La alcaldesa de Bogotá Claudia López, envió al presidente Iván Duque una carta en la que hace diferentes propuestas para otorgarle garantías a la protesta social y regular el uso de la fuerza en las mismas, además de medidas para evitar el abuso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.
El documento fue enviado al presidente atendiendo la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la cual mediante auto del 24 de septiembre de 2020, decreta como medida provisional de urgencia la conformación de una mesa de trabajo para definir posibles soluciones que conduzcan a corto, mediano y largo plazo a solventar el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil y se proceda a la elabaración de un informe conjunto que deberá presentarse el 30 de septiembre de este año.
La mandataria local reiteró su compromiso para la materialización de las ordenes impartidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para "conjurar, prevenir y sancionar la intervención sintemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas".
Así mismo se comprometió en participar en la conformación de la mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacificas y la posterior expedición de un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que se denominara "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legitima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".
En este sentido, le compartió al presidente Iván Duque las acciones preventivas con las que cuenta el "Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogota por el derecho a la Movilización y la Protesta Pacifica":
- Respeto e imparcialidad a la legitimidad de los ciudadanos y organizaciones que ejercen el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la movilización y ejercen el protesta social.
- Reuniones previas con los organizadores de las movilizaciones, protestas y organizaciones defensoras de derechos humanos para acordar garantías de movilización pacífica
- En el marco del Consejo Distrital de Seguridad, del cual hace parte la Personeria Distrital, y en ocasiones como invitados la Procuraduría y la Defensoría, trabajo interinstitucional para la planeación de la jornada.
Además, mencionó las acciones coordinadas que adelanta la Alcaldía durante las jornadas de protesta como:
• La instalación del Centro de Operaciones de Emergencias - COE, con presencia de organizaciones defensoras de DDHH y Ministerio Público en el C4.
• Instalación del Puesto de Mando Unificado en la Policía Metropolitana, con la presencia de funcionarios del Distrito.
• Aplicación del protocolo para la intervención de las autoridades distritales y de policía, en donde se privilegia en primera instancia el diálogo, a través de los Gestores de Convivencia y de Dialogo Social.
• Solo en caso de uso de medios violentos por parte de manifestantes, se agota esta etapa de dialogo y se autoriza por instrucción de la Alcaldesa la intervención en primer lugar de la Fuerza Disponible de la Policía y como último recurso, se autoriza la intervención del ESMAD.
• En cualquier caso, por instrucción de la Alcaldía Mayor de Bogotá desde enero del presente año, está expresamente prohibido el uso de armas letales, como armas de fuego y escopetas calibre 12 por parte del ESMAD y en le manejo de movilizaciones y protestas sociales.
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La mandataria local manifestó que con el ánimo de contribuir al cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, desde la Alcaldía están dispuestos a preparar una propuesta de dicho estatuto, teniendo en cuenta los avances y la experiencia de la ciudad y los elementos sugeridos por la Corte, donde se incluirán los comentarios que frente al mismo, se reciban por parte de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y en general de la ciudadanía interesada.
"Le reitero señor Presidente nuestra total disposición de trabajar mancomunadamente para cumplir tanto lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia", concluyó Claudia López.
