Este jueves los negociadores del proceso de paz del gobierno y las Farc anunciaron que han llegado a un acuerdo sobre la forma en la que van a blindar jurídicamente lo que se acuerde en La Habana.
Según se dijo desde Cuba, con este mecanismo se busca asegurar su introducción (del Acuerdo Final ) al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho acuerdo, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional.
Según el comunicado conjunto, "se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados en el párrafo anterior".
Quedó claro que antes del 18 de mayo de 2016, en la constitución se incluirá un Acto Legislativo transitorio para formalizar el blindaje acordado.
"En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final", dice el comunicado anunciado en conjunto.
Lo que buscan las partes, según se dio a entender con este anuncio es garantizar la vigencia de los Derechos Humanos e impedir nuevas violaciones a causa del conflicto interno es poner fin al mismo. "Lo que buscamos en La Habana es terminar la guerra. Terminar la guerra es el mejor modo de garantizar los Derechos Humanos de los colombianos", señaló Humberto de la Calle.
"En desarrollo del Derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre una y otra cámara será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto, por mayoría calificada; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo".
Según anunció el jefe del equipo negociado del gobierno, "este un Acuerdo sumamente importante. Es un paso más en la consolidación de las conversaciones de La Habana".
De la Calle agregó que "el Gobierno mantiene su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra. El Jefe de la Delegación de las FARC hace pocos días abrió la puerta a una consulta popular. Es un anuncio que registramos de manera positiva. Igualmente, la Corte Constitucional está estudiando la ley que puso en marcha un Plebiscito para la Paz. En todo caso, lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado. Esa decisión será la que desencadenará los desarrollos jurídicos antes mencionados".
El funcionario del gobierno Santos agregó que se sigue trabajando "intensamente en las fórmulas para convenir el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de la guerrilla y el sistema de garantías para quienes dejen las armas y para todo el pueblo colombiano".
