Después de que una turba incitada por el presidente Donald Trump asaltó y ocupó el Capitolio, la democracia estadounidense necesita protección en este momento, y no solo ahora, sino también en las próximas semanas y años.
Hay informes de debates preliminares dentro del gobierno sobre la invocación de la 25.ª Enmienda, una disposición de la Constitución que establece un proceso para declarar a un presidente en funciones incapaz de seguir desempeñando su cargo. Otra petición viene de una fuente sorprendente: la Asociación Nacional de Fabricantes, que normalmente no es una organización conocida por este tipo de activismo político, la cual declaró que el vicepresidente Mike Pence “debería considerar seriamente trabajar con el gabinete” para invocar la enmienda a fin de destituir al presidente Trump y “preservar la democracia”. Se está invocando la 25.ª Enmienda con el argumento de que Trump no es apto para ocupar el cargo e incitó el caos que se desarrolló en el Capitolio, mismo que puede desarrollarse de nuevo.
También hay llamamientos de varios representantes demócratas para someter al presidente a un juicio político por sus acciones en torno a la toma ilegal y violenta de una de las tradiciones más sagradas de la democracia estadounidense.
La magnitud de la crisis actual exige ambas medidas. La amenaza que el presidente representa para nuestra democracia no es efímera y debe eliminarse de manera urgente y decidida, antes de que conduzca a una degradación aún mayor de los procesos y tradiciones democráticos de la nación. Tendrá que ocurrir con rapidez, aun cuando haya otras exigencias apremiantes para los dirigentes de nuestro país como la certificación de los resultados de las elecciones, el despliegue de la vacuna contra la COVID-19 y la estabilización de una nación en crisis.
Para ello, el gabinete y el Congreso deben implementar en secuencia la 25.ª Enmienda y el proceso de juicio político.
En primer lugar, el vicepresidente Pence y la mayoría del gabinete deben invocar la sección 4 de la 25.ª Enmienda para declarar a Trump “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”. Esto suspendería de inmediato a Trump del ejercicio de sus deberes presidenciales, sin destituirlo, y nombraría a Pence como presidente interino. La 25.ª Enmienda no debe ni debería usarse como una solución duradera en un caso de este tipo, sino más bien como una medida provisional para hacer a un lado a un actor que ha demostrado su incapacidad y peligrosidad, y que incita a la comisión de actos antidemocráticos.
En segundo lugar, la Cámara Baja deberá redactar y aprobar de manera expedita los artículos del juicio político. Y luego el Senado deberá celebrar un juicio justo, pero inmediato y eficiente, tanto para retirar al presidente Trump de su cargo como para descalificarlo del ejercicio público en el futuro, que es igual de importante. El precedente sugiere que el Senado probablemente necesitaría celebrar dos votaciones separadas para la destitución y la descalificación, aunque el voto de la descalificación puede requerir solo una mayoría simple para ser aprobado, a diferencia del voto de dos tercios necesario para la destitución del cargo.
La descalificación es necesaria dada la respuesta antidemocrática de Trump a las elecciones de 2020 y el continuo peligro que supondrá para las normas constitucionales si se le permite considerar la idea del regreso al poder en 2024. De hecho, la importancia de la inhabilitación en este caso es tal que el Congreso debe proceder al juicio político, aunque el mandato de Trump ya haya concluido.
Una votación pública y un juicio rápido en el Senado darían la tan necesaria legitimidad a las acciones para destituir a Trump. Al obligar a los republicanos a defender la democracia y a oponerse a las acciones del presidente, también reafirmaría el apoyo bipartidista a los principios fundamentales de la democracia estadounidense. Además, aunque la 25.ª Enmienda está prevista principalmente para enfermedades u otras incapacidades objetivas, el juicio político ofrece una respuesta moral apropiada a la conducta del presidente, que incluye la incitación a la violencia y ataques a las normas democráticas fundamentales.
¿Por qué hacer esto cuando al presidente Trump solo le quedan dos semanas de mandato? Porque debemos defender nuestra democracia para todos los estadounidenses ahora. Y debemos preservar nuestra democracia para los estadounidenses del futuro. Debemos asegurarnos de que haya un campo de posibles aspirantes republicanos a la presidencia en 2024 que tengan integridad. Y debemos tranquilizar al mundo, y en especial a los posibles regímenes autoritarios, sobre cuál será la política de Estados Unidos en materia de libertad y autogobierno ahora y en el futuro.
La Constitución no ofrece protección contra todas las amenazas que actualmente enfrenta nuestra democracia. Pero contiene una serie de salvaguardias útiles. Y llegó el momento de desplegarlas... con urgencia.
Por: David Landau y Rosalind Dixon / The New York Times
