La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección de datos personales, impuso una multa a Scotiabank Colpatria de Setenta y dos millones novecientos veintitrés mil ciento treinta y seis pesos ($72.923.136) al no atender la solicitud de un ciudadano de retirar sus datos personales de la base de datos del Banco.
El caso, que se resolvió a través de la Resolución 78221 de 2020, inició con ocasión de la queja de un ciudadano quien informó que había presentado al banco Scotiabank Colpatria varias peticiones para que eliminara sus datos personales para no recibir publicidad de la entidad bancaria. Sin embargo, y después de haber sido notificado de que sus datos ya se habían eliminado de la base de datos, la persona siguió recibiendo llamadas y ofertas desde el banco.
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En la investigación, la Superindustria concluyó que Scotiabank Colpatria hizo caso omiso a las solicitudes de supresión de datos realizadas en varias ocasiones por el titular de los mismos y no garantizó al titular su derecho fundamental de hábeas data.
La entidad deja abierta la posibilidad de que la entidad financiera y ju equipo jurídico radiquen los respectivos recursos de reposición y apelación.
Sancionan academias de conducción por certificar alumnos ausentes
La Superintendencia de Transporte realizó la acción a trece (13) Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), en nueve ciudades del país, luego de encontrar que presuntamente estarían certificando alumnos sin haber cumplido los requisitos establecidos para tal fin, en relación con las clases teóricas y prácticas. Por lo tanto, se ordenó la suspensión inmediata y preventiva de la habilitación de esos CEAs.
Según la Supertransporte hay varios sujetos que intervienen en la instrucción y certificación de las personas que aspiran obtener una licencia de conducción, incluyendo a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), que tienen como actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción o de instructores en conducción.
Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), así como por parte de los operadores del SICOV, se encontró que se estarían usando impresiones dactilares de personas, plasmadas en parafina, para registrar la asistencia de los alumnos, y además casos de presunta suplantanción la identidad de instructores que no estarían dictando las clases respectivas.
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Camilo Pabón Almanza, Superintendente de Transporte “todos los organismos de apoyo al tránsito deben entender que si la Policía o la Superintendencia, o alguna otra autoridad descubre este tipo de maniobras fraudulentas, se les aplicarán severas consecuencias, incluyendo no sólo sanciones administrativas, sino también penales”.
Contra la decisión de imposición de las medidas preventivas no procede recurso alguno. En el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados, de acuerdo con los derechos fundamentales ligados al debido proceso y al derecho a la defensa.
