La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) parece ahogada en un vaso con agua frente a las decisiones ejemplarizantes a cuestionados contratistas del cuatrienio de Samuel Moreno que aspiran, pese a sus falencias técnicas y éticas, a seguir devorando el erario distrital. De seguir así, terminará favoreciendo la victoriosa estrategia de los Moreno.
El vaso de agua contractual en el que la EAAB se hunde: invitación pública No. ICSM-673-2011 cuyo objeto es “construcción de las obras de rehabilitación del tramo 1 de la tubería pccp de 78” Tibitoc-Casablanca
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) poco ha avanzado desde nuestra denuncia sobre la presencia del cuestionado Orlando Fajardo en un proceso contractual en curso del cual depende el suministro del 30% del agua para Bogotá.
Según la Contraloría, Orlando Fajardo Castillo pertenece a un grupo que ha copado más del 90% de la contratación de la EAAB, equivalentes a $252.000 millones, particularmente dentro de la era del exalcalde Samuel Moreno. Dicha entidad se halla en el ojo del huracán. A comienzos de este año ya le adjudicó a Fajardo Castillo el primer contrato por cerca de $5.000 millones, donde en franca colusión participaron dos firmas de su mismo grupo empresarial: por un lado, Consorcio Jarillones 2012, integrado por su “socio” Luis Gabriel Nieto García, el hermano de su socio José Jairo Nieto García, y Daimar Construcciones Ltda; y la propuesta de Fajardo, Consorcio Jarillones Bogotá, de otra; de la cual hacían parte el mismo Orlando Fajardo Castillo y Luis Miguel Urrego Hernández.
Como si fuera poco, Orlando Fajardo está actualmente ad portas de ganarse en esta misma entidad un contrato por más de $25.000 millones de una manera muy peculiar: primero, a través del Consorcio Acciona Fajardo, integrado por el mismo Orlando Fajardo Castillo y la firma Acciona Infraestructura S.A Sucursal Colombia. En segundo lugar, y lo que es peor, al mejor estilo del cartel de la contratación cuyo fantasma ya creíamos superado en la actual administración, esto es, sin contar con la idoneidad técnica.
A fines del año pasado la administración de Clara López descalificó dicho consorcio, dejando ese contrato en manos de la nueva administración, que en lugar de enderezar el proceso –necesario para conjurar los estragos de la ola invernal– revocó la decisión anterior y habilitó a Fajardo, dejándolo ad portas de ganarse un contrato, como ya dijimos, por $25.000 millones de pesos, en clara transgresión de los principios de transparencia y selección objetiva.
¿Será que detrás de esto está Pino Ricci, el abogado mencionado tantas veces con relación al cartel de la contratación? ¿Será que Pino Ricci está o sigue asesorando a esta entidad en este proceso contractual o a alguna de sus entidades partícipes? Y más aún ¿Será que la entidad EAAB se atreverá a desafiar los estándares de transparencia que demanda la ciudad y el país?
La estrategia de los Moreno y Álvaro Dávila
Nuestra aproximación al cartel de la contratación nos permite inferir que mediante la invalidación del preacuerdo firmado por la fiscal Martha Lucía Zamora con los Nule, se pretendería impedir –o cuando menos torpedear la posibilidad– que estos declararan contra aquellos así como contra Emilio Tapia y Julio Gómez entre otros. Es decir, sepultar con entierro de tercera el cartel de la contratación. Llama la atención cómo la supuesta “colaboración” de Julio Gómez apuntaría a señalar a Inocencio Meléndez como único responsable de la catástrofe del IDU, debilitando los testigos de cargo contra el exalcalde Samuel Moreno. Por otro lado, exfuncionarios del IDU como María Teresa Cantini –exasesora jurídica del IDU, y según fuimos informados meses después fue asesora en la oficina jurídica de la Casa de Nariño en la actual administración del Presidente Santos– son vinculados con delitos excarcelables, en una especie de velada compra de su silencio. Finalmente, es de destacar cómo la política criminal frente al cartel de la contratación enfrenta serias paradojas que dan cuenta cómo quienes –mal que bien– entran a colaborar con la justicia léase Inocencio Meléndez, Germán Olano, y los propios Nule se hallan privados de la libertad, desafortunadamente no ocurre lo mismo con quienes han rehusado cooperar mostrándose aún más desafiantes como Julio Gómez, Emilio Tapia, Álvaro Dávila, Eduardo Montenegro, Néstor Eugenio Ramírez, e incluso la misma María Clemencia Cantini, entre mucho otros. ¿Por qué no aplicarles a todos el mismo rasero?
