La reciente controversia que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la compra irregular de carrotanques por parte de su exdirector, Olmedo de Jesús López Martínez, ha puesto de manifiesto una vez más los graves problemas de corrupción que afectan a las instituciones colombianas. Este caso no es un incidente aislado; es un síntoma de un problema más profundo que amenaza la integridad de nuestras instituciones y la efectividad de la gestión de riesgos en el país.
El escándalo se dio por la cuestionable adquisición de 40 carrotanques de agua por un monto de 46 800 millones de pesos, lo que ha levantado sospechas de sobrecostos y corrupción. Los entes de control han iniciado investigaciones sobre las irregularidades en la fase precontractual por la posible manipulación de la selección del contratista, lo que habría resultado en dichos sobrecostos.
Ante las acusaciones, Olmedo López está buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de su cooperación, lo cual es clave para esclarecer el alcance de la corrupción en la entidad. Ojalá que esta colaboración conduzca a la acusación de altos cargos implicados en la red de corrupción que parece haberse tejido en la UNGRD. El papel de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, es fundamental para que esto ocurra. Camargo debe exigir que se presenten pruebas suficientes para investigar el entramado y garantizar la seguridad de los testigos que puedan aportar información.
De constatarse que está inhabilitada por haber asesorado a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia mientas que se cocinaba el contrato de los carrotanques, debe dar un paso al costado y dejar que los faros iluminen a un fiscal ad hoc. No es el momento para alegar la transparencia de sus subordinados en un organismo claramente vertical, ni sería la primera vez que se nombra un funcionario de esta clase.
De otra parte, es preocupante que el abogado de López, José Moreno, haya afirmado en La W que no existen «pruebas directas» respecto de la participación de altos cargos en el caso de los carrotanques. Esta apreciación, sin embargo, no es obstáculo para que la Fiscalía intensifique sus investigaciones y desmantele los esquemas haciendo uso de los poderes probatorios con los que cuenta el ente acusador. Asimismo, el enriquecimiento ilícito, un delito que requiere de estándares menos exigentes para lograr una condena, podría ser el punto de partida para instar a los involucrados a dar más información y acelerar las investigaciones con ayuda de la justicia premial.
Más allá de las declaraciones preliminares de López, la Fiscalía ha de emplear todos los recursos a su disposición para recaudar pruebas determinantes. Estos esfuerzos, orientados a evitar que los altos cargos y contratistas implicados queden impunes, serían prueba de la independencia del ente acusador. La justicia no puede manipularse con especulaciones y negociaciones que no aborden el problema con rigor y seriedad.
Es claro que el régimen de contratación de la UNGRD debe ser lo suficientemente flexible como para permitir una respuesta rápida en casos de desastre. Sin embargo, esta elasticidad se ha convertido en una puerta abierta para la corrupción. Para mitigar esta contingencia, podrían implementarse auditorías estrictas y permanentes, llevadas a cabo por terceros autónomos, para supervisar la contratación. La naturaleza de sus funciones implica que el control sea posterior, pero —de ser efectivo— tendría un efecto disuasorio.
Con sus declaraciones, López y su partido se suman a la lista de quienes han utilizado los recursos públicos y la contratación estatal en beneficio de sus aliados políticos, práctica que corroe la democracia y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La contratación de carrotanques con sobrecostos multimillonarios no son solo cifras de papel; representan recursos que podrían haberse destinado a fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias en la Guajira y demás regiones vulnerables del país.
Este caso nos recuerda escenas de dramas políticos como House of Cards, en la que Francis Underwood decide, sin aprobación del Congreso, gastar los recursos del Agencia Federal de Gestión de Emergencias con finalidades meramente electorales… En la vida real, las consecuencias son mucho más graves: afectan directamente la vida y el bienestar de miles de ciudadanos que dependen de una gestión transparente del riesgo de desastres. Esperemos que la justicia actúe con determinación y profundidad en cuanto a los casos de corrupción de la UNGRD y podamos restaurar la integridad de nuestras instituciones. ¡Qué el deslizamiento del Pacto Histórico no nos llegue sin la debida provisión de recursos!
