El trabajo digno ha sido una de las principales banderas que hemos defendido, esto con relación a lo que debe ser un modelo de ciudad diferente que priorice el factor humano como elemento vital para una sociedad más justa. En ese sentido, realizamos debate de control político a la actual administración, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, para evidenciar cómo las medidas implementadas en su periodo para garantizar el trabajo digno en el Distrito han sido poco eficientes, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento del artículo 61 del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), los acuerdos laborales suscritos para avanzar hacia un empleo incluyente y formal, y la permisividad frente a la problemática de la tercerización.
Esta Administración Distrital se ha encargado de crear sofismas discursivos para aparentar ser democrática y pluralista, pero cuando entramos en el análisis concreto frente al cumplimiento de sus metas y objetivos podemos observar que se ha venido incumpliendo sistemáticamente lo prometido con relación al artículo 61 del PDD, donde se proponía “adelantar las acciones tendientes hacia la garantía del derecho al trabajo decente, buscar la disminución de brechas de desigualdad laboral entre mujeres y hombres, y el diseño de estrategias para el primer empleo en los jóvenes y para posibilitar el acceso al empleo formal de personas mayores antes de alcanzar su edad de jubilación”. Se plantearon 12 acciones medibles y concretas, sin embargo, no todas estas quedaron explícitamente como metas sectoriales o programas, así las cosas, en la plataforma de seguimiento al PDD, denominada SEGPLAN, no se puede hacer un rastreo a la integralidad del cumplimiento del artículo en mención, por lo tanto, se hace necesario facilitar el acceso público a la información para que la ciudadanía pueda realizar un seguimiento adecuado.
En cuanto a la acción que tiene que ver con la generación de empleo para al menos 200.000 personas con enfoque de género, territorial y diferencial, revisada durante el debate notamos que este programa tiene una destinación de cerca de $230 mil millones de pesos para el cuatrienio, pretendiendo atender a una población vulnerable que sufrió fuertes consecuencias durante la pandemia. Sin embargo, de SEGPLAN, a corte 31 de diciembre de 2022, hay elementos preocupantes en su cumplimiento, mientras la ejecución presupuestal va en más del 75% representando $172 mil millones de pesos, la ejecución física, es decir, el cumplimiento real de los objetivos del programa iba en menos del 37%, lo que implica que, a menos de año de culminar esta administración, en pleno año electoral y con ley de garantías, se deben generar más de 125.000 empleos. Situación que preocupa y denunciamos, ya que dado el contexto puede presentarse una posible politización en la creación de empleos enfocados a garantizar fines electorales.
Situación similar ocurre con el programa para desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico en al menos 72.900 emprendedores con micro y pequeñas empresas formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia. Este programa con una destinación presupuestal de más de $34.000 millones de pesos, a la fecha lleva tan solo un avance del 55%. Imposible no cuestionarnos si alcanzaremos a cumplir con los objetivos. Lo que se repite con las otras metas, es decir, se ejecuta la plata, pero no se cumplen las mismas. Sumado, están los incumplimientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá en torno al acuerdo laboral que suscribió en el año 2022, el cual iba de la mano con el actual PDD, y la necesidad de un empleo incluyente, decente y digno como eje central de los planteamientos de las diferentes organizaciones de trabajadores, que también ha venido desconociendo de manera sistemática.
Igualmente, revisamos algunos de los compromisos que asumió el Distrito para avanzar en el desarrollo de una política de empleo joven con base en el Decreto Nacional 2365 de 2019 encaminado a facilitar el ingreso de profesionales menores de 28 años a las entidades del Estado. Al respecto, nos presentan un listado de personas en el rango de edad vinculadas con decretos que no se relacionan con los acuerdos tal y como se suscribieron. Es decir, el Distrito no está interesado en desarrollar acciones que generen oportunidades de empleo para la población joven, pues si bien se saluda la intención de algunas entidades de facilitar la vinculación de personas jóvenes profesionales, esta medida no se hace en cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones sindicales o como lo estipula el artículo 61 del PDD ni de manera generalizada.
Además, no se desarrollan medidas para favorecer y promover la vinculación al empleo público en el Distrito para las mujeres jefas de hogar, con la expedición de directrices o lineamientos para garantizar la vinculación de la ciudadanía con enfoque diferencial, de género, personas en condición de discapacidad, población afrodescendiente, raizal o indígena, entre otras, así como para la generación de espacios y ambientes laborales diversos e incluyentes. Lo que el acuerdo colectivo buscaba era la creación de acciones afirmativas orientadas a garantizar el empleo a la población diferencial antes mencionada. De cualquier forma, la Administración Distrital debe asegurar la igualdad material, real y efectiva, con medidas a favor de ciertas personas o grupos para reducir el efecto nocivo de las prácticas sociales que le han ubicado en condiciones de desigualdad y como respuesta a esta situación de discriminación, diseñando estrategias puntuales que no se ubican en ninguna parte de las respuestas entregadas durante el debate.
Otro tema importante que tocamos en el debate es el que tiene que ver con la problemática relacionada a las altas cifras de trabajadores y trabajadoras vinculadas por OPS, quienes pese a las prohibiciones legales realizan actividades misionales y permanentes al servicio de las diferentes entidades del Distrito. Si bien su número ha disminuido, sigue superando al de los de planta, lo que quiere decir que los contratistas representan más de la mitad del empleo público, facilitando con ello el acoso y maltrato laboral que constantemente hemos denunciado. Ni que decir de la evidenciada tercerización laboral para la ejecución de actividades propias en empresas de economía mixta o sociedades públicas, como es el caso de la ETB y la precarización para quienes desarrollan actividades a través de empresas concesionarias, puntualmente en el sistema de servicio público de transporte, todo lo que dificulta la prestación del servicio a la ciudadanía, el seguimiento por parte de los entes de control y entorpecen la asociación sindical.
Así las cosas, del debate que desarrollamos pudimos concluir que existe un incumplimiento del PDD en materia de trabajo decente y formalización laboral, como estaba contemplado en su artículo 61. No hay un cumplimiento real a los acuerdos laborales suscritos en 2022 entre el Distrito y las organizaciones sindicales, específicamente en materia de formalización y la falta de directrices o acciones afirmativas para garantizar la vinculación laboral a población diferencial, entre otros. En ese sentido, se ratifica que la Administración Distrital le incumple a la juventud en materia de vinculación laboral, que se permite y justifica la tercerización y precarización laboral y, como consecuencia, se obstaculiza el ejercicio de organización y asociación sindical.
En síntesis, podemos afirmar que las promesas del Gobierno de Claudia López en materia de trabajo digno y decente fracasaron y la precarización laboral aumentó, sin voluntad alguna de buscar una mejora en ese sentido. Por ello, se hace necesario llamar a la clase trabajadora de cara a este año electoral local para que revise las propuestas y programas que permitan avanzar como ciudad y no dejar pasar la oportunidad de un gobierno comprometido que busque materializar una mejor calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía bogotana.
