El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el pasado viernes que el Gobierno "iniciará la compra estatal de cosecha de coca" a campesinos del suroeste del país, en concreto a los del pueblo El Plateado, ubicado en el departamento del Cauca, que en las últimas semanas ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales.
"Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas (...) pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos todos sabemos que no se solucionan los problemas", dijo el mandatario durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario.
En una reciente entrevista con Kienyke.com, Francisco Mejía, expresidente del Banco Agrario, ofreció una perspectiva contundente sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar coca a los campesinos. En un contexto donde el narcotráfico ha vuelto a crecer significativamente en Colombia, Mejía no escatimó en críticas, advirtiendo sobre las implicaciones de esta medida para la seguridad del país y su democracia.
La iniciativa de Petro de comprar cultivos de coca surge en un momento crítico. Según el informe más reciente de la ONU, las hectáreas de coca en Colombia aumentaron un 10% en 2023, mientras que la producción se disparó un 57%, alcanzando más de 2,600 toneladas métricas. Mejía enfatiza que la reestructuración del negocio del narcotráfico durante este gobierno ha transformado lo que antes era un fenómeno más artesanal en una operación industrial eficiente.
Críticas a la estrategia del Gobierno
Mejía critica fuertemente la estrategia de Petro, señalando que el Ejército ha perdido control en regiones clave como el Cauca. En su opinión, la intervención del Ejército en lugares como el Plateado fue más una maniobra de propaganda que una acción efectiva para combatir el narcotráfico. Asegura que la falta de control territorial ha permitido a los cárteles establecer enclaves productivos sin oposición.
“Lo que estamos viendo es un Estado maniatado que, en lugar de erradicar el problema, parece estar facilitándolo”, afirma Mejía. Según él, la compra de coca no solo legitimaría el cultivo, sino que también podría incentivar su expansión, ya que establecería un “precio de sustentación” que beneficiaría a los cárteles de la droga.
Cabe destacar que el Plateado, un pueblo del suroeste del país ubicado en la región del Micay, ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre el Ejército colombiano y el grupo armado Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC.
En este contexto, el pasado sábado el Gobierno lanzó una operación para retomar el control que tiene en la zona el EMC, a la que las disidencias respondieron con ataques con drones, elevando la tensión del enfrentamiento.
Este pueblo, ubicado en el departamento del Cauca, está en una zona clave para el narcotráfico porque es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico.
La realidad de los cultivadores de coca
Uno de los puntos que Mejía recalca es la falsa narrativa de que los campesinos siembran coca por necesidad. Asegura que muchos de los cultivos se encuentran en enclaves donde la producción de coca es mucho más rentable que otros cultivos. Este fenómeno, según él, se ha visto potenciado por la inacción del gobierno frente a los cárteles, quienes han impuesto su propia ley en estas regiones.
Mejía sostiene que no todos los cultivadores de coca son campesinos en apuros. “Hay una estructura empresarial detrás de la coca que se beneficia de la actual situación”, menciona, refiriéndose a los cárteles que operan en el país. En este sentido, plantea que el gobierno debería enfocarse en brindar alternativas reales y viables para que los cultivadores puedan optar por cultivos legales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés) publicó su informe anual que indica que en 2023 los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia y alcanzaron las 253.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.
Colombia en peligro por el repunte del narcotráfico
La perspectiva de Mejía no solo se limita a la economía; también advierte sobre el peligro que el narcotráfico representa para la democracia en Colombia. “Si no se toma en serio la lucha contra el narcotráfico, corremos el riesgo de convertirnos en un narcoestado”, sostiene. En su opinión, la actual administración de Petro está promoviendo un entorno en el que el narcotráfico puede florecer, debilitando las bases del Estado de derecho.
Mejía recuerda que durante el gobierno de Álvaro Uribe, se logró reducir significativamente la producción de coca mediante una combinación de políticas de erradicación y alternativas de cultivo. Sin embargo, desde que se ha priorizado la negociación con grupos armados, las cifras han cambiado drásticamente, dejando a Colombia en una situación vulnerable.
Frente a esta alarmante realidad, Mejía hace un llamado a la sociedad y a los líderes políticos para que reconsideren la dirección de la política antidrogas en Colombia. Advierte que, si en 2026 no se implementa un viraje hacia una estrategia más efectiva y contundente, el país podría enfrentarse a una crisis de legitimidad y estabilidad política sin precedentes.
“Es necesario que la lucha contra el narcotráfico sea una prioridad. No podemos permitir que el narcotráfico defina el futuro de Colombia”, concluye Mejía, subrayando la necesidad de un enfoque multidimensional que no solo aborde la producción, sino también la seguridad y el desarrollo social en las regiones afectadas.
