Cuando el Senado concluya su juicio al presidente Donald Trump, deberá entrar en receso hasta el próximo enero, y la Cámara de Representantes, también. Los legisladores no deben aprobar legislaciones, considerar nominaciones ni tomar ninguna decisión importante: este es un año de elecciones y los votantes pronto darán su opinión sobre la dirección que deberá tomar Estados Unidos. Los problemas del país deben esperar a esa decisión, para evitar que los miembros del Congreso digan lo contrario.
¿Se trata de una propuesta absurda? Claro. Sin embargo, va de acuerdo con uno de los argumentos preferidos contra la culpabilidad y la destitución de Trump y es una extrapolación de ello. Sus partidarios republicanos dicen que los legisladores no deberían hablar por los votantes acerca de un asunto tan trascendental. Anticiparse al veredicto en las urnas, afirman, es quebrantar la voluntad del pueblo.
Buen intento. Se elige a los legisladores específicamente para que representen a los votantes en asuntos primordiales. Ese es el sistema y ese es su trabajo. El gobierno de Estados Unidos no funciona por encuestas diarias, por hora o por asunto (al menos no de manera abierta). El Congreso no tiene más poder de manera exponencial una semana después del día de las votaciones del que tiene un año después (pese a que, de hecho, tal vez tenga más capital político).
Además, los legisladores no deben someterse a sus electores a cada paso. Esos electores esperan que, a lo largo de su periodo legislativo, ellos usen su criterio como representantes mejor informados para representar a la gente. Lo mismo hace la Constitución, la cual conformó a Estados Unidos como una democracia representativa, no directa. Se espera que nuestros legisladores dirijan y también cumplan, sean responsables hacia el sentir de la población pero que esta no los hipnotice ni los paralice. Eso tiene todavía más relevancia cuando hay mucho en juego que cuando hay poco.
Los republicanos han decidido hacerlo de otro modo. Si eso nos parece conocido, es porque lo hicieron de la misma forma cuando murió el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, el entonces presidente Barack Obama nominó a Merrick Garland para remplazarlo y el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell declaró que con unas elecciones presidenciales a ocho meses de distancia, el Senado no podía aprobar nada. No fue una decisión de principios, sino de conveniencia política. Ahora estamos en la misma situación.
“Hay que devolverle el poder al pueblo”, suplicó hace algunos meses el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en un argumento en contra del juicio político. Al referirse a la transgresión del presidente y a las elecciones de noviembre de 2020, McConnell dijo: “Si el pueblo estadounidense cree que este es un episodio muy significativo, puede tomarlo en consideración”. El senador Lindsey Graham también opinó: “En verdad creo que la mejor persona —o grupo de personas— para elegir a un presidente son los votantes, no un montón de políticos partidistas”. Pat Cipollone, uno de los abogados del presidente añadió: “Nadie pensó nunca que fuera una buena idea para nuestro país (para nuestros hijos y para nuestros nietos) tratar de quitar a un presidente de las boletas, negarle a los estadounidenses el derecho a votar”.
¿Nadie de verdad? ¿Y qué me dicen de los autores de la Constitución, quienes crearon el proceso de destitución para hacer precisamente eso y se rehusaron a añadir algún asterisco sobre la inminencia de las siguientes elecciones? “Si los constituyentes hubieran pensado que el juicio político en un año de elecciones era una mala idea, hubieran planteado las cosas de manera diferente”, observó Jill Lepore, profesora de Historia en la Universidad de Harvard y autora del libro de 2018 “These Truths: A History of the United States” (Estas verdades: una historia de Estados Unidos).
“Hubieran podido instituir, por ejemplo, un mecanismo para unas elecciones provisionales”, me dijo Lepore. “Pero no lo hicieron. Hubieran podido decir: ‘Excepto en un año de elecciones’. No lo hicieron. ¿No quieren que nunca se permita un juicio político en un año de elecciones? Se tiene que ratificar una enmienda constitucional”. Y eso nunca sucederá debido a que sería una licencia para que el presidente hiciera todo lo que quisiera, sin temor alguno, si solo coincidiera con el calendario.
