WASHINGTON — El incesante empeño del presidente estadounidense, Donald Trump, por anular el resultado de las elecciones que perdió se ha convertido en la prueba de resistencia más importante de la democracia estadounidense en generaciones, una prueba que no es encabezada por la determinación de revolucionarios externos de derrocar al sistema, sino por el mismo dirigente que tiene la responsabilidad de defenderlo.
En los 220 años desde que un derrotado John Adams entregó la Casa Blanca a su rival, con lo que estableció categóricamente la transferencia pacífica del poder como un principio fundamental, ningún presidente en funciones que haya perdido unas elecciones ha intentado aferrarse al poder impugnando al Colegio Electoral y atentando contra la voluntad de los electores… hasta ahora. Es un escenario totalmente impensable, pero al mismo tiempo temido desde el inicio del mandato de Trump.
El presidente ha ido mucho más allá de solo expresar sus reclamos o generar una narrativa que cuide su reputación y justifique una derrota, como lo hizo durante los días posteriores al 3 de noviembre, según insinuaron en privado sus asesores. Más bien, ha ampliado o cruzado los límites de la tradición, los buenos modales y quizás la ley para encontrar alguna manera de aferrarse al cargo después de que, en dos semanas, termine su periodo. El hecho de que sea casi seguro que fracase y que tome posesión el presidente electo Joe Biden el 20 de enero no disminuye el daño que le está haciendo a la democracia al socavar la confianza que tiene el pueblo en el sistema electoral.
La llamada telefónica de una hora que sostuvo Trump el fin de semana con Brad Raffensperger, alto funcionario electoral de Georgia, con el fin de presionarlo para que “encontrara” los votos suficientes para anular la victoria de Biden en ese estado solo puso de relieve lo que el presidente ha estado haciendo durante semanas. Ha llamado a los gobernadores republicanos de Georgia y Arizona para que intercedan. Ha citado en la Casa Blanca a los líderes de la legislatura republicana de Míchigan para presionarlos a que cambien los resultados de su estado. Llamó varias veces al presidente republicano de la Cámara de Representantes de Pensilvania para que le ayudara a anular los resultados en ese estado.
Trump y su personal han sugerido retrasar la toma de posesión de Biden, pese a que, según la Constitución, es inamovible y el presidente se reunió con un antiguo asesor que lo ha exhortado públicamente a declarar la ley marcial para “repetir” las elecciones en los estados que perdió. El comportamiento errático de Trump ha preocupado tanto a los comandantes del Ejército, quienes temen que intente usar a los soldados para permanecer en la Casa Blanca, que todos los exsecretarios de Defensa —incluyendo a dos que él mismo nombró— publicaron una advertencia contra la participación de las Fuerzas Armadas.
Sin dejarse intimidar, el presidente ha alentado al vicepresidente Mike Pence y a sus aliados en el Congreso a que hagan todo lo que puedan para impedir la declaración formal final de la victoria de Biden cuando se reúna el Congreso el miércoles, con lo que pretende convertir lo que históricamente ha sido un momento solemne en una confrontación desesperada sobre las elecciones. Esta idea ha inquietado incluso a muchos republicanos veteranos y está garantizado que no será suficiente, lo cual significará una gran frustración para el presidente.
“¡El ‘comité de entrega’ del Partido Republicano quedará manchado como ‘un guardián’ débil e ineficaz de nuestro país, dispuesto a aceptar la certificación de cifras fraudulentas de las elecciones presidenciales!”, escribió Trump en Twitter el lunes, lo que de inmediato recibió una etiqueta de verificación de información por parte de la empresa de redes sociales.
Negó atentar contra la democracia al publicar una cita que atribuyó al senador por Wisconsin Ron Johnson, uno de sus aliados republicanos: “No estamos tomando medidas para boicotear el proceso democrático, estamos tomando medidas para protegerlo”.
Sin embargo, estos intentos de Trump les resultan conocidos a muchas personas que han estudiado regímenes autoritarios en países de todo el mundo, como los encabezados por el presidente Vladimir Putin en Rusia y el primer ministro Viktor Orbán en Hungría.
