La Organización de Naciones Unidas alertó que el número de personas desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados en Colombia en 2021 aumentó un 84 por ciento con respecto al primer trimestre del año pasado.
De las casi 20.000 personas que han tenido que huir, solo 1.098 (un 5 por ciento) han logrado regresar a sus hogares, mientras que 18.503 (95 por ciento) permanecen en situación de desplazamiento, indicó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha, por sus siglas en inglés), en una breve nota de prensa.
Según la dependencia de la ONU, la mayoría de los afectados (86%) vive en la región pacífica colombiana.
Por otra parte, la Ocha reportó que los ataques contra la población civil también han aumentado en un 57 por ciento, especialmente en municipios como Tumaco (Nariño), Ituango y Tarazá (Antioquia), Argelia (Cauca) y Villavicencio (Meta).
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Los municipios Murindó e Ituango (Antioquia) y Alto Baudó, Bagadó y Bajo Baudó (Chocó) concentran la mayoría de personas indígenas desplazadas reportadas. Igualmente, los municipios Bagadó, Alto Baudó, y Bajo Baudó (Chocó), Magüí Payán, Santa Barbara de Iscuandé, Mosquera, La Tola, El Charco y Olaya Herrera (Nariño) y Timbiquí, en Cauca, concentran la mayoría de población afrodescendiente reportada como desplazada.
La dependencia de la ONU también notificó que en 2021 al menos 18.985 personas han sido víctimas de confinamiento como mecanismo de protección o por imposición ante el accionar de grupos ilegales, un aumento del 142% respecto al primer trimestre de 2020.
Más de 900 líderes asesinados desde 2016
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad le pidieron este lunes a la Defensoría del Pueblo que haga una “evaluación urgente y detenida” sobre la trágica situación que viven los defensores de derechos humanos y ex integrantes de las desmovilizadas Farc-Ep en Colombia.
“El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición solicita que, con fundamento en sus hallazgos y consideraciones, rinda prontamente un informe y adopte una resolución defensorial, en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana”, subrayaron las tres entidades.
Los organismos creados tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 presentaron un balance sobre el panorama de violencia, que deja 904 líderes sociales y 276 exmiembros de Farc asesinados desde 2016. De los más de 900 defensores de derechos humanos, cerca de la mitad eran agentes activos en labores de implementación del Acuerdo Final en distintas regiones y comunidades del país andino.
Por: Agencia Anadolu
