Controversia surgió a partir de las denuncias de la existencia del llamado cartel de la paz, que estaría involucrado en varias irregularidades en el manejo de los recursos destinados al posconflicto. El más reciente hallazgo de la Fiscalía vincula en el caso a Marlon Marín Marín, sobrino del líder de la Farc Iván Márquez.
Desde este jueves las autoridades adelantan un operativo en el marco de la investigación sobre los proyectos productivos del posconflicto. Se realizaron varios allanamientos a domicilios y oficinas de los supuestos intermediarios que estarían interesados "en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos", aseguró la Fiscalía.
Por ahora, las personas llamadas a interrogatorio en calidad de indiciados a las siguientes personas:
- Marlon Marín Marín, sobrino del líder de la Farc.
- María Elvira Valencia Gómez
- José Domingo Ardilla Neira
- María Isabel Rueda Rueda
- Yéssica Gómez
- Nayib Vergara
- Viviana Arias Garzón
- Sonia Velosa Mogollón
- Aldemar Cuello
Según el ente investigador, estas personas habrían conformado un grupo que tenía roles específicos para cada tema. Según la Fiscalía, al menos 160 alcaldes y algunos gobernadores estarían involucrados con las irregularidades encontradas.
Marlon Marín Marín, que esta semana fue capturado junto al exguerrillero Jesús Santrich estaría involucrado en los hechos de corrupción para la adjudicación de contratos. Al parecer esta situación ya la había advertido el fiscal general, Nestor Humberto Martínez:
“La sociedad colombiana con razón está preocupada por el manejo de los recursos para el posconflicto y en particular para unos recursos que tienen que ser sagrados, que son justamente los que se han venido apropiando del presupuesto nacional por virtud de la cooperación internacional para desarrollar proyectos productivos en beneficio de un grupo de reinsertados, a quienes la sociedad les tiene que ofrecer alternativas de economía lícita”.
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Otro de los datos que adelantó el fiscal es que una de las mujeres que estaría involucrada ya está contactando a la Fiscalía para que pueda declarar en un interrogatorio para ofrecer las explicaciones pertinentes en este caso.
Por otro lado, según las investigaciones que se adelantan, estas personas habrían pagado coimas de hasta 2.000 mil millones de pesos para que les adjudicaran proyectos productivos del posconflicto. La Fiscalía cuenta con grabaciones en las que aparecen las personas mencionadas.
