Una política integral de seguridad requiere un diagnóstico acertado del fenómeno criminal, una focalización de los recursos con los que contamos y, sobre todo, una robusta política de atención social que disuada el crimen como respuesta a la precariedad.
En las últimas semanas, y con toda la razón, el principal punto de preocupación de la ciudadanía en Bogotá ha sido la creciente inseguridad que la aqueja. Los ciudadanos se encuentran cada vez más inquietos ante el aumento de los índices delictivos y la sensación de vulnerabilidad en sus entornos cotidianos. Este tema, sin duda, se erigirá como central en la discusión del Plan de Desarrollo Distrital, que actualmente se encuentra en su fase de consulta ciudadana.
En este contexto, se hace necesario reflexionar sobre las causas subyacentes de la inseguridad en Bogotá, así como sobre las estrategias y acciones que pueden implementarse para combatirla de manera efectiva. En este artículo, presentamos algunas reflexiones sobre el tema, con el objetivo de contribuir al debate en el marco del ya mencionado proceso de planificación.
- Percepción vs. Realidad
Uno de los relatos sobre los recientes fenómenos de criminalidad es que la espectacularidad de los crímenes y su publicidad en medios de comunicación y redes sociales producen un fenómeno de zozobra generalizada pero que, en realidad, en términos de cifras la ciudad ha venido reduciendo sus índices de comisión de delitos.
Lo primero que hay que decir es que es cierto que, en buena parte de los delitos, Bogotá tiene cifras decrecientes, en particular, en cuanto al homicidio, la ciudad ha tenido un histórico comportamiento a la baja, salvo por los años 2021 y 2023. Sin embargo, esto requiere un par de comentarios: el primero, excepto los homicidios, el resto de los delitos se cuentan dentro de las estadísticas de las instituciones con base en las denuncias y, si bien Bogotá es la ciudad con más altos índices de denuncia, buena parte de la población sigue siendo reacia a surtir este trámite, algo en lo que el mismo secretario de Seguridad de Bogotá ha insistido[1].
Esta animadversión hacia la denuncia radica fundamentalmente en la poca efectividad y las altas tasas de impunidad que se reportan en el sistema judicial, no solo hay un importantísimo represamiento de casos en los despachos, sino que los portales de denuncia no están unificados y, en la mayoría de los casos, básicamente los ciudadanos deben ser fiscales y entregar todas las pruebas ya listas a las autoridades para que estas actúen. Todo lo anterior tiene como consecuencia un gran subregistro en las mediciones oficiales.
El segundo comentario es que sí hay una tendencia creciente, en lo real, de delitos que hace un buen tiempo no eran tan recurrentes en Bogotá: la extorsión y el asalto armado a locales comerciales, especialmente los abiertos al público. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente a la pandemia: al no haber gente en las calles, las prácticas delictivas mutaron y las bandas de delincuentes se dedicaron menos al hurto de oportunidad y más a amenazar gente, aprovechando la tecnología, para obtener el dinero a domicilio (extorsión) o a planear robos más contundentes aprovechando el mercado negro de armas, en las que su alquiler resulta muy barato[2].
Según la Fundación Pares, en un informe especial de reciente entrega, en 2023 la extorsión aumentó en Bogotá más que en todo el país: un 22%. Tal como se detalla en este documento: “Según las cifras de SIEDCO, las localidades con mayor número de casos reportados de extorsión en 2023 fueron Los Mártires, Usaquén, Santa Fe, Kennedy, Bosa y Suba”[3]. Así, el crecimiento de este tipo de delitos no es solo un tema de percepción, sino que es un fenómeno que se da en el mundo real, algo que el alcalde Galán ha reconocido abiertamente[4].
- La dinámica del crimen en Bogotá
Creemos que lo fundamental para diseñar una política criminal, en su dimensión de persecución de la ilegalidad, es entender cómo funciona, hay muchos debates sobre este tema, porque es muy difícil hacer “trabajo de campo” o experimentos para entenderlo, pero lo más probable es que se acerque a un fenómeno como el siguiente:
Tenemos, en primera instancia, presencia de empresas multinacionales del crimen (algunas catalogadas como GAOS -Grupos Armados Organizados-), en particular, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que actualmente se disputan el control de las grandes rentas criminales en 9 localidades de Bogotá, a estas las llamaremos organizaciones “de primer nivel”. Como se mencionó antes, la “presencia” de estas organizaciones en Bogotá es un tema de álgidas discusiones porque es difícil caracterizar lo que se entiende por este vocablo, ¿implica control territorial?, ¿beneficio de las rentas criminales?, ¿presencia permanente o esporádica de sus agentes en la ciudad?, por ahora, asumiremos la hipótesis de un beneficio y control permanente -aunque indirecto- de las rentas criminales y la presencia de agentes de rango medio en la ciudad.
