La Asociación Minga, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más importantes de Colombia, retiró este martes sus archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) del país, documentos que habían sido entregados hace varios años para que este Centro los convirtiera en archivos de consulta pública.
Con fotos, esculturas, carteles, botas de caucho y otros elementos, familiares de víctimas del conflicto armado y miembros de otros colectivos, acompañaron el acto de la Asociación Minga, que se realizó este martes en las afueras del CNMH, en pleno centro internacional de Bogotá.
Son en total 66 cajas, 427 carpetas y 31.265 folios de información relacionada con lo ocurrido en la región del Catatumbo, una de las más convulsas del país, entre el año 1985 y 2007.
Los motivos del retiro de los archivos son varios. Uno, es el cambio de enfoque que tuvo el Centro desde la llegada de Darío Acevedo, un historiador que ha sido criticado por no reconocer que en Colombia hubo un conflicto armado. La directora de la Asociación Minga, Diana Sánchez, explicó la decisión.
“Con el cambio de Gobierno y con el nuevo director, el enfoque del Centro cambió, empezando porque (Acevedo) niega la existencia del conflicto armado y todo el trabajo que nuestra organización ha hecho ha sido en el marco del conflicto. Entonces es un sinsentido que nosotros tengamos archivos en un Centro como éste”.
Pero adicionalmente hay un aspecto que disgusta a la Minga y a otros colectivos, y es un supuesto acuerdo entre el Centro y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan).
“La nueva dirección (del CNMH) no pone la centralidad a las víctimas del conflicto, sino que empieza a reconstruir la memoria desde los victimarios; por ejemplo, está haciendo un convenio con Fedegan, un gremio que ha estado asociado con los paramilitares, los ha promovido… inclusive un director de Fedegan fue condenado a varios años de prisión por creación de paramilitarismo, los mayores victimarios”, dijo Sánchez.
La directora de la organización se refirió al exsenador y exembajador Jorge Visbal Martelo, condenado el 20 de junio de 2018 por un juzgado especializado de Bogotá a 9 años de prisión por nexos con paramilitares.
En palabras de Diana Sánchez, excluir los archivos del Centro de Memoria tiene un significado “muy importante desde lo político y simbólico, porque también es un mensaje” para todas aquellas organizaciones que han entregado archivos al CNMH a que se animen a retirarlos.
Entre el acervo documental que recogen estas carpetas hay desde hechos relacionados con la falta de garantía de derechos básicos de la población local, hasta todo tipo de vulneraciones cometidas por grupos paramilitares, como la masacre La Gabarra (Tibú, Norte de Santander); ejecuciones extrajudiciales (conocidas en Colombia como ‘falsos positivos’) en dicha región, así como trabajo de comunidades de base, de audiencias públicas, comunicaciones, etc; así como datos sobre el resurgimiento del movimiento social en el Catatumbo, a pesar de la conflictividad que aún golpea la zona.
Solo entre 2002 a 2007 más de 295 falsos positivos por parte de la brigada móvil 15 del Ejército.
Para Sonia Cifuentes, quien hace parte de la Asociación Minga, “estos archivos de memoria hablan claro de la guerra, pero también de la dignidad de las víctimas y los habitantes de este territorio” que siguen luchando.
Con el retiro de los archivos, queda suspendido un convenio suscrito previamente y todo tipo de relacionamientos entre la Minga y el Centro de Memoria, por lo que éste último no tendrá acceso a la información.
Por ahora, y a la espera de que haya un cambio de dirección o de postura desde el gobierno de Iván Duque al respecto, la Asociación Minga analiza la posibilidad de trasladar los archivos a otra institución que los pueda conservar. Entre las alternativas está la Comisión de la Verdad, pero no se ha avanzado al respecto.
Aunque no se ha hecho oficial, hay otras organizaciones civiles que también están en proceso, o analizando la opción de retirar su archivo histórico, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Unión Patriótica, entre otras.
Aunque no confirmó fecha, Lucía Osorno Ospina, integrante del Movice, dijo que este movimiento también comparte la “idea de que hay que retirar los archivos del Centro de Memoria”.
“Los archivos no pueden estar en manos de Darío Acevedo que niega que en Colombia ha habido décadas de lucha social, que se han asesinado miles de líderes, que ha habido masacres, que hay más de 100 mil desaparecidos. Colombia está llenas de ríos de sangre… los ríos Cauca y Magdalena son las dos fosas comunes más grandes del país y los mayores desaparecederos para los grupos paramilitares. Y él quiere negar totalmente a las víctimas de crímenes de Estado”, lamentó Osorno.
Lucía Osorno, es hermana de Pedro Nel Osorno, quien fuera secretario general de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y activista, desaparecido el 13 de mayo de 1989 por el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Policía colombiana.
Marco Romero, director de Codhes, y quien también acompañó el acto de la Asociación Minga, señaló que “no puede haber una institución dedicada a la verdad que tenga memoria selectiva”.
Finalmente, Beatriz Méndez Piñeros, perteneciente a la Fundación Madres Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), le manifestó a la Agencia Anadolu que “apoya totalmente” a Minga y extendió la invitación a otras organizaciones a que retiren sus archivos del Centro de Memoria, porque existe el grave riesgo de que “los desaparezcan o los modifiquen”, que “cambien los actores para ellos limpiarse las manos”.
“¿Cómo dejar un arsenal de memoria de nuestros hijos, hermanos y esposos a manos de este señor (Acevedo)? Van a tender a desaparecer esos archivos”, aseveró.
Beatriz Méndez es familiar de dos víctimas de ‘falsos positivos’. Uno fue su hijo, Weimar Armando Castro Méndez, de 19 años, y el otro fue su sobrino, Edward Benjamín Rincón Méndez, también de 19 años, quienes fueron engañados y capturados en una zona del sur de Bogotá, para luego ser “torturados, disfrazados de guerrilleros” y ser asesinados con “múltiples impactos de bala para luego legalizarlos”.
Varias de las organizaciones le hacen un llamado al Gobierno Nacional, por un lado, a que se implemente integralmente el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y a que “no siga con la política negacionista, porque mientras (el presidente Iván Duque) siga empecinado en ello, mientras no dé garantías a las víctimas, y no desmonte el paramilitarismo, pues no va a haber verdad, justicia ni garantía de paz en Colombia”.
Entre tanto, el Centro de Memoria Histórica negó que existiese un acuerdo con Fedegan, y emitió un comunicado en el que señala que la devolución de los archivos de la Minga que tenía en custodia desde septiembre de 2016, “es procedente y se concertó con su asociación”.
Aunque sacar el archivo de la sede del CNMH se había pactado para este martes, y a pesar de haberse realizado el acto público, la Minga notificó que la actividad se reagendó para este miércoles debido a "incumplimiento de los compromisos pactados por parte del Centro de Memoria y falta de voluntad".
Agencia Anadolu.
