Este lunes 16 de septiembre de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas (UARIV) anunciaron un avance significativo en el proceso de reparación a las víctimas del paramilitarismo en Colombia.
En medio de una rueda de prensa, Felipe Harman, director de la ANT, y Lilia Solano, directora de la UARIV, revelaron la primera compra masiva de tierras destinada a reparar a las víctimas de los grupos paramilitares.
Esta compra, que involucra 18.000 hectáreas por un monto de 175 mil millones de pesos, marca un hito en la implementación de la reforma agraria y el compromiso con la justicia social.
Cabe destacar que este proceso se enmarca en un contexto histórico para Colombia, donde el contador de víctimas ha alcanzado los 10 millones. De estas, más de mil están organizadas colectivamente, lo que subraya la magnitud y la diversidad de las necesidades de reparación en el país.
Este esfuerzo por parte del gobierno busca no solo reparar a las víctimas, sino también avanzar en la reforma agraria, un proyecto crucial para la reconciliación y el desarrollo del territorio.
El director de la ANT, Felipe Harman destacó la importancia de esta compra al señalar que "los bienes del proceso de paz del 98, destinados a las víctimas del paramilitarismo, eran activos ociosos del Estado. Ahora, serán utilizados directamente para la reparación de las víctimas".
Por otro lado, esta acción conjunta de ambas entidades representa un paso decisivo en la monetización de los bienes del Fondo de Reparación de Víctimas, garantizando que “cada peso destinado a la compra de tierras se reinvierte en el proceso de reparación”.
¿Dónde están ubicadas las tierras para las víctimas?
Antioquia, Córdoba, y Santander, son algunos de los principales departamentos en los que se encuentran los predios priorizados para esta adquisición.
La compra de las 18.000 hectáreas, que se realizó a través de un proceso diligente y rápido por parte de la ANT, se enfocará en propiedades emblemáticas que fueron testigos de los crímenes paramilitares.
Entre estas fincas se encuentran propiedades asociadas con figuras claves del conflicto, como la finca de Jorge 40 en el Cesar y la finca de Mancuso en Córdoba,
La adquisición de estos terrenos no solo tiene una importancia material, sino también simbólica, ya que representan un acto de justicia y dignificación para las víctimas de décadas de violencia.
Lilia Solano, directora de la UARIV agregó que "la entrega de estas tierras no solo beneficia a los campesinos sin tierra, muchos de los cuales también son víctimas, sino que también contribuye al proyecto de reforma agraria del país".
Además, los recursos obtenidos de la compra de estos bienes se destinarán exclusivamente a la reparación de las víctimas, garantizando que el proceso de adquisición tenga un impacto directo y tangible en la vida de quienes han sufrido a causa del conflicto.
¿Quiénes podrán acceder a estas tierras?
La compra de tierras beneficiará a más de mil familias, con la expectativa de que estas propiedades se distribuyan equitativamente entre los campesinos y las víctimas organizadas colectivamente.
La ANT y la UARIV trabajan conjuntamente para asegurar que la asignación de tierras se realice de manera justa y eficiente, con un enfoque especial en las comunidades más afectadas por el conflicto.
En los próximos meses, se iniciará la entrega de las primeras tierras el 3 de octubre, con la participación del presidente de la República. El 4 y 5 de octubre, se llevarán a cabo eventos adicionales para fortalecer el compromiso con la reparación colectiva y la reforma agraria. Estos actos subrayan la importancia de la colaboración entre entidades gubernamentales y la sociedad civil para garantizar que la reparación a las víctimas sea una prioridad constante.
Este avance en la reparación de las víctimas del paramilitarismo no solo representa una mejora en las condiciones de vida para miles de colombianos, sino también un paso crucial hacia la reconciliación y la justicia en el país. La compra masiva de tierras es una muestra del compromiso del gobierno con la implementación efectiva de la reforma agraria y el proceso de paz, y sienta un precedente para futuras acciones en el ámbito de la justicia y la reparación.