Así, una de las evidencias de este fenómeno es la reciente publicación de la Alerta Temprana 04 de 2024 por parte de la Defensoría del Pueblo[5]. Ya se había alertado en 2019 sobre la presencia de estas organizaciones en las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, que ahora se extiende a Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, con acciones como amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres (esto negado por el Distrito), desapariciones forzadas y extorsiones.
En los siguientes niveles, en cuanto a su existencia y dinámica, hay mucho menos debate, pero el problema es confundir este segundo nivel con el anterior, es decir, la existencia de bandas organizadas cuyo alcance es distrital, a veces regional, con las de alcance nacional o transnacional. Las primeras son lo que se ha denominado bandas multicrimen: grupos con alta capacidad de organización y control sobre varias rentas criminales, en ocasiones, con control territorial en lugares específicos como El Amparo (Kennedy), Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar) o el sector de Tibabuyes (Suba).
Aquí es donde encontramos los nombres más conocidos: Satanás, los Niches, los Paisas, Morfeo (llamada así por la policía), los Coletos, los Camilos, etc. En Bogotá, las autoridades han identificado 108 Grupos de Delincuencia Organizados (GDOS), de los cuales 11 son este tipo de organizaciones de “segundo nivel”. Por demás, su desarticulación real es todo un reto, porque una vez capturados los cabecillas, pasan dos cosas: (1) los capturados siguen delinquiendo desde las cárceles y (2) se generan disputas por la sucesión en el liderazgo del grupo, lo que intensifica los ciclos de violencia y hace muy difícil su “desarticulación”.
En un tercer nivel, están pequeñas bandas de crimen común: ladrones, fleteros, etc., los niveles más básicos de quienes se dedican al mundo criminal (son la mano de obra básica, la más prescindible, y, por regla general, compuesta de los sectores más vulnerables de la sociedad), que operan a una escala muy local (no distrital) y que actúan de maneras muy variadas: en ocasiones, se asocian con las bandas de segundo nivel para delinquir bajo su protección, en otros casos hacen un uso “no autorizado” del branding de otras organizaciones, así, una pequeña banda de extorsionistas se hace pasar por el Tren de Aragua, por ejemplo, para causar una mayor impresión en sus víctimas o simplemente pueden operar sin ninguna “razón social” que es lo que pasa fundamentalmente con el hurto.
De nuevo, la realidad del crimen en la ciudad es un tema de constante discusión, pero lo fundamental es que, con base en la evidencia, se haga la mejor aproximación posible, solo así se puede intentar un ataque efectivo sobre el fenómeno de la criminalidad.
- Fortalecimiento de la capacidad ciudadana y apoyo institucional
Tal como lo mencionamos, la denuncia es demasiado difícil para los ciudadanos a la hora de verificar su efectividad, hay que hacer un largo seguimiento a un proceso en el que en pocas oportunidades se obtiene un resultado favorable (la condena de los responsables), incluso cuando se les captura en flagrancia.
Para paliar esto, se lanzó por parte de la Administración distrital la plataforma AIDE (Asistencia Integral a la Denuncia), el problema es que de integral no tiene mucho: es un grupo reducido de funcionarios que atienden telefónicamente de 8 a.m. a 5 p.m. y que llegan hasta la generación de un radicado de denuncia en la página de la Policía o la Fiscalía, precisamente, ese es el punto hasta donde llega la mayoría de ciudadanos, pero el problema es el impulso del proceso después de esto; normalmente lo que sucede a continuación es que la Fiscalía archiva el proceso por falta de pruebas, salvo que se haya capturado al presunto responsable y aún en este caso es difícil.
Asimismo, uno de los problemas es que hay demasiados policías en labores administrativas, lo que los aleja del patrullaje y la investigación criminal y también hay muchísimas labores asignadas a la Policía Nacional por parte del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016); hay algunos proyectos de ley que intentan resolver este lío, pero mientras tanto, habría que acudir a la ciudadanía en búsqueda de apoyo. Hasta el momento, Bogotá solo ha impulsado la creación de frentes de seguridad y redes “cuidadanas”.
- Conclusiones y propuestas
Lo primero es advertir que eliminar por completo el crimen o las rentas criminales es una absoluta imposibilidad, mucho más en una sociedad que tiene al ánimo de lucro y la precariedad de buena parte de la población como sus ejes estructurantes, sin embargo, la apuesta de una política de seguridad efectiva debería ser llevarlos a sus mínimas expresiones e impedir su ejercicio como un negocio organizado.
