El Gobierno Nacional inyectó 70 billones al Fondo Nacional de Garantías (FNG) como medida de protección del empleo en medio de la cuarentena para la contención del coronavirus. De esta manera, entidades como el Banco Agrario, Bancóldex y Findeter ofrecerán a empresarios, microempresarios y personas naturales alivios económicos.
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, aseguró que “hay empresas que, durante el aislamiento, van a tener que parar su producción. Parte del trabajo que ha hecho el Gobierno es, justamente, asegurarse de que los bancos les den financiación a las empresas, para que, en la medida que tengan recursos, puedan pagar a sus trabajadores, porque también estamos protegiendo el trabajo de los colombianos”.
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, puso como ejemplo: “Si yo soy un microempresario que ya está colgado en 30 días, y necesito recursos para pagar la nómina y sostener el empleo, podría recurrir al FNG, para lograr que el sistema financiero me otorgue un crédito, no a un año, sino a cinco años; así esta persona distribuye los pagos y logra tener más recursos para poder pagar la nómina y sostener el empleo”.
El apoyo financiero también beneficiará a personas naturales que, además de refinanciar las deudas bancarias, tendrán la oportunidad de acceder a líneas de crédito. “El Gobierno va a fortalecer la capacidad del Banco Agrario, Findeter y Bancóldex para que puedan acompañar con recursos de créditos a muchos colombianos. A través del Fondo Nacional de Garantías se busca que las entidades financieras les presten dinero, así sea por primera vez”, puntualizó Restrepo.
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Por otra parte, el ministerio de Trabajo entregó un memorando sobre la preservación de las fuentes de trabajo, donde recordó que la pandemia por el coronavirus no es un caso de fuerza mayor para hacer despidos como algunas personas han manifestado erróneamente.
“No vamos a permitir que se recurra a esta medida. Habrá casos excepcionales muy puntuales que hay que revisar, pero recuerden que un contrato de trabajo es un acto de voluntades de dos partes y si el empresario decide unilateralmente cancelarlo, asume las consecuencias”, precisó la cartera de Trabajo.