“El intento de Trump de anular las elecciones y su táctica de ejercer presión para ese fin sobre Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia, son un ejemplo de cómo funciona el autoritarismo en el siglo XXI”, señaló Ruth Ben-Ghiat, autora de “Strongmen: From Mussolini to the Present” (los dictadores: desde Mussolini hasta la época actual). “Los dirigentes de hoy en día llegan al poder a través de las elecciones y luego las manipulan para permanecer en el cargo… hasta que tienen el poder suficiente para obligar a los órganos legislativos a mantenerlos ahí por tiempo indefinido, como lo han hecho Putin y Orbán”.
La aseveración de Trump de que de alguna manera le robaron las elecciones no ha conseguido seguidores en ninguno de las docenas de juzgados en los que él y sus aliados han demandado, incluyendo la Corte Suprema, con tres jueces que él nombró. Los funcionarios electorales republicanos en los estados en disputa como Raffensperger han considerado que sus aseveraciones son falsas. Incluso el propio fiscal general de Trump, William Barr, afirmó que no observó ningún fraude generalizado que hubiera cambiado el resultado de las elecciones.
El lunes, un grupo de 22 historiadores publicaron un comunicado en el que señalan que las elecciones de 2020 ni siquiera estuvieron especialmente reñidas en términos históricos. Biden ganó más votos del Colegio Electoral que los candidatos ganadores en cinco elecciones desde 1960, así como mayorías de voto popular más amplias que en más de la mitad de las elecciones presidenciales de las últimas seis décadas.
“Sin embargo, en ninguna de estas elecciones hubo un candidato perdedor que intentara atribuirse la victoria saboteando con absoluto descaro el proceso electoral como lo ha hecho y lo sigue haciendo Donald Trump”, decía la carta, coordinada por Douglas Brinkley de la Universidad Rice y por Sean Wilentz de la Universidad de Princeton. Entre los firmantes estuvieron Michael W. McConnell de la Universidad de Stanford, un antiguo juez de la corte de apelaciones que de manera eficaz rechazó la validez de la iniciativa encabezada por uno de sus exempleados, el senador republicano por Misuri Josh Hawley.
Desde hace mucho tiempo se ha cuestionado la lealtad de Trump hacia el concepto de la democracia estadounidense. Desde los primeros días de su campaña por la Casa Blanca, sus detractores insinuaron que el mandatario tenía tendencias autocráticas, mismas que planteaban preguntas acerca de si en determinado momento sabotearía la democracia o pretendería permanecer en el poder aunque perdiera, preguntas que sonaron tanto, que él se sintió obligado a responder. “No hay nadie menos fascista que Donald Trump”, hizo hincapié en 2016.
No obstante, en los años posteriores, Trump hizo muy poco por contrarrestar esos temores. Manifestó su admiración por dictadores como Putin; Orbán; el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y envidió su capacidad de actuar decididamente sin los controles de un gobierno demócrata. En diferentes momentos afirmó que la Constitución “me permite hacer lo que yo quiera”, cuando lo investigaba el fiscal especial y que tenía “toda la autoridad” para ordenarles a los estados que cumplieran sus deseos.
Quiso convertir los organismos gubernamentales en instrumentos de poder político y presionó al Departamento de Justicia para que procesara a sus enemigos y que fuera indulgente con sus amigos. Ha usado las órdenes ejecutivas de manera tan excesiva, que en algunas ocasiones las cortes dictaminaron que llegaron demasiado lejos. En 2019, fue impugnado por la Cámara Baja controlada por los demócratas por abuso de poder al presionar a Ucrania para que le ayudara a manchar la reputación de Biden, aunque después fue absuelto por el Senado controlado por los republicanos.
Al final, este periodo de conflictos y confrontaciones no debió haber sido sorpresa para nadie que hubiera observado a Trump durante los últimos cuatro años. El presidente anunció sus planes de impugnar las elecciones a menos que él ganara, sugirió desde el verano que se pospusieran las votaciones de noviembre y se rehusó a comprometerse a una transferencia pacífica del poder. Incluso ahora, a solo dos semanas de que finalice su gestión, existen dudas acerca de cómo saldrá de la Casa Blanca cuando Biden tome posesión.
Aún no se sabe qué más podría intentar hacer para detener el proceso porque, al parecer, se le han agotado las opciones. Pero sigue sin estar dispuesto a reconocer la realidad de la situación y, mucho menos, a seguir el ejemplo de John Adams.
Por: Peter Baker / The New York Times
