ACARICIANDO LA PAZ
Ha dicho el Jefe negociador del Gobierno en la Mesa de La habana Humberto de la Calle, luego de la firma de todos los protocolos sobre cese al fuego bilateral y definitivo, amén de la dejación de armas por parte de las FARC, que “el fin del conflicto está cada día más cerca. Estamos ante una posibilidad real de pasar la página de la violencia”. La guerra, con su carga de muerte y desolación, va quedando atrás para los anales de la historia. Ya el pasado 23 de junio se había firmado el Acuerdo entre las partes y posteriormente se firmó el Acuerdo final el 24 de agosto, que ahora empieza a tomar forma, al quedar establecidas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) con miras a la dejación de armas. Por su parte ya el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas puso en marcha la integración del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de dicho proceso.
Este es el principio del fin del conflicto armado con las FARC y de la desaparición de estas como fuerza insurgente de la faz de Colombia. Se ha recorrido un largo y tortuoso trecho para llegar a este momento histórico, desde que se instaló la Mesa de negociaciones en La Habana en agosto de 2012. Son muchas las vidas que se han salvado por cuenta del proceso de las negociaciones en marcha. Según el Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Camilo González, “el proceso de paz nos ha ahorrado 100.000 desplazados y 2.000 muertos, aproximadamente, en estos dos años y eso está asociado a las negociaciones de paz”. En gran medida ello es un reflejo del Alto al fuego unilateral e indefinido ordenado por las FARC a sus huestes el 17 de diciembre de 2014. Esta es la cuota inicial del proceso de paz. Lo dice paladinamente El Eclesiastés “todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora…tiempo de guerra y tiempo de paz”. Pues ha llegado el tiempo de la paz y estamos empezando a acariciarla!
ACUERDOS Y DESACUERDOS
Una vez firmado el Acuerdo final viene lo más complejo, que es su cumplimiento e implementación. Pero no han faltado los cuestionamientos de los acuerdos. Es claro que desde un primer momento de la negociación el Presidente Santos dejó sentado que ni el Estado Social de Derecho ni el Modelo económico eran negociables, ambos están a salvo en los acuerdos como inamovibles. Sin embargo, se dice por parte del Presidente de FEDEGAN José Felix Lafaurie, para cuestionarlos, que “se terminó negociando el Estado de derecho”, sin darse el trabajo de mostrar alguna evidencia de su aserto. Fue más lejos al sostener, sin fundamento alguno, que “el derecho a la propiedad de la tierra está en riesgo”.
Por su parte el ex presidente Andrés Pastrana, en una de sus diatribas contra el proceso de las negociaciones y los acuerdos alcanzados, los califica como un “golpe de Estado contra el orden constitucional”. Cabe preguntarse si se puede denominar como un “golpe de Estado” a un Acuerdo final que después de firmarse deberá ser refrendado a través de un Plebiscito y sólo después de aprobado a través de éste, es cuando el Congreso de la República podrá incorporarlo al ordenamiento jurídico mediante la expedición de la Ley respectiva, la cual estará sujeta al control previo constitucional por parte de la Corte y sólo entonces podrá ser sancionada. Los negociadores de las FARC, por su parte y a su manera también buscarán la refrendación de sus bases y para ello están convocando su décima y última Conferencia.
No hay que perder de vista que en la Mesa de La Habana han estado sentadas dos partes y que de lo que se trata es de una negociación, no de una rendición o capitulación por parte de las FARC. Por ello, cuando el Presidente de FEDEGAN afirma que este es “un proceso que nunca ha debido superar las condiciones de reinserción de las FARC”, está, como diría el escritor mexicano Octavio Paz, “a las afueras de la realidad”. Aquí si que cabe el adagio popular en el sentido que es preferible un mal arreglo que un buen pleito, que lo mejor es enemigo de lo bueno.
El escaso conocimiento del contenido de los acuerdos alcanzados ha dado pábulo para la especulación, para la propalación de verdades a medias y hasta para hacer tremendismo. Sostiene el ex presidente Uribe, sin pestañear siquiera, que votar por el sí el Plebiscito “es aprobar el Gobierno de Santos, que es la cuota inicial de futuros gobiernos de las FARC…Someterán a las fuerzas armadas al tribunal de las FARC y obligar a reconocer delitos no cometidos para evitar cárcel”. Nada de ello es cierto; pero es que, además se alega que “las FARC han anticipado que serán enclaves socialistas” y con ellos se daría el advenimiento del fantasmagórico “castro-chavismo”, que lo han convertido en el coco para asustar a los colombianos. Pero, es que las FARC podrán decir hasta misa y allá el que se la oiga; en últimas lo que cuenta es lo que quede escrito en el papel y no sus arengas para la galería. Como dice Serrat, “anunciando apocalipsis van de salvadores…manipulan nuestros sueños y nuestros temores”.
