Llegó marzo y con este mes el reflejo de la crisis del sector de gas en las facturas del servicio público con un aumento mensual en las tarifas, entre el 5,2% hasta el 36% en diferentes regiones del país, que empezó a regir en febrero pasado y que hoy afecta el bolsillo de cerca 3,6 millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Esta situación lejana de ser sorpresiva, es la consecuencia más cercana de factores como la importación de gas que, pese a ser más costoso que el local, es la inevitable “salida” para cubrir la demanda interna, tras el desabastecimiento por el que atraviesa Colombia, alerta que ya había hecho en octubre de 2024 el Gestor del Mercado de Gas Natural de la Bolsa Mercantil en la que señalaba un faltante para este año cerca al 5% en la demanda nacional.
Gran parte del riesgo energético en el que se encuentra la nación se debe a la falta de inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos, más los obstáculos regulatorios de licencias y permisos, sumado a toda la política anti-fracking del Gobierno Nacional. Otra de las razones que influye en esta alza es el incremento del valor del transporte, teniendo en cuenta que el gas que se suministra al interior del país tiene sus fuentes en la Costa Caribe.
¿Qué consecuencias trae el aumento de las tarifas del servicio de gas?
Aunque esta noticia ya es una desafortunada e indefinida realidad para los usuarios de 12 departamentos entre los que se encuentran Caldas, Norte de Santander, Boyacá, Magdalena, Bogotá, entre otros, es importante decir que trae serias repercusiones como la inflación en la economía y un aumento en el costo de vida.
Como un ‘efecto inflamable’, impacta a los hogares que usan este servicio diariamente en la preparación de alimentos, especialmente a los de bajos recursos. Alcanza además, a los pequeños negocios y las grandes industrias de sectores como el energético, manufacturero y agroindustrial que disponen de este recurso como insumo clave, obligándolos a implementar estrategias que no comprometan de manera significativa los costos de producción y por ende sus finanzas.
Algunos deben optar por aumentar los precios de los bienes y servicios, ofrecer productos que den mejor rentabilidad o buscar alternativas que no requieran emplear gas, como los hornos eléctricos (para el caso de las panaderías o restaurantes), entre múltiples medidas para sortear este panorama que, como un efecto dominó, también afecta a los consumidores finales.
La autosuficiencia de gas natural durante 45 años con la que contaba el país, gracias a sus reservas naturales y su estable producción, en la actualidad se desploma como la falta de acciones que la garanticen a mediano y largo plazo. Es claro que no se logra de un día para otro, que implica estudios y procesos que pueden tomar incluso años, sin embargo, las medidas que no se empleen en este momento pueden traer a partir de 2026 faltantes de este fluido que llegarían hasta un 40% de la demanda total del mercado, así como un aumento progresivo y descontrolado en los precios; la excusa de algunas comercializadoras de gas no puede sustentarse en que este servicio público domiciliario es el más económico, a pesar del reciente incremento en las facturas.
¿Qué medidas se deben implementar para enfrentar esta crisis?
Para restaurar la independencia energética se necesitan políticas que reactiven e impulsen la exploración de yacimientos y el desarrollo de nuevas fuentes por parte de empresas como Ecopetrol. Por supuesto que en este aspecto es importante que el Gobierno Nacional sea más flexible en su extrema política ambientalista, pues su respuesta no puede limitarse solo a que el servicio “está garantizado” en todo el territorio nacional y ordenarle a la compañía estatal a que le compre gas ahora a Catar a precios más “razonables”, para acabar con el monopolio de la importación y la especulación de los agentes del mercado energético frente al costo de este fluido.
Precisamente en estos temas es urgente implementar una regulación del mercado que establezca tarifas justas para los consumidores, pues aunque empresas como Vanti, EPM y Gases del Caribe expliquen que su decisión “temporal” de aumentarlas se fundamenta en el incremento de los valores de transporte y distribución, es indispensable que los entes de control como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Energías y Gas- CREG, las vigile y monitoree para proteger los derechos de los usuarios.
Por último, es necesario que se revisen los costos de la energía eléctrica en el país, los cuales de la misma manera van en aumento en el “Gobierno del cambio”, debido a que los precios del gas importado también influyen a la hora de establecer los valores de electricidad que terminan afectando por doble partida los servicios públicos que pagan los colombianos, en especial a los hogares de la Costa Caribe.
Estamos en un momento crucial para Colombia, no permitamos que hayan más ‘fugas de gas’, es hora de defender la soberanía y la seguridad energética de nuestra nación con reservas de fluido propias que sean sostenibles como se ha hecho históricamente. ¡Pasemos de esta alerta de llama roja a la azul!
