Durante una rueda de prensa el ministro de Defensa Diego Molano calificó como “legitima” la operación militar en el departamento de Putumayo que dejó un saldo de 11 personas muertas el pasado 28 de marzo.
Tras la operación militar, se reportaron diez personas muertas, quienes según las autoridades eran miembro de las disidencias de las FARC. Sin embargo, habitantes de la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, lugar donde se efectuaron las supuestas bajas, denunciaron que las personas asesinadas no eran disidentes.
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Es por eso que Molano salió a explicar la situación que ha sido cuestionada por varios sectores de la oposición, quienes han denunciado el regreso de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales.
Según el funcionario, la operación se preparó con cinco meses de anticipación y la Armada detectó con seguridad la presencia de grupos ilegales en dicha zona.
Además, aseguró que la operación contra el frente 48 y el frente 'Carolina Ramírez' se llevó a cabo con todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, Óscar Alexander Tovar, jefe jurídico del Ejército, explicó que en la zona había reporte de más de 400 víctimas por minas antipersona durante los últimos dos años.
Por esta situación, los congresistas Angélica Lozano y Antonio Sanguino radicaron en las últimas horas una solicitud para citar al Ministro de Defensa a control político.
“Estos hechos, vuelven a la discusión pública atendiendo que el pasado veintiocho (28) de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo en operación militar en contra de las disidencias de las FARC, murieron 11 personas de las cuales, por lo menos 7 eran civiles, uno era un menor de 16 años, y el Gobernador del Cabildo Kichwa”.