De hecho, los autores de la Constitución querían un gobierno que no fuera demasiado sensible a los electores, que arbitrara los caprichos y los prejuicios de los votantes a través de representantes que supuestamente tuvieran una perspectiva más amplia y templada. El periodo de seis años de los senadores es una manifestación de eso. Como me dijo Alison LaCroix, profesora de Derecho Constitucional e Historia de Estados Unidos en la Universidad de Chicago, “Se supone que el Senado tiene un poco más de poder de deliberación y tal vez está un poco menos en deuda con la población”. Cuando los senadores dicen que deben dejar que la gente decida algún asunto, probablemente están violando el principio de la cámara.
LaCroix hizo otra observación excelente: lo que está sucediendo con Trump no es que los votantes no participen en el proceso, sino más bien que se debe tomar en consideración lo que estos hicieron en fechas recientes. “Solo se vota en favor de un juicio político cuando la gente ha cambiado de opinión”, señaló en referencia a su opinión sobre un presidente en funciones. “Las votaciones vienen de la Cámara de Representantes, y sabemos, por cosas como las elecciones intermedias, que cierto número de personas han cambiado de opinión”, Otro partido ha obtenido el control de la cámara. Eso necesariamente nos está diciendo algo”.
De acuerdo, ese cambio en la mayoría de la Cámara Baja no fue un referendo por la interacción de Trump con Ucrania, algo que fue el motivo de su proceso de destitución y aún no había salido a la luz. Sin embargo, desde luego, en parte fue un referendo por su comportamiento y su carácter. Los legisladores que ahora están evaluando y tomando medidas sobre lo peor de ese comportamiento y carácter difícilmente están dejando de escuchar a los votantes.
Si los líderes republicanos estuvieran en verdad tan dedicados a un gobierno que no discrepara de los deseos de los electores, habría más que pusieran en duda al Colegio Electoral. Gracias a este sistema, el país tiene un presidente, Trump, que obtuvo aproximadamente tres millones de votos menos que su oponente. Gracias a él, George W. Bush ganó las elecciones presidenciales del año 2000 pese a ser la opción de menos estadounidenses que Al Gore. Sin embargo, tanto Trump como Bush son republicanos. Así que está bien si el sistema y la opinión de los electores no están perfectamente alineados.
De manera parecida, a los republicanos —y también a los demócratas— les gusta criticar a sus oponentes al decir que están demasiado comprometidos con las encuestas. La consecuencia es que los funcionarios electos deben defender sus propias convicciones y no delegar la decisión a los electores. Decir que solo los votantes deben decidir el destino de Trump es precisamente hacer eso. Y, desde luego, la encuesta más grande de todas es el día de las votaciones.
Existe otro inconveniente sumamente importante en el caso del proceso de destitución y el juicio de Trump. Se deriva específicamente de las medidas que tomó para contaminar las próximas elecciones presidenciales al hacer que un gobierno extranjero enlodara a un posible rival. Aprobar esas medidas es aceptar más de lo mismo o cosas peores, lo que significa que el veredicto de los electores acerca del comportamiento de Trump podría estar fatalmente manchado: no sería una expresión limpia de la voluntad popular, sino un resultado de, bueno, un engaño. Las elecciones no pueden ser una solución cuando estas son precisamente el tema en cuestión.
Sin embargo, McCarthy, McConnell y otros republicanos están decididos a ahorrarle a su partido la humillación de la destitución de Trump y a protegerse de su ira (y de la furia de sus bases) si este no es salvado. Así que recurren a todos los argumentos que pueden. Algunos son más convincentes que otros. La aseveración de que las elecciones del próximo noviembre impedirán hacer lo correcto este enero es una broma y los autores de la Constitución se hubieran reído de eso.
Por: Frank Bruni
