La Fiscalía General de la Nación abre una indagación formal en respuesta a los 36 bloqueos totales de vías públicas que se han registrado en diversas regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, el Magdalena Medio, y los departamentos de Norte de Santander, Nariño, y Meta. Estos bloqueos son parte de las protestas promovidas por el gremio de transportadores de carga, en reacción al reciente aumento del precio del ACPM (combustible para diesel).
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“La determinación de iniciar esta indagación obedece al riesgo que representan estas acciones para la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos y las comunidades que utilizan a diario las vías y carreteras bloqueadas”, manifestó la Fiscalía. La medida subraya la preocupación por el impacto de las manifestaciones en la vida cotidiana de los ciudadanos y en el funcionamiento de los servicios esenciales.
El aumento de 1.904 pesos por galón del ACPM, implementado durante el fin de semana como parte de una política para ajustar los precios del diésel en Colombia a los niveles internacionales, ha desencadenado una serie de protestas masivas en el sector del transporte. Fedetranscarga, el gremio que agrupa a las empresas de transporte de carga, ha exigido la revocación de esta resolución. La organización argumenta que es necesario revisar y modificar la fórmula actual para el cálculo del precio de los combustibles, en lugar de seguir con medidas paliativas.
"Debe revocarse la resolución que incrementó el precio del diésel y, más allá de seguir prometiendo paliativos al sector, es necesario estudiar el cambio de la fórmula propuesta y reactivar la economía para sanear las finanzas del Estado", declaró Fedetranscarga en un comunicado. La postura del gremio refleja un descontento generalizado con las políticas actuales y un llamado a encontrar soluciones más sostenibles para el sector.
La Fiscalía ha hecho hincapié en la importancia de respetar los derechos fundamentales durante las protestas, tales como la libre locomoción, la integridad física y la seguridad alimentaria. El ente acusador ha advertido que tomará medidas dentro de sus competencias constitucionales si las manifestaciones se desvían del carácter pacífico y se convierten en actos delictivos.
Por su parte, el Gobierno nacional ha defendido el aumento en el precio del ACPM, argumentando que es necesario que Ecopetrol ajuste sus precios al nivel internacional para reducir la brecha entre los precios locales y los internacionales. Esta política ha llevado a un incremento significativo en el costo de la gasolina, lo que ha sido una medida controversial en el contexto de la política energética del país.
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El conflicto entre los transportadores y el gobierno refleja una tensión creciente en torno a las políticas de precios de combustibles y sus implicaciones para la economía y la vida cotidiana de los colombianos. La resolución de esta crisis requerirá una cuidadosa negociación y un equilibrio entre las necesidades del sector transportador y las políticas económicas del gobierno.
