La presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, se refirió este jueves a la decisión que tomó la Corte Constitucional al mantener en firme la facultad que tiene este tribunal para practicar pruebas relacionadas con la verificación de la fecha del delito en los trámites de extradición.
La magistrada manifestó que la declaración de la Corte deja zanjada esa discusión en el sentido de dar claridad en que los jueces de la JEP que den trámite a las garantías de no extradición sí pueden practicar pruebas.
"Estas decisiones de la Corte dan tranquilidad a los comparecientes, a los jueces, a la sociedad, en que cada vez se allana el camino para la plena realización de los principios constitucionales que significan brindar seguridad jurídica y garantías plenas de debido proceso", expresó Linares.
"Entendemos que, con lo que manifestado por la Corte, los jueces de la JEP, los magistrados tengan el encargo de tramitar esas garantías de no extradición consagradas en la norma constitucional, pueden en efecto practicar pruebas. Dice la Constitución que la JEP es una alta Corte y sus magistradas están sometidos, por ejemplo, al mismo régimen disciplinario, penal, pero también a las mismas condiciones que implica tener esa investidura: el fuero, por ejemplo", resaltó también la presidente del tribunal de paz.
Así mismo, hizo referencia al articulo 75 de la Ley 1922 de 2018 que habilitaba un procedimiento especial para juzgamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas y una instancia separada para ellos como la solicitaba el uribismo, que la Corte también declaró inexequible.
"Siempre hemos manifestado que no hay ausencia de una sala especial para tratar los temas relacionados con agentes del Estado y concretamente con agentes del Estado provenientes de la fuerza pública. Esa sala es la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que ha venido cumpliendo a cabalidad todas las funciones", afirmó.
