Algo huele mal en la Fiscalía

Por estos días la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una fábrica de escándalos. Primero fue la secretaria privada del director del CTI capturada ingresando millones de dólares/un millón de dólares al país por El Dorado. Luego la banda de funcionarios que le ayudaba al Turco Ilsaca, detenida en Barranquilla y actualmente, el más grave, el carrusel de la contratación que se gestó al interior de la entidad, que crece cada día, por cuenta de varios contratos que suman más de $10.000 millones y tienen al fiscal Montealegre en el ojo del huracán, contratos a dedo con diferentes personas, entre ellos Baltazar Garzón, exjuez español, quien tiene a Colombia de caja menor, su asesoría consistía en apoyar la investigación de macrocriminalidad en justicia transicional, ¿eso como se come?, ni idea, pero costó 1.380 millones, además, un sueldo de 18’982.240 millones sin necesidad de entregar informes mensuales ni nada parecido. También está el hijo de Ernesto Samper, Miguel, que siendo viceministro de Justicia firmó la reestructuración de la entidad, asignándole millonarios recursos y ahora aparece con contratos en la misma, algo indignante, pero como dice el refrán, de tal palo tal astilla; hay exmagistrados, periodistas, en fin, un festival de contratos entre amigos; pero el caso que más ha generado polémica es el de la politóloga Natalia Springer o Lizarazo, ya no sabemos, que logró adjudicarse un baloto de 4.000 millones para prestar servicios profesionales de asesoría, acompañamiento y apoyo jurídico y técnico especializado al señor Fiscal General de la nación para “el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales, internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia”, otro carretazo que nadie entiende. Le hicieron un contrato prácticamente a la medida a una firma que solo tenía 2 años de experiencia; sí, en la fiscalía también amañan contratos, si sucede en la entidad que investiga, se imaginan en el resto de entidades del Estado; además el propio Fiscal General la favoreció con bases de datos de la firma Cifras y Conceptos para que desarrollarla un trabajo, calificado como vergonzoso por la interventoría. De todo este episodio surgen muchos interrogantes. ¿Por qué se necesita una nómina paralela para hacer el trabajo que deben hacer 22.900 funcionarios? ¿Por qué el Fiscal favoreció a una amiga y no quiere hablar? Es extraño por lo mediático que es, en vez de explicar, arremete contra sus sucesores, una cortina de humo, muy al estilo Maduro. ¿Por qué Natalia, quien opinaba de lo divino y lo humano en la FM, ahora no da la cara? ¿Qué tiene que decir el hijo de Samper? Dudas que la opinión pública quiere disipar y por lo visto, no hay quien las despeje. El escándalo apenas comienza, esta situación en cualquier país medianamente civilizado, ocasionaría la renuncia del Fiscal, pero estamos en Colombia, el país de Jorge Pretelt y Ernesto Samper, donde la gente se atornilla al puesto porque existe una Comisión de Acusaciones en el Congreso inoperante, que se vuelve cómplice de los acusados, esperando obtener réditos políticos. @JACOBOSOLANOC