Los senadores y congresistas estadounidenses que solicitaron recortar la ayuda financiera directa que recibe la Policía Nacional de Colombia no quitan el dedo del renglón. Al interior del Congreso, algunos políticos estadounidenses hacen lo que está a su alcance para que la Administración de Joe Biden “envíe una señal contundente al Gobierno colombiano”.
El congresista Jim McGovern, uno de los que apoyó la solicitud, habló con la Agencia Anadolu y aseguró que además de sugerir y apoyar el recorte financiero a la ayuda directa que recibe la Policía colombiana, está enfocado en evitar que el dinero de los contribuyentes estadounidenses sea utilizado para “dañar a los colombianos” que ejercen su derecho a protestar.
“Hemos alentado a la Administración de Biden a enviar una señal contundente al Gobierno colombiano de que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Sugerí que suspendamos la asistencia de seguridad a Colombia, y ahora quiero asegurarme de que nada de nuestro dinero se vaya a la Policía Nacional, ya que se ha utilizado de la manera que hemos visto en los videos”, dijo McGovern.
La respuesta de parte de la Administración Biden a la crisis política y social en Colombia fue criticada entre los congresistas en Estados Unidos. McGovern considera que esta no fue la más acertada y de ahí que ahora la presión se esté enfocando en el recorte al apoyo financiero a la Policía colombiana.
Estados Unidos, bajo la Administración Biden, ya recortó en los últimos seis meses el presupuesto de ayuda financiera para las policías y otras instituciones de El Salvador, Honduras y Guatemala, por señalamientos de violaciones a derechos humanos y corrupción hacia funcionarios públicos, policías y diputados de estos países.
La violencia se desató en Colombia hace más de dos meses, después de que el presidente Iván Duque anunciara una reforma tributaria que despertó el descontento nacional, en medio de la crisis económica que viven muchos colombianos por la pandemia de COVID-19.
Durante las protestas, que iniciaron el pasado 28 de abril en el marco del llamado paro nacional, decenas de personas han fallecido y otras han resultado heridas. Además, al menos dos policías fallecieron y otros miembros de la fuerza pública también fueron lesionados en enfrentamientos durante las protestas.
Límites a la venta de equipos
Según McGovern, los colombianos están cansados de la situación social y política y las protestas son un derecho de todos los ciudadanos de cualquier país del mundo. Por eso está dispuesto a seguir presionando para que la Policía que intenta reprimir a los manifestantes no reciba dinero estadounidense.
“Es realmente horrible lo que está pasando, tenemos que estar pendientes de las ventas comerciales de equipos al ESMAD en Colombia, para asegurarnos de que no estén comprando balas o cualquier tipo de equipo antidisturbios que se pueda usar o especialmente que se haya usado contra los manifestantes”, aseguró el congresista.
Y continuó: “El Gobierno no está prestando atención al hecho de que la pobreza está creciendo, el desempleo está creciendo, la pandemia de COVID-19 se ha manejado mal, los jóvenes no ven un futuro. Por eso los colombianos están saliendo a la calle, están diciendo que ya es suficiente. En los países democráticos la gente tiene derecho a protestar”.
McGovern también señala que el clima de violencia y la falta de atención o respuesta a los problemas de pobreza y desempleo sin violencia por parte del Gobierno no solo daña la imagen que Colombia ha construido internacionalmente y que le ha costado construir, sino que también pone en riesgo el clima de inversión extranjera en el país.
“Colombia es un país increíble, con posibilidades infinitas, con potencial, pero, ¿cree que las empresas internacionales o estadounidenses querrían invertir en un país donde la Policía está brutalizando a los manifestantes pacíficos?”, dijo el congresista.
McGovern es el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes del Congreso, que tiene una gran influencia en la política estadounidense, pues ahí se decide si una propuesta de ley debe pasar de esa instancia al Senado. Los recortes presupuestarios a la ayuda financiera hacia los países de Centroamérica pasaron primero por las manos de ese grupo.
