El pasado 7 de febrero el gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2022-2026, la hoja de ruta para convertir a Colombia en una potencia de vida.
Las grandes apuestas que el Gobierno contempla en este documento: Ordenamiento del territorio alrededor del agua; Seguridad humana y justicia social; Derecho humano a la alimentación; Transformación productiva, internacionalización y acción climática; y Convergencia regional. Estos están cruzados además con tres ejes transversales: Paz total, como propósito general; actores diferenciales para el cambio, es decir, que toda la sociedad participa; y Estabilidad Macroeconómica, para garantizar recursos, desarrollo y bienestar para el país.
Con su presentación, se propone al Congreso un plan para los próximos cuatro años, construido con base en las casi 90.000 propuestas recibidas en los Diálogos Regionales y en el programa que nos llevó a ser el proyecto político más votado de la historia.
Ahora, conforme a la Ley y a la constitución, el Plan surtirá su trámite en el Congreso donde, en ejercicio de la democracia, se discutirá el articulado para obtener una ley que recoja voces y propuestas que surjan desde otros sectores. El proyecto deberá ser aprobado a más tardar el 6 de mayo de este año. Hasta entonces, ejerciendo nuestra labor parlamentaria, como bancada debemos buscar cómo fortalecer este Plan para así lograr un documento realmente transformador. En este orden de ideas, una de las materias en que se puede y debe ampliar contenidos es en género y mujeres.
Según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios, el año pasado hubo 612 feminicidios en el país; el desempleo y la pobreza afectan mayoritariamente a mujeres; los hombres destinan menos tiempo a labores no remuneradas y al trabajo doméstico; la brecha salarial y de participación laboral nos sigue dejando relegadas frente al trabajo masculino, las leyes de paridad, por sí solas, no llevan a una verdadera representación femenina en cargos de elección ni en los altos cargos de decisión; y socialmente seguimos siendo condenadas por denunciar las violencias que vivimos y por querer vivir libremente nuestros cuerpos; solo por nombrar algunos casos que debemos enfrentar en Colombia, solo por el hecho de ser mujeres.
Si bien el PND de nuestro gobierno avanza y consolida buenas políticas, es necesario poner el acento y brindar herramientas concretas que permitan atacar las violencias y desigualdades que enfrentamos las mujeres. En este sentido, se debe reconocer a las mujeres, ya no como sujetos pasivos receptores de recursos públicos ni tampoco como sector poblacional, sino como protagonista del país a las que se vulneran los derechos de forma estructural. La oferta institucional debe superar el énfasis en el monitoreo o el emprendimiento, y convertirse en garantía de vida y seguridad, también para nosotras.
En esta línea, propondré que el PND brinde viabilidad jurídica a la emergencia de género presentada en noviembre de 2022, para así volcar las herramientas del Estado a proteger a las mujeres, buscando detener las violencias que se han visto exacerbadas en los últimos meses. Además de ello, acompañaré a organizaciones de la sociedad civil con las propuestas que han trabajado por años tendientes a garantizar nuestros derechos de manera integral.
Porque defender a las mujeres es defender la vida, es construir la Paz Total y consolidar las grandes transformaciones que requiere nuestro país.
