Sin importar si usted tiene una opinión favorable o no de este Gobierno, es innegable que la firma del Acuerdo de Paz es el logro político más importante de los últimos años en Colombia. No en vano recibió todo el apoyo de la comunidad internacional, fue el tema que definió las elecciones presidenciales de 2014 y la política principal del mandato de Juan Manuel Santos, al punto de poner en juego todo su capital político y su imagen con el fin de terminar un conflicto de más de 50 años sin otra solución viable. Así que este era –quizás– el único punto en el que el Gobierno no se podía permitir fracasar.
Sin embargo, la implementación de la paz ha estado marcada por un error tras otro, como si se tratara de un asunto para el que el Gobierno no estaba preparado y la mejor solución fuera la improvisación sobre la marcha.
La primera falla se evidenció durante el fast track. Si bien el primer proyecto –que trataba sobre amnistía e indulto– se tramitó en tiempo récord, el paquete legislativo del que siempre se habló nunca llegó a tiempo al Congreso y fue necesario prorrogar este trámite especial. Pero el verdadero problema es que al final, de las iniciativas que se debían tramitar, unas ni siquiera se presentaron y 7 nunca se aprobaron, en parte porque el Gobierno dejó perder sus mayorías en el Congreso y no fue capaz de mantener unidos a los partidos alrededor de este tema, así como quedó evidenciado con las fallidas 16 curules para las víctimas. Entonces, ¿cómo se pensaba cumplir con un acuerdo que desde el primer momento quedó a medias?
Y como si esto fuera poco, hace un mes conocimos los enredos y la poca eficiencia en la ejecución del Fondo Colombia en Paz. Y otra vez, no estamos ante un problema menor. Se trata del incumplimiento en el manejo y la ejecución de los recursos entregados por los donantes internacionales, los cuales debían ser destinados a la puesta en marcha de proyectos productivos y otros compromisos asumidos con las víctimas, los reinsertados, la Agencia Nacional de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz.
A pesar de que estamos a pocas semanas de ser testigos de la primera elección que no va a ser definida por las Farc como grupo armado, el próximo presidente tendrá el reto de solucionar semejante cadena de errores y evitar el surgimiento de nuevos focos de conflicto.
En la baraja de candidatos, Vargas, Petro, Fajardo y De la Calle han asegurado estar de acuerdo con el proceso de La Habana y estar dispuestos a garantizar la continuidad de su implementación –que en el caso de Vargas, incluso, quedó consignado en el acuerdo programático que firmó con el Partido de la U–; y, por el contrario Duque ha señalado que si bien “no se trata de destruir o hacer trizas los acuerdos” –como pregonaron miembros de su partido–, “sí se trata de hacerles modificaciones importantes”.
Es necesario reconocer que gracias a este proceso se han salvado miles de vidas, pero este año la implementación de la paz no nos ha dado ninguna otra buena noticia. Este tema merece una amplia discusión nacional. No es posible que las Farc estén cumpliendo con lo pactado y a la espera de la implementación, mientras que el Gobierno continúa improvisando y dando la sensación de que el proceso se hizo para desarmarlos, disgregarlos, dispersarlos y después traicionarlos.