A PROPÓSITO DEL PLEBISCITO
Es bien sabido que el Presidente Santos no estaba obligado a refrendar los acuerdos de La Habana, porque está investido de las facultades que le da la Carta para suscribirlos, pero se comprometió hace dos años a hacerlo con el ánimo de legitimarlos a través del voto popular. Y se optó por el Plebiscito, a través de la Ley estatutaria aprobada por el Congreso de la República en diciembre pasado a iniciativa del ejecutivo para su convocatoria, la que posteriormente fue declarada exequible por parte de la Corte Constitucional. Es de anotar que las FARC que venían empecinadas en la convocatoria, más bien, de una Asamblea Constituyente por considerar que el Plebiscito como “un error político y jurídico”, terminaron acogiéndose a la iniciativa oficial. Y, lo que es más importante, los negociadores de las FARC hicieron una manifestación expresa, antes del pronunciamiento de la Corte, que ellos se acogían al fallo que esta profiriera, con lo cual se hacía un tácito reconocimiento a la institucionalidad contra la que se habían levantado en armas hace 52 años.
La Corte Constitucional en su fallo que le dio vía libre al Plebiscito fue más lejos que las intenciones del Presidente Santos al dejar establecido que el mismo tendrá un efecto vinculante para el Presidente de la República, no así para las otras ramas del poder. Pero, igualmente, si es negado las negociaciones con las FARC quedan en el limbo, todo se retrotrae al punto inicial de las mismas y se habrán perdido estos 4 años transcurridos desde el 26 de agosto del 2012, que fue cuando se firmó el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Se infiere de ello que si es aprobado, al día siguiente el Presidente podrá activar el Acto legislativo para la paz que fue aprobado por el Congreso, a través del cual se le otorgaron facultades pro tempore y acotadas para expedir decretos con fuerza de Ley al Presidente de la República. A su vez se abreviaron los pasos a seguir en el trámite de los proyectos de actos legislativos que presente el Presidente de la República para dar cumplimiento al Acuerdo Final y proceder a la implementación de los mismos. Dejó en claro la Corte que su aprobación no comporta la incorporación automática de los acuerdos de paz a la Constitución Política o al ordenamiento jurídico del país. De esta manera se disiparon las más acerbas críticas que se le habían formulado al Plebiscito, al darle el carácter de Especial al Acuerdo Final, en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949 que lo permitía.
Estamos en vísperas de la convocatoria de un Plebiscito especial, a través del cual se refrendará el Acuerdo final, que se firmará al cierre de las negociaciones en La Habana entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC. El Centro Democrático se vino lanza en ristre contra la convocatoria del Plebiscito, al que calificaron repetidamente como “ilegítimo, así la Corte lo haya declarado constitucional”, después que se habían declarado en “resistencia civil” contra los acuerdos. Según el ex presidente Uribe, “el peligro real es la aprobación de un Acuerdo entre el Gobierno y las FARC que da total impunidad y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces del grupo terrorista”. En ello se pone de acuerdo con el ex presidente Andrés Pastrana, quien luego de calificar de “espurio” el Plebiscito espetó que el Acuerdo con las FARC “prescinde de impartir justicia y avala el narcotráfico”.
