Las 132 cárceles que hay en Colombia están en alto riesgo de contagio del coronavirus, pues uno de los penales, el de la ciudad de Villavicencio, ya detectó al menos 24 casos confirmados con el virus y tres fallecidos por la enfermedad.
El COVID-19, declarado como una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo, tiene en alerta al mundo entero por la facilidad con la que se propaga de persona a persona. Por ello, las prisiones deben evitar a toda costa su transmisión, pues de no hacerlo, podrían convertirse en un foco de contaminación y la situación podría salirse de las manos.
Así lo advirtió en entrevista con la Agencia Anadolu Oscar Robayo, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y directivo sindical de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).
Para Robayo, cuyo rango en el Inpec es ‘Distinguido’, “definitivamente uno de los mayores problemas es el hacinamiento en la población carcelaria” de los penales colombianos que también enfrentan graves dificultades como falta de recursos económicos, de personal y de equipos de bioseguridad.
Ante la crisis de hacinamiento, este miércoles, el gobierno de Iván Duque expidió el Decreto Ley 546 de 2020 para excarcelar a las personas más vulnerables frente al COVID-19.
Cifras de sobrepoblación
Pues la situación en esta área es grave: aunque se tiene capacidad para 80.928 reclusos en las 132 penitenciarías, actualmente hay 120.629 personas privadas de la libertad (112.005 hombres y 8.404 mujeres). La sobrepoblación carcelaria alcanza las 39.701 personas (49,06%).
Robayo indica que el hacinamiento es focalizado, pues hay cárceles que tienen 500% de sobrepoblación, otras el 100% y unas más solo el 2%. Entre los casos más graves que menciona el funcionario están las cárceles de Riohacha (La Guajira), con capacidad para 90 personas y con 500 reclusos; y Cali (Valle del Cauca), con capacidad para 1.900 y con casi 6.000.
En Bogotá, epicentro del coronavirus en Colombia, mencionó las prisiones de La Picota, con capacidad para 6.000 personas pero con 9.250 internos, o El Buen Pastor, con casi 2.200 reclusas cuando su capacidad es para 900 mujeres. En muchos de estos lugares los internos “viven en las áreas comunes, no viven casi en las celdas”.
Sin embargo, la situación va más allá de los centros penitenciarios, pues las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y los centros de detención transitoria (estaciones de Policía), “tienen hacinamiento casi del 300%”.
Escaso personal
Además de la sobrepoblación, la crisis se agrava por la falta de recursos económicos y de personal. En materia de salud, por ejemplo, hay uno o máximo tres médicos o profesionales de salud por cárcel.
“Por ejemplo, tres trabajadores atienden la Modelo y tres la Picota. Los recursos humanos y técnicos son nulos. Eso es lo que se refleja en Villavicencio, donde se desbordó el COVID-19, y no saben ni siquiera por dónde entró, no hubo prevención y ahora mucho menos va a haber contención del virus”, afirma Robayo.
Según explica el líder sindical, el Inpec no maneja solo el tema penitenciario. Hay una entidad que se llama Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), "una tiene la custodia de la vigilancia y administración de las cárceles, y la otra todo el tema de la contratación".
Detalla que los servicios básicos de los prisioneros son cubiertos por empresas privadas, incluida la salud, la alimentación, dispositivos electrónicos, entre otros. “Todo ha sido tercerización, entonces eso genera sobrecostos y mala prestación de servicios”, dice el funcionario.
Por otro lado, denuncia la falta de elementos de bioseguridad para prevenir los contagios. De los 13.980 funcionarios que tiene el Inpec, 11.280 son del cuerpo de custodia. “estamos prestando servicios de internos hospitalizados, cuidándolos, sin trajes, sin tapabocas, sin guantes”, denuncia.
