Probablemente, algunas de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) no sean novedosas, pero, paradójicamente, en este país sin memoria, siguen siendo reveladoras. Entre desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y masacres, Colombia experimentó la cruenta violencia paramilitar que, en alianza con las oligarquías, causó miles de víctimas.
La noticia del río de sangre no es novedosa, ni podría serlo, sobre todo porque Mancuso participó en Justicia y Paz desde 2006, y declaró sobre los hechos que ahora vuelven a ser primera plana. El revuelo se da ahora porque las investigaciones que debieron iniciarse hace casi dos décadas no han obtenido resultados.
El bajo desempeño de la justicia es especialmente notable en relación con los particulares y agentes estatales del más alto nivel. La Administración y algunas grandes empresas, es decir, el poder político y económico en su esplendor, no han terminado de rendir las cuentas por el financiamiento y colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Claro. Se profirieron condenas contra al menos cuarenta parapolíticos, incluidos congresistas de los partidos tradicionales de la U, Cambio Radical y Liberal. Pero estos datos parecen ser, más bien, la carnada del anzuelo de la impunidad. La justicia aún no ha llegado a los verdaderos responsables, a los superiores, a los que se beneficiaron de la violencia para extender sus tentáculos.
Hasta el momento, la Jurisdicción Especial para la Paz ha demostrado ser un órgano independiente, que ha afrontado los retos estructurales y discursivos que juegan en su contra. Desde el Nuevo Liberalismo, por la violencia que han sufrido nuestros copartidarios, aplaudimos y esperamos que continúe ejerciendo de esta forma su labor.
