Uno de los escándalos más mediáticos protagonizados por Shakira tiene que ver con el fraude fiscal que aparentemente cometió en España. En estos momentos, el tema vuelve a sonar porque su equipo se encuentra en la tarea de defenderla justificando que tiene un certificado de residencia permanente en Bahamas.
Con este dato, la cantante quiere demostrar que hasta 2015 su presencia en España no pasaba el plazo que la hace tener que tributar.
De esta manera, su grupo de abogados escogió a un perito para comparecer en un juzgado de Barcelona, teniendo en cuenta su investigación por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en esa diligencia también estuvo presente un inspector de la Agencia Tributaria Española.
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La cuestión entre las partes está en determinar si la cantante vivió en España más de 183 días al año, que es el tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal.
La Fiscalía indica que, a partir de los informes de la Agencia Tributaria, Shakira evitó pagar impuestos a la Hacienda del país ibérico, simulando que no residía allí y ocultando su renta gracias a un entramado societario con sede en varios paraísos fiscales.
Frente a esto, la defensa de Shakira argumenta que, durante los ejercicios investigados, ella contaba con un certificado de residencia permanente en Bahamas, esta acreditación no es reconocida por los inspectores españoles para hacer efectiva su residencia fiscal.
La declaración de la barranquillera ante el juez expresa que, antes del 2015, ella visitaba solamente la capital catalana a razón de su relación con el futbolista Gerard Piqué. Ella y el español comenzaron su relación en 2011, tienen dos hijos, uno nació en 2013 y el otro en 2015.
Las partes no están discutiendo la cuota defraudada, además ella ya la entregó a Hacienda, tampoco el entramado de empresas con domicilios en Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, en todos estos lugares ella canalizaba los beneficios e ingresos de su trabajo como estrella del pop.
En la querella, la Fiscalía española acusa a Shakira y a su asesor fiscal en Estados Unidos por seis delitos contra la Hacienda pública y los acusan de armar un “plan” para evadir los impuestos que debía pagar, gracias a una fachada armada con un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares por los ingresos con los que contaba.
La querella también indica que la famosa suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, denominados ‘Tax Ruling’, y lograr unas condiciones “específicas y privilegiadas de tributación”, cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.
Son 12,3 millones de euros estimados en la querella como cantidad que debió ser tributada por IRPF (impuesto sobre las rentas percibidas) de 2012, 2013 y 2014, y en casi 2,2 millones de euros los que debió pagar a la hacienda de la región de Cataluña por el patrimonio presentado en esos años.
El procedimiento sigue en fase de instrucción y Shakira ofrece su “disposición absoluta a colaborar” para solucionar “la diferencia de criterio”, así lo dice un comunicado de su defensa.
