Sin ser delegado del gobierno, pero sí una persona en la que el expresidente Uribe confía, Alvaro Leyva viene analizando -con el Centro Democrático- los términos de una ampliación de la amnistía que precisan los acuerdos de paz de La Habana.
Leyva no está haciendo ningún puente ni representa al Presidente Santos, pero habla tanto con el primer mandatario como con Uribe Vélez y ambos lo escuchan con atención, por su larga experiencia en diálogos con los guerrilleros de las FARC.
De lo que se habla es de “un borrón y cuenta nueva”, pero no sólo para la subversión, mientras son encarcelados algunos ministros y altos funcionarios de Uribe, sino para todos, abarcando también a militares y policías. El propio expresidente considera que la Fiscalía pretende meterlo a la cárcel.
Las palabras “amnistía” o “indulto” no son bien recibidos por el uribismo para sus miembros, que no admiten ser comparados con los jefes guerrilleros, autores de robos, asesinatos y otros crímenes. Sin embargo, el asunto está contemplado en un punto concreto de las definiciones de Cuba.
Se trata, entonces, de encontrar la fórmula mágica para que Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, Sabas Pretel, Maria del Pilar Hurtado, Diego Palacio, Jorge Noguera, Bernardo Moreno, Edmundo del Castillo, César Mauricio Velásquez y otros funcionarios del gobierno Uribe, hoy en la cárcel, fugitivos, o a punto de ser condenados, gocen también de libertad.
Oscar Iván Zuluaga, el presidente del Centro Democrático, considera que los juicios y condenas contra los uribistas son procesos políticos sesgados, perversos y malintencionados. Encuentra inadmisible que mientras sus compañeros de partido son perseguidos, las puertas de la impunidad se abren de par en par para los guerrilleros.
Meterlos en el mismo costal, a alias 'Timochenko' y a Arias, suena absurdo, pero se exploran términos que bajen la susceptibilidad política y conduzcan a la solución de paz, una amnistía muy amplia que cobije a todos quienes tuvieron que ver con la guerra en este país.
Leyva viene escuchando al gobierno y a Uribe, como lo hizo en una época con la guerrilla y los familiares de los secuestrados, y hay consenso de que puede aportar salidas inteligentes y prácticas al embrollo nacional.
Entre todos están apurando las palabras y decisiones jurídicas salvadoras que estén listas para el 23 de marzo, fecha fijada por el gobierno y las FARC para firmar la paz.
Sin embargo, Alvaro Leyva le dijo al excandidato Zuluaga que no ve probable tanta dicha y que la fecha podría postergarse, no obstante las buenas intenciones de todos y el espaldarazo recibido por Santos ayer por el presidente Obama, en la celebración de los 15 años del Plan Colombia, convertido en Paz Colombia.
Es necesario -coinciden todos- que el uribismo se vincule al proceso de paz. Y en el Centro Democrático piensan que no pueden hacerlo mientras liberan a los guerrilleros, les dan autorización para hacer política y consagran la impunidad, en tanto que persiguen -desde el gobierno y la fiscalía- a Uribe y a todos sus funcionarios de Uribe. Incluso al mismo líder, hoy Senador de la República.
