El Gobierno de Colombia dijo que el partido FARC, nacido de la guerrilla desmovilizada, tiene hasta el 31 de julio para entregar todos los bienes que le atribuyen las autoridades, destinados a reparar víctimas del conflicto armado.
"El presidente de la República, Iván Duque, firmó el Decreto No. 205 de 2020, que fija el día 31 del mes julio del año en curso como fecha límite a las FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) para la entrega total de los bienes y activos inventariados el 15 de agosto de 2017", indicó en un comunicado la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
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Según el consejero presidencial Emilio Archila, encargado de los términos y condiciones para la entrega total de esos bienes, la norma anterior no contenía las disposiciones que determinaban la forma y los plazos en los que los guerrilleros desmovilizados debían cumplir con la entrega de bienes.
"La promulgación de la presente norma es un paso firme en el propósito del Gobierno Nacional de cumplirles a las víctimas", dijo Archila, según el comunicado.
El Gobierno sostiene que dos años y medio después de la presentación del inventario, los excombatientes no han finalizado la entrega material de todos los bienes inventariados y tampoco han aportado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de administrar dichos bienes, la información necesaria para cumplir con ese propósito.
"Para la gestión, recepción, verificación, custodia y administración de los activos inventariados, se requiere la designación de delegados de las FARC que cuenten con la información suficiente para identificar plenamente los bienes y adelantar la diligencia de entrega del material", agregó la Consejería.
La FARC aún no se pronuncia sobre esta fecha impuesta por el Gobierno.
El pasado octubre el Gobierno anunció que daba plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para la entrega, lo cual fue calificado por ese partido como "incoherente" e "inconveniente" para la implementación de la paz en el país.
La FARC también señaló esa vez que solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal de justicia transicional) la adopción de medidas cautelares de aseguramiento de los bienes, ya que por ser excombatientes en tránsito a la vida civil no pueden controlar lo que pasa con bienes para terceros.
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Según el Gobierno, de los 542.000 millones de pesos (unos 159,4 millones de dólares) que las FARC reportaron en el inventario de bienes y recursos para entregar con destino a la indemnización de las víctimas, solo se han hecho efectivos el equivalente a unos 882.000 dólares.