“Este Acuerdo no proporciona impunidad”, afirma tajantemente Bernie Aronson, Delegado de los EEUU y afirma sin titubeos que “el Tribunal especial que se creará y que ya se pusieron de acuerdo FARC y Gobierno para su integración, a la que serán ajenas las partes contendientes (para juzgar crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos) es un nuevo desarrollo en el área de la resolución de conflictos”. Nos recuerda, además, el Cardenal Monseñor Luis Augusto Castro que “es una realidad internacional: 86 conflictos se han resuelto en el mundo teniendo como base la Justicia transicional. Entonces, aceptémosla, que es el medio que nos ayudará en el transito de la guerra a la paz. No lo lograríamos de otra manera”. Es de anotar que la Justicia transicional prevista en los acuerdos no es un invento de este Gobierno, está consagrada en la Constitución Política desde 1991 en su artículo 66, adicionado posteriormente mediante el Acto legislativo 01 de 2012 y lo dice enfáticamente, “en el marco del artículo 22” de la Carta. Uno de los caballitos de batalla del Centro Democrático al Acuerdo final firmado es el de la impunidad y presagiaban la intervención de la Corte Penal Internacional para que no se consumara; ahora con su pronunciamiento, dándole un espaldarazo a la Justicia transicional pactada han quedado colgando de la brocha.
Como lo dice Vivian Newman, Subdirectora de Dejusticia y columnista de El Espectador, que en Colombia, contrariamente a lo que se propala, los integrantes de la guerrilla de las FARC, según lo acordado, “no quedan libres como en Sudáfrica. Y sigo con las sanciones propuestas: propias, alternativas y ordinarias. Las primeras restringen efectivamente la libertad, de dos a ocho años, a quien desde el principio diga la verdad y reconozca responsabilidad. Las alternativas suponen cárcel por los mismos dos a ocho años para quienes sólo más adelante en el proceso reconozcan verdad y responsabilidad. Por último, las sanciones ordinarias se imponen a quienes no acepten responsabilidad y conllevan cárcel de 15 a 20 años”. Así de claro!
Lo ha dicho y lo ha repetido el Jefe del Equipo negociador de parte del Estado colombiano, “los delitos más graves serán sancionados por la Justicia transicional”. Y añadió, “la Jurisdicción especial es una adición transitoria y transicional para terminar un conflicto. Esa adición no modifica la estructura de la Constitución”. Con razón ha dicho el ex ministro de Justicia y promotor de la séptima papeleta que le dio vida a la Constituyente, refiriéndose a la Justicia transicional, que “la Justicia restaurativa es uno de los peores sistemas de Justicia, excepción hecha de todos los demás”. Desde luego que además de la Justicia que se imparta debe de haber verdad y reparación, porque las víctimas tienen que estar en el centro, pues como lo afirma el ex juez español Baltazar Garzón, “la actuación de todos los mecanismos tienen que ser pro-víctima; si ello no es así se quiebra todo el sistema y se produce una re-victimización”.
La Paz a alcanzar también pasa por el perdón y la reconciliación. A propósito del perdón, esto dijo Desmon Tutu, primer negro en ser elegido y ordenado Arzobispo anglicano y gran luchador contra el Apartheid: “ellos no merecen nuestro perdón, pero nosotros merecemos perdonarlos”, refiriéndose a quienes oprimieron y sojuzgaron a los negros en su propio territorio ancestral, una minoría blanca y opresora que cometió los más horrendos crímenes y vejámenes contra su pueblo. Sus palabras de saludo a la iniciación del proceso de La Habana no pudieron ser más elocuentes: “reconciliarse con los antiguos enemigos es muy duro. Ser magnánimo, pese a los amargos recuerdos, es extremadamente difícil”, pero no imposible. Y fue todavía más rotundo el Papa Francisco en su más reciente pronunciamiento cuando dijo que “el mundo necesita perdón. Demasiadas personas viven encerradas en el rencor e incuban el odio”. En las actuales circunstancias estas palabras le vienen a Colombia y a los colombianos como anillo al dedo.
La verdad sea dicha, la oposición del Centro Democrático no es propiamente a lo negociado sino a la propia negociación con las FARC, que nunca compartieron por considerar que en Colombia no había un conflicto armado sino una amenaza terrorista y con el terrorismo no hay nada que negociar. La impunidad y la elegibidad de los guerrilleros son sólo la hoja de parra para cubrir pudorosamente las verdaderas razones ideológicas que les asiste para sabotear este proceso que nos habrá de conducir a la paz. El ex presidente Álvaro Uribe, que ha sostenido que “el Estado de opinión es la fase superior del Estado de Derecho”, ahora le importa un bledo la opinión de los colombianos, pues ha anunciado que si se impone el sí en el Plebiscito el Centro Democrático no acatará el resultado y se alzará contra el mismo. Se está poniendo la venda antes de la herida. Mal perdedor!
Barranquilla, septiembre 3 de 2016
www.fnd.org.co
