El presidente del equipo Boyacá Chicó Eduardo Pimentel está en el ojo del huracán por exigir requisitos ilegales a los empleados de la empresa deportiva, mientras contratistas del combinado exigen el pago de antiguas y millonarias deudas.
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Pimentel, quien no ha ocultado su afinidad con Álvaro Uribe y las posturas del Centro Democrático, desató críticas en su contra por la publicación de una vacante para tesorera en la que exigía el requisito ilegal a los aspirantes de tener su misma postura política.
“Necesito una tesorera pila, ágil, decente, responsable, disciplinada, bien presentada y cumplidora de su deber, obviamente que con estas características NO pueden ser mamertos, izquierdosos, comunistas o tibios, ÚNICAMENTE deben ser URIBISTAS”, fue el mensaje que publicó Pimentel en su cuenta de Twitter para la descripción de la oferta laboral.
Esa exigencia es prohibida por la Constitución Política colombiana, que prohíbe en su artículo 13 cualquier discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía.
Violar ese principio de igualdad puede incurrir en sanciones de 1 hasta 3 años de prisión y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales vigentes. Es más, las penas se incrementan en un 33 a un 50% si la discriminación se da para restringir derechos laborales.
La polémica aumentó este sábado 14 de noviembre, cuando el equipo Boyacá Chicó se dirigía al aeropuerto El Dorado en Bogotá para tomar el avión con destino a Barranquilla para enfrentar al Junior F. C. en la Liga BetPlay.
Cuando el bus se disponía a salir del plantel, una mujer confeccionista se arrodilló frente al vehículo para impedir su salida y exigir el pago de una deuda, que según ella, asciende a más de 25 millones de pesos por la elaboración de uniformes para el equipo.
Los uniformes fueron entregados en enero de este año, según informó la emisora Boyacá Deportiva, y el pago se debió realizar un mes después. Sin embargo, esta es la fecha en la que la mujer no ha recibido la remuneración.
Según el mismo medio, el bus pudo continuar su camino hacia la capital después de que el representante legal acordara reunirse con la denunciante y confeccionista para arreglar la cancelación del trabajo que ella había prestado al Boyacá Chicó.
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Pimentel no ha ocultado sus posturas políticas públicamente. Sus redes sociales cuentan con varios mensajes en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma postura que ha asumido el Centro Democrático y no teme exigir a sus empleados seguir al líder político de ese partido.
