El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, aseguró este martes que con los $258,9 billones propuestos en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019 se podría garantizar el cumplimiento de los programas sociales, que hoy tienen problemas de financiación, pero para esto es necesario replantear las prioridades.
El ministro Carrasquilla, quien compareció ante las comisiones terceras y cuartas de Senado y la Cámara de Representantes, aseguró que el Gobierno presentará unas propuestas concretas con el fin de equilibrar los porcentajes de pago de la deuda y de inversión en el proyecto de presupuesto.
El titular de la cartera de Hacienda explicó que en la propuesta original hay un aumento de casi un 39% en los recursos destinados al pago de la deuda, que pasan de $47,9 billones en 2018, a $66,4 billones en el 2019, mientras que se reduce el presupuesto de inversión en un 9,4%, de $31 billones a $26,7 billones. “Además –puntualizó el ministro-, de esos $26,7 billones, una parte importante, unos $7 billones, se trata de vigencias futuras que deberán pagarse en el 2019, eso quiere decir que realmente bajo control del Gobierno, en ese proyecto, solo quedarían aproximadamente $19 billones para inversión”.
Así las cosas, Carrasquilla Barrera aseguró que su despacho está trabajando en una propuesta para someter a consideración del Congreso con el fin de recomponer ese presupuesto. “Debemos tener algo concreto a mediados del mes de septiembre para definir esos montos sin cambiar el total del presupuesto. La situación no está nada fácil, pero con un poco de esfuerzo y debate podemos llegar a un presupuesto que permita cumplir con los programas sociales sin pegarle un frenazo a la economía, como el que está implícito en el proyecto actual”.
El encargado de las finanzas públicas destacó el ordenamiento legal colombiano que permite adelantar un debate en el Congreso sobre la ley de presupuesto. “Es muy superior al de otros países, tenemos unas reglas de juego, unas fechas precisas y unos tiempos para adelantar las discusiones entre el ejecutivo y el legislativo”.
