El reciente proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno de Gustavo Petro produjo una ola de críticas y preocupaciones. Esta inoportuna iniciativa, que busca recaudar $12 billones, se presenta en un contexto de derroche y falta de transparencia en el aumento del presupuesto de funcionamiento. Es indignante y paradójico que, mientras se busca aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos y empresas, el gobierno no tome medidas concretas para reducir sus propios gastos innecesarios.
Desde la constitución de 1991, Colombia ha tramitado 21 reformas tributarias, lo que equivale a una cada 18 meses. Este constante cambio en las reglas del juego, para apagar el incendio fiscal del momento, ha generado una gran incertidumbre jurídica para los inversionistas, quienes ven cómo las condiciones fiscales cambian de manera impredecible, afectando sus decisiones de inversión y, en última instancia, la sostenibilidad del crecimiento económico del país.
Además, es crucial enfrentar la excesiva concentración de poder en cabeza de la Presidencia de la República. En Colombia tenemos una monarquía presidencial coronada por un centralismo presupuestal nacional dictatorial. La actual estructura fiscal centralizada limita la capacidad de los municipios y regiones para gestionar sus propios recursos y responder a las necesidades locales.
Se necesita una reforma a las finanzas territoriales que otorgue soberanía fiscal a municipios y regiones para promover un desarrollo más equitativo en todo el país. Los alcaldes, en particular los mandatarios de municipios de sexta categoría
que representan el 88% del país, no pueden continuar en la posición indigna de ir a Bogotá para mendigar ante un congresista o un ministerio la posibilidad de obtener una partida presupuestal que permita financiar un proyecto de inversión en su territorio.
Las principales críticas a la reforma tributaria incluyen el aumento desmedido del presupuesto de funcionamiento, como la creación del Ministerio de la Igualdad, los contratos de prestación de servicios, las nuevas embajadas, las transferencias improductivas y los subsidios que pretenden clientelizar el electorado para las elecciones de congreso y presidencia en el 2026. Subsidios si, para quienes realmente lo necesitan como una oportunidad para salir adelante, no para
convertirlos en un proyecto de vida bajo la premisa de nunca perder el subsidio.
Además, las consecuencias de violar la regla fiscal son graves, ya que pueden llevar a un aumento descontrolado del déficit y la deuda pública. Las calificadoras de riesgo han mantenido la calificación de Colombia en 'BB+' con una perspectiva estable. Esta calificación refleja la estabilidad macroeconómica y financiera del país, pero también señala desafíos fiscales significativos, como altos déficits fiscales y una alta dependencia de los ‘commodities´ o materias primas. Fitch Ratings espera que el déficit fiscal del gobierno central se amplíe al 5.6% del PIB en 2024, lo que podría afectar la confianza de los inversionistas y los principales indicadores macroeconómicos. La reforma también tendría un impacto negativo en las pequeñas empresas, que verían aumentada su carga fiscal y reducida su capacidad de inversión y crecimiento.
En Colombia, el presupuesto general de inversión sigue siendo aprobado de manera agregada y no desagregada, lo que impide un análisis detallado y transparente de las partidas y proyectos específicos. Esta práctica oculta a la ciudadanía y a los entes de control la verdadera asignación de recursos, facilitando el mal uso de los fondos públicos. La falta de desagregación impide una evaluación crítica y detallada de las inversiones, perpetuando un sistema donde la rendición de cuentas es prácticamente inexistente.
En conclusión, la reforma tributaria del gobierno Petro no solo aumenta la carga fiscal sobre los ciudadanos y empresas, sino que también perpetúa un sistema centralizado y opaco que limita el desarrollo regional y genera inseguridad jurídica para los inversionistas. Es hora de que Colombia adopte un enfoque más transparente y descentralizado en su política fiscal, que promueva la eficiencia y la equidad en la administración de los recursos públicos.
Una propuesta de simplificación del estatuto tributario podría aumentar el recaudo, luchar contra la evasión y elusión, y facilitar la declaración de impuestos al contribuyente. Para lograr este propósito, es necesario realizar cambios institucionales en la DIAN, de manera que se convierta en una autoridad que regule, pero sea amigable con los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
