Lo que está sucediendo en el Catatumbo era previsible. Valdría la pena que de una vez saquemos lecciones todos, para no seguir cometiendo siempre los mismos errores.
Tal vez, el gobierno fue víctima de su propio sectarismo. Siempre dijo que en Colombia había guerra porque “los gobiernos de derecha no querían hacer la paz”. Por eso, Petro aseguró, en campaña, que a los tres meses de su gobierno se acabaría la guerra con el ELN porque firmaría un acuerdo de paz. Empezó la “Paz Total” y el presidente decretó ceses al fuego bilateral (que en realidad fue unilateral), removió órdenes de captura a 31 miembros y nombró gestores de paz a criminales que estaban en las cárceles y los liberó.
La “Paz Total” fracasó totalmente. Le advertimos al gobierno, a sus ministros y a sus senadores, lo que era evidente: los grupos ilegales no estaban en cese al fuego; por el contrario, estaban en expansión. Las propias cifras oficiales lo mostraban. Al año y medio de gobierno era evidente: habíamos aumentado en 3.500 el número de guerrilleros. El ELN pasó de tener 4 mil hombres en armas en 2017 a cerca de 6.200 en 2024. Pasó de estar presente en 189 municipios a 231. Hoy, solo en la región de Catatumbo tenemos 40 mil desplazados y más de 100 muertos.
El gobierno no quería reconocer su fracaso y extendió las concesiones y beneficios pese al miedo que empezó a imperar en todas las regiones. Convencidos de que la baja en la tasa de homicidio era suficiente, obviaron todos los demás indicadores. El homicidio baja cuando no hay confrontación y si los grupos están a sus anchas pues bajan las cifras. Pero aquello es transitorio y equívoco.
El motor de la violencia en Colombia es el dinero ilícito, que viene, por supuesto, de negocios ilícitos: cocaína, minería, y luego, extorsión y secuestro. Sin combate a estos negocios, los ilegales tienen recursos para financiar los ejércitos que los protegen. Cuando el gobierno proclamó el fracaso de la lucha contra las drogas y decidió optar por la mera incautación, dictó su suerte. Hoy tenemos más de 253 mil hectáreas de coca, donde 43.867 ha (17,3%) se encuentran en el Catatumbo.
El Catatumbo mostraba su continuo deterioro; casi un tercio de las violaciones al cese al fuego se daban allá. Y aunque el gobierno jamás publicó las cifras de tales violaciones, hubo otros que midieron. A finales del 2023, el gobierno recibió un informe de inteligencia que mencionaba el aumento de hombres en armas del ELN durante el gobierno y el traslado de miembros del ELN a los estados de Táchira y Zulia para llegar al Catatumbo. La Defensoría alertó sobre la gravedad de la situación en Catatumbo. El gobierno lo sabía e hizo caso omiso.
El ELN es una guerrilla binacional; de los 6 mil hombres en armas, el 20,7% están en Venezuela. Cabe recordar cómo desde Chávez, ese país viene protegiéndolos y alentándolos. Allá están los cabecillas auspiciados por Maduro, a quien ellos también protegen. Y era previsible que pronto empezarían los combates entre los grupos para determinar de quién serían los lucrativos y prósperos negocios. Unos queriendo los de otros, para crecer y acumular más riqueza. Cuando dejaron crecer el negocio de la coca a los niveles actuales, era previsible que vendrían guerras entre los ilegales para quedarse con los negocios. Catatumbo, Arauca y ahora el Huila, Cauca, Caquetá…
Y finalmente, la equivocada estrategia de “no gastar recursos en la guerra”. El presupuesto de mantenimiento y adquisición de aeronaves del MinDefensa cayó 61%. El número de generales del ejército cayó 20% y en 28% los coroneles. El 34% de las aeronaves del ejército se encuentran en tierra, el 59% en el caso de la policía, el 21% en la armada y el 25% en la fuerza aérea.
Ahora pretenden corregir 30 meses de equivocaciones con una conmoción interior. Lo que debe cambiar no es el mecanismo de expedición de las normas, sino su contenido. No pueden seguir beneficiando guerrilleros que no son otra cosa que narcoterroristas.
