Hoy debe definirse en audiencia la adjudicación del contrato para el manejo de la salud de cerca de 350.000 profesores; un proceso que no ha estado exento de polémica y hoy se configura la probabilidad de dejar sin mejoras un sistema de salud que desde hace años los docentes, pertenecientes al FOMAG, piden a gritos.
La licitación busca adjudicar 5,2 billones de pesos para los próximos cuatro años para la prestación de los servicios de salud de los educadores. La administración de estos recursos está a cargo de la Fiduprevisora S.A.
Miles de docentes se quejan del actual estado del sistema de salud, mal servicio y falta de cobertura, puntos que por cierto hicieron parte del pasado paro de maestros, por lo que esta nueva adjudicación podría traer algún tipo de solución a esta problemática. Sin embargo, el proceso se ha visto retrasado por las constantes denuncias y señalamientos de irregularidades.
La licitación pretende prestar el servicio dividiendo el país en diez regiones, por lo que se firmarán diez contratos para los nuevos prestadores.
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Los actuales prestadores del servicio tienen su contrato vencido desde el 2016 y recibieron una prórroga hasta la adjudicación de los nuevos contratos. En marzo del año pasado se abrió un primer proceso que fue declarado desierto en diciembre del mismo periodo, porque ninguna de los 28 oferentes cumplía con los requerimientos técnicos.
Un nuevo proceso abrió en febrero de 2017 y tras ocho meses tampoco se ha tomado una decisión al respecto debido a diferentes tropiezos y obstáculos, siendo la más complicada la región 8, que comprende los departamentos de Antioquia y Chocó.
Presuntas irregularidades en la Región 8
El contrato de la región 8 es de 708.000 millones de pesos, la segunda más alta en el país. Al proceso se presentaron tres oferentes: la Unión Temporal Red Vital, la Unión Temporal Megsalud y la Fundación Médico Preventiva.
Se han presentado en el proceso descalificaciones a algunos proponentes, por una presunta falsedad ,no obstante, con posterioridad este argumento fue desestimado por irregularidades en la tacha de falsedad.
Otra presunta irregularidad sucedió recientemente, luego de que se declarara que ambas firmas no enviaron medios magnéticos requeridos, por lo que saldrían otra vez de la ecuación.
Este portal tuvo acceso a un reclamo realizado por Megsalud que asegura que “los medios magnéticos fueron entregados tal como está certificado en el acta de cierre la cual firman 10 funcionarios de Fiduprevisora S.A. y 22 testigos y si no fueron entregados le corresponde es a la Fiduprevisora S.A. emitir el concepto y las pruebas que demuestren que el mismo acto administrativo ya probado y aceptado en el acta de cierre no es real”.
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Por este motivo se verían afectados los proponentes de las regiones compuestas por los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Cesar y Meta, en los que el proceso de licitación quedaría en el limbo.
Involucrados en el proceso aseguran que estos sucesos crean dudas sobre la transparencia del procedimiento y la actuación de Fiduprevisora y la Unión Temporal Red Vital.
Por otro lado Sandra Gómez Arias, presidenta de Fiduprevisora S.A., ha sido señalada en audiencia pública por parte de algunos de los oferentes. Según comentan, esta funcionaria ha sido la encargada de presidir las audiencias y participar activamente en el proceso.
Por otra parte Andrés Flórez Villegas, apoderado de la Unión Temporal Red Vital, ha sido también abogado de Sandra Gómez Arias en dos procesos jurídicos personales, lo cual fue confirmado por la propia presidenta de la entidad tras responder a un derecho de petición al cual tuvo acceso este portal, oferentes que tuvieron acceso a esta información, afirman que existe un conflicto de intereses.
Se espera que en la audiencia de adjudicación antes de la decisión final se resuelvan todas las inquietudes presentadas por cada uno de los oferentes, mientras tanto los profesores seguirán con la expectativa de tener un prestador de servicio de salud idóneo.
