En las semanas previas a la pasada campaña presidencial, puse en práctica una vieja costumbre de mis tiempos de corresponsal de prensa extranjera: preguntar a los taxistas por las conversaciones que oían a la gente dentro de sus vehículos sobre los candidatos. Lo conté aquí en su momento. Lo que no recuerdo haber contado es lo mucho que me llamó la atención un comentario generalizado: la indignación de la gente con el robo de los 70.000 millones de pesos al Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.
En Medellín, en Bogotá y en Palmira, ciudades en las que tomé taxi aquellos días, la conversación con los conductores de ese servicio público derivó sobre ese asunto, a pesar de ser una noticia sobre la que ya habían transcurrido doce meses desde el estallido del escándalo. El hecho de que una ingente cantidad de niños escasos de recursos se hubiesen quedado sin acceso a internet por la acción de unos ladrones de guante blanco desde el ministerio de las TICS, me resultó curioso por decir lo menos, en aquella franja de una sociedad anestesiada como la colombiana por la corrupción consuetudinaria de los funcionarios.
Lo que resultaba más paradójico y en lo que casi nadie reparó durante aquel escándalo, es que si en un lugar resultaba particularmente sangrante aquella infamia era en el ministerio que teóricamente debería haber estado más preparado para impedir esa estafa. Me refiero a la práctica de lo que hoy en el mundo se conoce como blockchain, una tecnología para realizar “contratos inteligentes” que ya existe en Colombia y en la que, más curioso aun, este país no es de los más atrasados del mundo precisamente.
No solo eso, Colombia ha sido junto a Georgia, campo de experimentación de un programa piloto patrocinado por el Foro Económico Mundial, FEM, para reducir la corrupción gubernamental. Se aplicó esa tecnología a los contratos para los comedores escolares conocido como Programa de Alimentación Escolar y así se vino a conocer el pasado año, la situación lamentable de ese programa, según hizo público entonces la Procuraduría: retrasos en las entregas, comida en mal estado, falta de infraestructuras…, en resumen: había contratistas robándose el dinero de la comida de los niños.
En Georgia, en donde el FEM, puso igualmente en marcha este programa piloto también conocido como “cadena de bloques”, sacaron a la luz los sobornos para acelerar la burocracia en el registro de tierras heredado de la época de influencia comunista. La llamada Revolución de las Rosas cortó por lo sano en aquel país de Asia Central e inició un camino de reformas con la utilización exitosa de blockchain.
Y puesto que se trata de un sistema aplicable allí donde hay desconfianza con las licitaciones o contratos estatales, es lógico ver qué países se encuentran a la cola en su implementación: Rusia, Tanzania y Afganistán, según la firma Polkadot, especializada en encriptación de redes empresariales.
El sistema blockchain, el mismo con el que operan las criptomonedas, permite la trazabilidad de todo el ciclo de vida de un producto o de un contrato. Cualquier operación que se realice con este sistema es un bloque vinculado al bloque anterior y al posterior y con el autor de dicha operación. Y si alguien intenta anularla o modificarla queda constancia de quién y cuándo hizo el cambio.
En el Gobierno anterior de Colombia se comenzó a hacer entrega oficial de títulos de tierra tokenizados o basados en la blockchain pública de la empresa a Ripple Labs, herramienta que fue llamada Administración de Predios a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, una plataforma que permite registrar y certifica adjudicaciones de predios de forma verificable.
Los organismos internacionales como el Foro Económico Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se están preguntando si este sistema se podría generalizar para atar en corto las licitaciones y demás procesos de la administración pública para reducir los casos de corrupción y tráfico de influencias en el mundo.
Sería una verdadera revolución. El fraude, según la OCDE, encarece hoy en día las operaciones el 10% en todo el mundo, y los sobornos, según el Banco Mundial, mueven más de un billón de dólares al año.
Daniel Esteban-Ferrer, presidente de una gran empresa europea que emplea el sistema de contratos inteligentes o blockchain, lo calificó como “los rayos X del siglo XXI”. Si en Colombia, país que milagrosamente pertenece a la OCDE, un organismo de 38 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, se tomase en serio la aplicación de este sistema, nos llevaríamos más de una sorpresa.
