La alcaldesa Claudia López está bajo la lupa de varios funcionarios públicos debido al manejo de unos campamentos habilitados para la Primera Línea de Bogotá. Los concejales Lucía Bastidas Ubaté y Andrés Forero Molina interpusieron una queja disciplinaria en contra de la mandataria ante la Procuraduría General de la Nación.
La polémica inició después de que unos funcionarios del Distrito, en compañía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), desalojaran un campamentos de más de 150 jóvenes de la Primera Línea. El hecho sucedió el pasado 21 de julio en el barrio El Tintal, en Kennedy.
Lo cierto es que la directora de 'Funada Colombia', Alejandra Useche, aseguró que el espacio lo ofreció en su momento el Distrito para que los jóvenes realizaran sus asambleas. “Los abandonaron y hoy a las 5 de la mañana los desalojaron con acompañamiento del Esmad”, dijo la mujer ante RCN Radio.
Los integrantes de la Primera Línea duraron alrededor de cuatro semanas alojados en el campamento. Los habitantes del sector en vez de presentar quejas aseguraron que los jóvenes no representaban ningún peligro. También les ayudaron con comida y elementos básicos para continuar con la protesta social.
Aunque es importante precisar que ese no es el sentir de toda la población de El Tintal. Hay quienes aseguran que el campamento podría prestarse para desatar problemas de inseguridad y drogadicción. “Los jóvenes requieren toda la atención del Estado”, agregó una ciudadana.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que el desalojo no tuvo resistencia por parte de los integrantes del colectivo. “Los jóvenes accedieron de manera voluntaria a retirarse del lugar con todas las carpas que se encontraban allí – comentó el funcionario del Distrito –. Este es un predio del Acueducto que pidió el restablecimiento del lugar”.
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La decisión de los concejales
Ambos concejales consideran que Claudia López actuó de manera irregular frente a la autorización del predio, ya que el espacio sería utilizado “para que los llamados Primera Línea entrenen para afectar a la Policía”, explicó Lucía Bastidas. Ante esa preocupación decidieron pasar el caso a la Procuradora General de la Nación.
En la acción judicial se le solicita a la Procuraduría General de la Nación "que se investiguen los hechos y en caso de que exista un mérito, sea sancionada la funcionaria”, dice el documento entregado a la entidad. La solicitud se hace alegando a una violación del código único disciplinario y el código penal colombiano.
“Allí podría haber un delito, toda vez que no está dentro de la ley utilizar bienes públicos para entrenar con armas”, aseveró Forero en una entrevista con RCN Radio. También asegura que hubo denuncias en la comunidad frente a la presencia de los jóvenes y “el Distrito no hizo nada”.
Por el momento no se ha manifestado ni el secretario de Gobierno ni la alcaldesa Claudia López frente a la decisión de los concejales.