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De acuerdo a Óscar Robayo, dado que ni el Inpec ni la Uspec tienen la “competencia para dar ese tipo de dotación, presupuestalmente hablando”, y que “el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla, no ha girado un solo peso” para contener el COVID-19 en las cárceles, los guardianes han tenido que recurrir a “los aportes sindicales, rifas entre los compañeros y recolectas para hacer máquinas aspersoras y comprar estos elementos de bioseguridad”.
Muchos ya han amenazado con renunciar si el Gobierno Nacional no les da los implementos.
Con unos 24 contagios y tres fallecidos, la cárcel de Villavicencio (Meta) es hasta el momento la que más sufre los efectos de la pandemia, al menos según la información oficial. Pero el dirigente sindical de la UTP afirma que habría seis o siete funcionarios en diferentes ciudades con COVID-19. Aunque se abstuvo de dar nombres u otros detalles, sí mencionó que varios de ellos han recibido amenazas en diferentes municipios por temor a que se propague la enfermedad.
No obstante, el Inpec indicó que solo serían cuatro funcionarios contagiados.
La segunda cárcel en registrar casos fue La Picota de Bogotá. Las autoridades confirmaron que dos de sus internos tienen el virus.
El Decreto de excarcelaciones
Con el fin de prevenir la propagación del virus, el Gobierno colombiano expidió el Decreto Ley 546 de 2020 que beneficiaría a reclusos de 60 años en adelante; madres gestantes o con hijos menores de tres años; con enfermedades graves o crónicas como cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, trastorno pulmonar, hipertensión, entre otras; en situación de discapacidad; quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión o con medida de aseguramientos por delitos culposos; así como aquellos que hayan cumplido el 40% de su pena.
Pero, no cobija a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), personas condenadas o investigadas por delitos en contra de niños, niñas y adolescentes (especialmente delitos sexuales), quienes hayan incurrido en actos de corrupción, o que se hayan acogido a algún régimen de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta última surgida tras el acuerdo de paz con las desmovilizadas FARC en 2016.
Algunos sectores como la Defensoría del Pueblo han valorado el decreto y “reconocido los esfuerzos” del Ejecutivo. El defensor Carlos Negret lo calificó como una “medida humanitaria y necesaria para proteger la salud y la vida tanto de los privados de la libertad y los servidores del INPEC”.
Otros sectores, como el partido Farc, la han criticado al señalar que con ésta “no habrá descongestión carcelaria ni garantías a los DDHH de los internos para prevenir y disminuir la cifra de contagios”, sino que “generaría un atasco en la judicatura”, pues le otorga la potestad a los jueces para sean ellos los que determinen dichas libertades. La colectividad también afirma que el decreto viola el acuerdo de paz.
“De manera inexplicable el Gobierno continúa violando el acuerdo de paz y se empeña en mantener en las cárceles, más de 170 compañeros firmantes del Acuerdo de Paz”, dijo el senador Julián Gallo, conocido también como Carlos Antonio Lozada.
Asimismo, añade Gallo, el decreto “se aleja de la realidad, pues de un hacinamiento de población carcelaria de más de 40 mil cupos, se calcula que solamente van a salir unos 4 mil”.
Al respecto, el Ministerio de Justicia respondió que el “juez natural de las personas que se acogieron a los diferentes mecanismos de justicia transicional” (las salas de Justicia y Paz para los exmiembros de grupos paramilitares y la JEP en el caso de las Farc), por lo que “cualquier decisión sobre su libertad corresponde a dichas autoridades".
Y sobre los excombatientes de Farc que fueron acogidos con el proceso de paz, la entidad explicó que “deberán continuar sus procesos ante la JEP” y será la Sala de Amnistía e Indulto (SAI) de dicha jurisdicción “la que decida lo correspondiente”.
La ministra de Justicia Margarita Cabello indicó que el decreto 546 es un primer paso para más excarcelaciones, que “se evaluará el impacto de esta medida y determinará futuras acciones”.
Según el último reporte del Ministerio de Salud de Colombia, en el país ya hay más de 3 mil casos confirmados y más de 140 personas fallecidas por la enfermedad.
