En la década de los ochenta, del siglo pasado, se hablaba de El Salvador por algunas de estas razones: 1) por la guerra que le cobró la vida a monseñor Óscar Romero, el 24 de marzo de 1980; 2) por el Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) y su conexión con los sandinistas en Nicaragua, 3) por el éxodo de miles de salvadoreños que fueron, en condición de refugiados, a poblar gran parte de Belice, sobre todo su capital (Belmopán) y 4) por el Grupo Contadora.
Nuevamente, El Salvador se ha puesto moda gracias a su presidente, Nayibe Bukele, que acaba de ser reelegido con un 85% de votos válidamente emitidos (según fuentes oficiales). Porcentaje que se debe a sus altísimos niveles de popularidad soportados sobre un modelo de seguridad ciudadana que, en el marco del Estado de Excepción, resulta muy simple a la vista de cualquier analista que se aproxima, desde las fronteras, a este pequeño país centroamericano plegado sobre las costas del Pacífico.
Ahora bien, decimos que resulta simple porque, en apariencia, el tema se reduciría a que los criminales son sometidos por la fuerza legítima del Estado y, por lo tanto, son llevados a las cárceles porque los jueces profieren condenas severas en su contra. Pero, el tema obviamente sugiere otras aristas que proyectan el asunto más allá de lo anteriormente enunciado.
Por lo pronto, nos vamos a ocupar únicamente de la manera en que el modelo del presidente Bukele ha empezado a ser tomado como referente en otros países como Honduras, Ecuador y Colombia.
Si bien, para Xiomara Castro replicar la política de Bukele no le ha resultado tan fácil por las condiciones político-militares que supone el modelo dado que su esposo, Manuel Zelaya, fue depuesto en 2009 por los militares; es la situación misma de seguridad ciudadana la que la ha obligado a que se tomen medidas similares sin que ello la lleve asumir maneras autoritarias como las que se le señalan al “dictador más cool de Latinoamérica”.
A raíz de la crisis desatada, hace unas semanas, por la fuga de alias “Fito”, el presidente Daniel Noboa dejó entrever que seguiría el mismo camino de Bukele; no obstante, el joven mandatario ha sido muy cuidadoso, como lo anotan muchos analistas, para no ser comparado con el “dictador milenial” sin que esto signifique, de manera alguna, distanciarse del modelo salvadoreño.
A diferencia de estos dos países, en Colombia se propone un modelo opuesto que se ha delineado por otorgarle a los criminales una serie de beneficios, como un pago mensual, para que abandonen el crimen como modo de vida o el tratamiento preferencial que se le viene dando a las bandas criminales de alto impacto so pena de lograr una “paz total” a cambio de votos.
Claramente, la idea que tiene la “Administración por Sobresaltos” resulta totalmente opuesta a la que Bukele lidera en Centroamérica. Mientras Bukele pone en las cárceles a los criminales sin beneficio alguno, Petro es señalado de haber buscado en las cárceles (Pacto de La Picota) apoyo electoral para su elección.
El modelo Bukele cuenta con mucha popularidad entre el grueso de los ciudadanos; sin embargo, tiene muchos detractores entre los defensores de los derechos humanos aun cuando tienen que lidiar con el siguiente cuestionamiento: ¿por qué respetarles los derechos humanos a los criminales si estos no les respetan los mismos derechos a sus víctimas?
Es aquí donde el presidente Bukele ejerce influencia sobre el plano ideológico. Lamentablemente, tanto el modelo de Bukele como el de Petro han venido a alimentar el debate anacrónico de izquierda/derecha y esto ha producido que muchos vean en uno el líder de un bloque y a otros su contraparte.
En efecto, resulta muy simplista etiquetar con expresiones como “izquierda” o “derecha” una política de seguridad ciudadana toda vez que esta no se puede definir de manera tan simple, pues, la formulación de una política siempre está por encima de consideraciones ideológicas y responde más a términos de intereses y problemáticas. Esto sin contar con el aspecto técnico que demanda su implementación y monitoreo.
Dicho de otra manera, y para este caso en particular, una política (no un discurso o narrativa) de seguridad ciudadana demanda entender y delimitar una problemática en sus propias dimensiones sin dar por sentado que la realidad de El Salvador es la misma para Ecuador como tampoco resultaría adecuado decir que las mismas opciones o decisiones puedan resultar igual de efectivas para países con contextos tan diferentes como el hondureño o el colombiano.
Tanto un formulador de política como un tomador de decisiones sabe que liderar un programa/plan/política es estar totalmente alejado de consideraciones ideológicas porque los verdaderos problemas de la seguridad de una sociedad no se reducen a coordenadas filosóficas sino a la manera en cómo se enfrenta desde la legalidad a la ilegalidad para garantizar la vida, honra y propiedad de los ciudadanos.
Es obvio que modelos como los de Bukele siempre van a generar malestar en los defensores de derechos humanos pero estos defensores deberían promover, en igualdad de condiciones, que los derechos no solo se le deben respetar a los criminales, sino que también el Estado les debe garantizar los derechos a los ciudadanos que indefensos, ante el terror, se convierten en víctimas de los que legitiman lo ilegal a través de la intimidación.
