Transparencia por Colombia y Dejusticia le solicitaron al fiscal general Francisco Barbosa declararse impedido para dirigir las investigaciones en torno a la presunta compra de votos para la campaña de Iván Duque a la presidencia, escándalo denominado como la “Ñeñepolítica”.
Las organizaciones también le pidieron a la Corte Suprema de Justicia designar un fiscal ad hoc que lidere dicho proceso a partir de una terna que el presidente Duque elabore con personas que no hayan tenido relación alguna con su campaña o con su gobierno.
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Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, le dijo a KienyKe.com que es importante que la justicia determine si las conversaciones interceptadas al fallecido ganadero José Guillermo Hernández, conocido como “Ñeñe Hernández”, se materializaron o no en una acción específica para el beneficio de esa campaña política.
Indicó que el fiscal general Barbosa debe declararse impedido en el caso, pues es de público conocimiento que él hizo parte del círculo más cercano del alto gobierno y que es “muy amigo” del actual mandatario.
“Hicimos una revisión a la legislación y hay una norma (artículo 11 de la Ley 1437 de 2011) que habla sobre la existencia de un conflicto de interés cuando se trata de relaciones personales o de amistades ‘entrañables’, las cuales configurarían un impedimento. Eso es lo que estamos planteando. No sería viable que Barbosa supervise las investigaciones penales de este caso que estarían bajo la competencia de la Fiscalía”, dijo,
Según explicó Hernández, los procesos que estarían a cargo del ente acusador serían los de las personas no aforadas que habrían participado en el escándalo de la “Ñeñepolítica”.
“Eso es lo que hay que investigar. No tenemos ninguna prueba concreta de quiénes están involucrados. A hoy solo hay unos indicios sobre una asesora de la UTL del senador Álvaro Uribe que habló con el ‘Ñeñe’ sobre la presunta compra de votos pero nada está confirmado. En caso tal de que se verifique su nombre sería investigada por la Fiscalía al no ser aforada. Pueden haber otros implicados no aforados en estas denuncias que también serían investigadas por esta misma entidad”, resaltó.
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Por último, Hernández insistió en que la Corte Suprema de Justicia debe designar un fiscal ad hoc que dirija dichas investigaciones, porque, según dijo, estas deben estar a cargo de una persona "independiente, autónoma y que no tenga conflictos de intereses.
“La terna que envíe el presidente debe ser independiente, porque estas son denuncias de gran importancia a nivel nacional. Aquí nadie está prejuzgando, estamos buscando que el debido proceso se desarrolle y nosotros pensamos que en él debe estar un fiscal ad hoc”, finalizó.
