria y la realización de la audiencia pública, sino la pertinencia o no del proyecto en términos ambientales y sociales, es decir, que se revise el proyecto a la luz del Plan de Manejo Ambiental, su zonificación y los reglamentos de uso del suelo. En ese sentido, esperamos que los análisis técnicos determinen que tal como está el trazado se generará una afectación y fragmentación a la reserva, porque de lo contrario estaremos presenciando de manera cómplice el inicio de la degradación de la reserva Thomas Van der Hammen.
