La reciente controversia en torno a las declaraciones de Olmedo López, que vinculan a funcionarios públicos con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desató una serie de ataques y descalificaciones por parte del Gobierno colombiano. La respuesta, que parece más una maniobra de distracción que una defensa genuina, intenta desviar el debate del fondo del asunto y socavar la libertad de expresión. Sin embargo, la gravedad de la situación y el derecho a pronunciarse acerca de temas de interés público deben prevalecer sobre los oscuros intereses que merodean el Palacio de Nariño.
En el caso de la UNGRD, actualmente en la Corte Suprema de Justicia, las declaraciones de Olmedo López explican el modus operandi de los posibles brazos criminales del Gobierno que operan en el Congreso. Pese a las graves acusaciones, en lugar de acudir al escenario natural de debate, los órganos competentes, el Gobierno ha optado por una retórica paranoica que percibe ataques en todas partes. La respuesta ha sido silenciar las voces críticas y evitar el escrutinio público, pese a que todos los ciudadanos tenemos el derecho a pronunciarnos sobre los temas de interés nacional.
En mi trino de esta semana, sin deshonrar el nombre de ninguna persona, pese a que ya se comienzan a conocer los nombres de los determinadores y motivos del delito, reafirmé la dignidad de la fuerza pública y subrayé el papel esencial que juega en la democracia. Ante el caos institucional sin precedentes que vive Colombia, debemos apoyar a quienes, no solo son garantes armados del orden constitucional, también tienen la misión de proteger a la ciudadanía del crimen organizado.
Mi trino se basa en las declaraciones de un testigo ante la Corte Suprema de Justicia que ha revelado posibles actividades delictivas que vincularían a la UNGRD con el financiamiento de la guerrilla del ELN. Los funcionarios implicados serán llamados a responder, sin importar su poder o influencia, para satisfacer las exigencias del principio de legalidad, es decir, el sometimiento de todas las personas a lo previsto en el ordenamiento jurídico.
La crisis de la democracia en Colombia se ha profundizado porque el presidente no ha comprendido los límites del ejercicio del poder ni su papel como estadista. En lugar de asumir una postura constructiva y abierta al diálogo, el Gustavo Petro ha optado por una retórica confrontativa que busca enemigos en todas partes. Pero la polarización que los llevó al poder solo debilita las instituciones democráticas y mina la confianza pública en ellas.
En ejercicio del derecho fundamental a la libre expresión, considero que perder el miedo a comparecer ante las autoridades —en lugar de emplear el desprestigio como táctica de guerra en X— es un primer indicio de honestidad. El Gobierno debería dar las explicaciones correspondientes, en lugar de distraer la atención de la ciudadanía. Solo así se recuperará la salud de nuestra democracia.
El presidente, al buscar enemigos en cada esquina y fomentar la confrontación, revela su actitud populista. El tono escogido para este debate perjudica la cohesión social y desconoce los fundamentos mismos de la república. En lugar de promover el diálogo y la transparencia, el Gobierno se refugia en la polarización y en la descalificación de las voces críticas. Presidente Petro, este escándalo que ha sido dado a conocer por los medios de comunicación, con amplísimo despliegue, debe enfrentarse con explicaciones ante las autoridades competentes, no con división y desconocimiento de la libertad de expresión. No solo se trata solamente de no robar, se trata de no dejar que roben.