Así, lo primero es la prevención, que es precisamente uno de los elementos que encontramos más débiles -en una revisión preliminar- en el Plan de Desarrollo de Galán, ¿por qué es importante este aspecto? Porque quienes integran las bandas de “tercer nivel”, que son las personas más vulnerables dentro de la cadena criminal, acuden a este mundo, en su mayoría, por la imposibilidad del mercado legal de absorber la mano de obra, en donde es mucho menos probable perder la vida o terminar en la cárcel. Por lo anterior, esa imposibilidad de absorción debe ser suplida por el Estado garantizando las condiciones de vida mínimas, de tal manera que quienes se aventuren a acciones criminales, no lo hagan en búsqueda de sustento.
Pero esto es muy difícil en un gobierno que aspira a recortar gastos, principalmente de contratistas por prestación de servicios (la capa más baja del proletariado estatal), y que además propone políticas de focalización y “eficiencia” del gasto en su propuesta de atención social. Todo lo contrario, lo que debe hacerse, como política de seguridad, es apostar por la universalidad de derechos o mínimos vitales garantizados a través del gasto social del Estado, en todos sus ámbitos. Esa es la única forma eficiente de reducir los factores criminógenos: más seguridad es más Estado, no lo contrario.
Ya en términos de política criminal (la atención del crimen ya cometido), proponemos, en correspondencia con el análisis que hemos hecho, las siguientes medidas:
- Hay que reelaborar el inventario criminal de la ciudad, haciendo especial énfasis en los grados de presencia que las empresas transnacionales del crimen tienen en la ciudad, de nada nos sirve negar el fenómeno, más bien es necesario saber cómo encararlo, por ejemplo, si hay que coordinar con el Gobierno nacional en una política de sometimiento.
- Sí es necesario más pie de fuerza, la idea sería llegar al estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, pero mientras esto sucede, que es un esfuerzo en el que se ha comprometido el Gobierno nacional, hay que buscar formas para liberar policías y dedicarlos a tareas específicas de patrullaje y persecución criminal. Para ello, insistimos en fortalecer las instituciones comunitarias y civiles para la resolución de conflictos de convivencia (centros de conciliación, casas de justicia, juntas de acción comunal, comités de convivencia de propiedad horizontal, consultorios jurídicos oficiales y populares, etc.). Menos policías solucionando temas de ruido o disputas leves entre vecinos es mayor capacidad de vigilar y perseguir al crimen.
- Adicionalmente, se hace necesario modificar los entrenamientos, la capacitación y el enfoque de la persecución criminal, superar el esquema de vigilancia por cuadrantes, que es estático, por una dinámica móvil que persiga el hurto de oportunidad y los delitos más locales, concentrados sobre todo en los sistemas de transporte masivo.
En esa misma vía, es necesario especializar a la policía en tipos de delitos y organizaciones criminales, intentando no solo la captura de sus cabecillas, sino la disrupción del negocio: sabotear sus mecanismos de comunicación, perseguir el blanqueamiento de las rentas criminales y sancionar ejemplarmente sus conexiones con el Estado, en especial con la fuerza pública.
Algo de eso se ha hecho con las patrullas especializadas (Patrullas gourmet, Bicicuadrante, Microcuadrantes, Grupo antiextorsión, Grupo Gema, Megatomas, Puentes Seguros, Tramos lineales, Burbujas operacionales, Plan Frontera y Plan Arcángel), hay que modificar ligeramente esas líneas de trabajo y profundizar la estrategia.
Dicho sea de paso, como el Ejército no tiene funciones de policía judicial, militarizar la ciudad no tiene ningún impacto en el combate al crimen, más allá de alguna que otra aprehensión, y sí tiene muchos riesgos en materia de garantía de los derechos humanos.
- Es necesario intervenir el mercado negro de armas, hacer de él un objetivo específico de la persecución criminal, así como insistir en las políticas de desarme voluntario, aunque en el Concejo de Bogotá hay quienes proponen lo contrario. La idea es sacar de circulación tantas armas como sea posible, de manera que no sean la herramienta recurrente de los crímenes, usualmente con resultados fatales.
- Fortalecer el acompañamiento estatal a la denuncia ciudadana, pues se requieren más funcionarios, que atiendan 24/7 y que hagan un seguimiento e impulso de los procesos penales más allá de la denuncia, en particular, facilitando el acceso a las pruebas en las cámaras de seguridad conectadas con el C4, o gestionando los registros ante las que son de entes privados.
- Fortalecer vigorosamente la línea 123, de manera que se ponga a tono con los avances contemporáneos de la tecnología en cuanto a la atención de emergencias y se viabilice, de esta manera, una respuesta inmediata de la fuerza pública, que uno de los factores que normalmente falla.
Estos, y otros temas, serán en los que insistiremos en el debate del Plan de Desarrollo, esperamos que haya una administración presta a escuchar y a modificar lo necesario, tanto en las instancias de consulta ciudadana como en el Concejo de Bogotá. Eso sería construir una apuesta colectiva de seguridad que, hasta ahora, no hemos tenido.
