Los servicios de inteligencia de Estados Unidos tenían previsto que Nicolás Maduro ganaría las elecciones en Venezuela por las buenas o por las malas, escribía semanas atrás el editor para América Latina del Financial Times, Michael Stott. Y añadía: “Esto podría alarmar a la oposición, pero algunos inversores atisban una oportunidad”. La situación de Venezuela hoy aparece muy volátil, y nadie puede arriesgarse a pronosticar el desenlace, porque el fraude resulta demasiado evidente y por la represión violenta del régimen contra los opositores en la calle, dos de los factores con los que no contaban esos alegres “inversores” a los que se refería el prestigioso diario londinense.
La “victoria electoral” plantea a Maduro un nuevo problema. Ya tiene las sanciones de Estados Unidos, Europa y el Reino Unido y las causas judiciales que se siguen contra él y contra sus colaboradores más cercanos. Ahora se enfrenta, además, a la falta de reconocimiento internacional. El reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador por parte de Washington, supone el abandono de la administración Biden de la idea de aliviar las tensiones con Caracas, para frenar el flujo de emigrantes venezolanos hacia la frontera estadounidense, y mejorar el suministro de petróleo a los mercados mundiales tras la invasión rusa de Ucrania. Pero Juan Guaidó también fue reconocido, tras otro proceso fraudulento, y no pasó nada.
Esta vez también el proceso venía viciado desde el principio con la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, y con el silenciamiento de los medios de comunicación controlados por el Estado que callaban todo lo referente a la campaña opositora. Pero ante una oposición que se blindó como nunca antes para enfrentar las mañas del régimen Maduro se ha encontrado ante su mayor desafío. Decenas de miles de voluntarios actuaron como testigos en los colegios electorales y, aunque fueron despedidos sin recibir el recuento final, consiguieron el 80% del resultado mediante una copia o haciendo foto de las actas. Trabajo que trasladaron a una página web y, si nos atenemos a su resultado, Edmundo González resultó vencedor con claridad, con 7,1 millones de votos (67%) por 3,2 millones (30%) de Maduro.
Lo que siga de aquí en adelante, como decía antes, es muy difícil de prever. La represión sangrienta del régimen y el evidente fraude electoral podrían desalentar a los inversores internacionales que nunca han perdido de vista las inmensas reservas petroleras del país. A pesar de las sanciones Washington había garantizado de manera discreta exenciones para alianzas individuales de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, con compañías extranjeras de petróleo y gas. El principal beneficiado fue Chevron, pero la francesa Maurel & Prom, la española Repsol, BP y Shell también consiguieron licencias.
Hay un principio básico en el periodismo de investigación que es: “cuando hay un delito, siga el dinero”. En Venezuela, según todos los indicios, ha habido un delito: el presunto robo de unas elecciones. El dinero está en un sistema que ha llevado al país a suspensión de pagos y a una caída del PIB del 75%. Pero si la situación se estabiliza, Maduro se consolida (con el apoyo de Rusia, Irán y China no sería de extrañar) y no comete el último error que sería detener a María Corina Machado y a Edmundo González, entonces puede que el dinero aparezca también en las jugosas inversiones previstas por las empresas arriba mencionadas.
Entonces podríamos encontrarnos con que a la chita callando, con el cinismo que rige las relaciones internacionales, las potencias occidentales digan: “tenemos relaciones con regímenes más impresentables y el petróleo venezolano nos viene bien”. En tal caso la oposición habrá perdido su última gran oportunidad y Venezuela, que cada vez se parece más a Cuba, no vuelva ya a tener procesos electorales garantistas.
Puede que los haya, pero entonces sí abiertamente como los que se celebran en la isla caribeña. Que para esos resultados, da igual que no se vuelvan a celebrar elecciones nunca.
