La Corporación Anne Frank, una organización defensora de derechos humanos con enfoque de género, radicó hoy una petición al Ministerio de Salud para la priorización de las vacunas para “mujeres en prostitución por su altísimo grado de exposición”. La solicitud de extiende de igual manera para las mujeres víctimas de trata de personas.
A pesar de la progresiva inclusión de un buen número de grupos poblacionales a la lista de priorizados (generalmente a causa de algún padecimiento médico o condición de riesgo), hay otras poblaciones como las trabajadoras sexuales que se han visto excluidas a pesar de tener una alta probabilidad de contraer Covid-19.
Según denunció a Kienyke.com Fidelia Suárez, presidenta y fundadora del primer Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasexco), “los riesgos más grandes son el no contar con los protocolos de bioseguridad por parte del Gobierno, ya que todo se ha tratado hasta el momento de ayudarnos las unas a las otras”.
“Somos el pilar de nuestros hogares y todos los días nos toca salir para alcanzar al cliente y poder llevar el sustento a la casa. Estamos más expuestas a los contagios y también a contagiar a nuestras familias”, aseguró la líder sindical.
No obstante, según Suárez, lejos de recibir protección por parte de las entidades del Estado frente a su situación de vulnerabilidad, han sido víctimas de “hostigamiento y persecución por parte de la Fuerza Pública” y descuido de las autoridades sanitarias que “no hacen un monitoreo de las condiciones en los establecimientos y habitaciones”.
Sumado a ello, asegura que las condiciones económicas de las trabajadoras sexuales cada vez son más paupérrimas en cuanto "la clientela" se ha reducido un 30 a 40% con respecto a tiempos anteriores y “tenemos compañeras con Covid en estos momentos, con necesidades cada vez en aumento y no encontramos ya qué puerta tocar para que puedan llegar esas ayudas”
“Esto se presta para que nuestras compañeras hoy en día en los establecimientos, las que quedaron ahí y las que van, les toque lavar o pagar por el lavado de las cobijas o sábanas utilizadas. Ellas están cubriendo los protocolos de seguridad como portar el gel, su papel higiénico y el alcohol para desinfectar”, expone Suárez.
Una situación especialmente preocupante cuando se tiene en cuenta que muchas de esas mujeres “tienen que llevar el sustento a sus hogares y no cuentan con el dinero. Si no tienen para el sustento de su casa, mucho menos van a tener para estar comprando alcohol”.
Frente a ello Suárez, como cabeza principal de una organización que agrupa a más de 2 mil trabajadoras sexuales, considera que estas mujeres deben ser priorizadas “primero que todo en la salud, segundo en la protección social y tercero en los beneficios que da el Gobierno”.
Además, todavía más importante, que se realicen controles más minuciosos del estado de salud de las trabajadoras sexuales en relación con el Covid-19, ya que por ahora son ellas mismas las que se están protegiendo.
“Cuando se dan casos positivos, entre nosotras mismas nos estamos protegiendo y le estamos colaborando a las compañeras haciéndoles el monitoreo para que tengan la debida atención, porque no hay atención ni en las EPS, ni en las IPS, ni en los hospitales, y peor cuando nos identificamos como trabajadoras sexuales”, relata Suárez.
Cabe mencionar que Colombia atraviesa uno de los picos de contagio más duros desde el inicio de la pandemia. En los últimos días, el país ha llegado a la alarmante cifra de 3’945.166 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 166.231 siguen activos y casi 100 mil han fallecido por cuenta de la enfermedad.
No obstante, al tiempo que el Covid avanza también lo hace el Plan Nacional de Vacunación (PNV), que hoy por hoy atraviesa la etapa cuatro de la fase dos, en la cual están priorizadas las personas de 45 a 49 años, así como otros grupo poblacionales.
Hasta el momento, según el último boletín del Ministerio de Salud, han sido aplicadas en el país casi 15 millones de vacunas, de las cuales poco más de 4,7 millones corresponden a segundas dosis.
