Este lunes la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió dejar en libertad provisional al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en el proceso que lleva a cabo la justicia por presuntas irregularidades en la contratación durante las obras de la troncal de La Paz en su primer periodo como gobernador entre 2004 y 2007.
El ente judicial tomó la decisión luego de que pasaran seis meses desde que se formalizara la acusación en su contra sin que se haya iniciado la audiencia judicial.
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Según la Sala Especial de la Corte Suprema, el gobernador fue formalmente acusado el 25 de marzo del presente año por la Fiscalía y luego fue detenido, por lo que este 25 de septiembre se cumplen seis meses sin que se haya realizado la audiencia.
“Así, al haber transcurrido al día de hoy más de los seis meses que establece el numeral quinto del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 sin que se haya podido celebrar la audiencia pública por vicisitudes propias de la dinámica procesal, ajenas a maniobras dilatorias de la defensa o del procesado, y menos a incuria de la Sala Especial, se impone oficiosamente reconocer la procedencia de la causal liberatoria en favor de Gaviria Correa a partir del 27 de septiembre”, señaló la Corte.
Aníbal Gaviria fue recapturado en horas de la tarde del pasado miércoles 3 de marzo luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia lo acusara por las presuntas irregularidades en los contratos de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, entre La Cruzada-Caucasia.
El mandatario gubernamental fue detenido en la ciudad de Medellín. En el marco de la Ley 600 del 2000, el delegado de la Fiscalía General lo acusó por ser el presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
¿De qué acusan a Aníbal Gaviria?
El citado contrato por el que se le judicializa fue suscrito cuando Aníbal Gaviria se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778.
Según la Fiscalía, la investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato. Sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%.
"Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa", indicó en un comunicado el ente investigador.
La Fiscalía señaló que, además, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, del 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995’000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas.
"Las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos. Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejara el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz", dijo el ente acusador.
Además, indicó que en el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva.
