La Sabana de Bogotá representa un extenso mosaico de campos verdes, humedales y montañas que rodean la capital de Colombia. Esta, declarada área de interés ecológico nacional por su riqueza ecológica y su importancia como región estratégica para el equilibrio ambiental del país, tal como lo establece la Ley 99 de 1993, cuya vocación es eminentemente agropecuaria y forestal. Esta región es mucho más que un paisaje, es un ecosistema vital que enfrenta desafíos urgentes debido a que, en las últimas décadas, ha sido sometido a una intensa transformación. La expansión urbana descontrolada, la falta de un ordenamiento adecuado y la creciente presión de la explotación minera han erosionado su equilibrio natural, poniendo en riesgo su capacidad de sostener la biodiversidad y de proveer servicios ecosistémicos esenciales.
Frente a estos desafíos y con el objetivo superior de proteger la Sabana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha delineado una propuesta, construir un nuevo camino para frenar la degradación ambiental, fortalecer la resiliencia del territorio frente al cambio climático, mejorar la gestión de los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad de la región. Por esto, esta disponible para el aporte de todas las personas que quieran contribuir, la propuesta de resolución “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”.
Conflictos ambientales: las heridas de la Sabana
La Sabana de Bogotá enfrenta múltiples desafíos que ponen en riesgo su salud y equilibrio. Este proceso de transformación ha provocado la fragmentación de los hábitats y la consecuente disminución de la biodiversidad. La expansión urbana ha consumido vastas extensiones de suelo, el consumo de suelo en la región alcanzó las 67.004,5 hectáreas para el año 2020, siendo Bogotá responsable de 36.443,5 hectáreas, lo que representa el 54,39% de la huella de la región. Este crecimiento descontrolado no solo reduce la capacidad de la Sabana para adaptarse a los cambios, sino que también pone en peligro su biodiversidad única. Especies emblemáticas, como el tigrillo lanudo ( Leopardus tigrinus ), han visto reducido su espacio vital que los conduce hacia una posible extinción.
La minería, aunque importante para la economía, ha dejado cicatrices profundas. Más de 2.207 hectáreas de páramos y 1.861 hectáreas de humedales han sido afectadas, y otras 3.414 hectáreas de áreas protegidas se encuentran en riesgo inminente. Esta actividad no solo destruye hábitats, sino que también amenaza la pureza del agua y la estabilidad del suelo.
A esto se suma una crisis hídrica en ciernes: el agua, recurso fundamental para la vida y el desarrollo, se encuentra cada vez más amenazada. En la actualidad, el 80% del agua proveniente del sistema Chingaza termina como residuo en la cuenca baja del río Bogotá, evidenciando una gestión ineficiente y un alto riesgo de desabastecimiento futuro. Sumado a lo anterior, De las 114 áreas protegidas en la Sabana de Bogotá, solo 19 cuentan con planes de manejo adoptados, la mayoría correspondientes a Parques Nacionales Naturales (Runap, 2024), dejando una gran parte del ecosistema sin una estrategia de conservación efectiva.
Pero más allá de la degradación ambiental, la crisis de la Sabana de Bogotá también es una crisis de gobernanza. Durante años, las decisiones sobre su planificación y uso del suelo han estado centralizadas en Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, dejando de lado a los municipios y comunidades rurales que habitan y dependen de este territorio. Esta concentración de poder ha generado desplazamientos de comunidades campesinas, la pérdida del paisaje biocultural y la ausencia de mecanismos efectivos para proteger las áreas rurales frente a la presión urbanística e industrial.
Un plan para la protección y la sostenibilidad
La resolución recién expedida busca revertir esta situación estableciendo un marco normativo claro para el ordenamiento ambiental de la Sabana. Uno de sus principales objetivos es garantizar que el territorio mantenga su vocación agropecuaria y forestal, impidiendo que el crecimiento urbano y las actividades extractivas continúen avanzando sobre suelos de alto valor ecológico y productivo.
También se establecerán medidas para regular la minería, revisando las zonas donde esta actividad es compatible y promoviendo la restauración ambiental en áreas ya afectadas. En materia de agua, se implementarán estrategias para evitar el agotamiento de fuentes hídricas y optimizar el uso del recurso, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.
La resolución, además, busca corregir la crisis de gobernanza promoviendo la descentralización de las decisiones y fortaleciendo la participación de los municipios y comunidades en la planificación ambiental del territorio. Finalmente, se prioriza la adaptación al cambio climático mediante la restauración de ecosistemas estratégicos y la reducción de la vulnerabilidad del territorio frente a desastres ambientales.
Fundamentos técnicos: la ciencia detrás de la resolución
Esta nueva resolución no es solo una idea, está respaldada por estudios técnicos sólidos que revelan la magnitud de los desafíos que enfrenta la Sabana. Un diagnóstico exhaustivo de la ocupación del suelo muestra que el 54,39% del suelo urbano de la región se encuentra en Bogotá. Además, la expansión urbana en los municipios aledaños es doce veces mayor en áreas rurales que en los centros urbanos, lo que agrava la presión sobre los ecosistemas.
La pérdida de suelos y la capacidad productiva también son alarmantes. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se han perdido 8.657 hectáreas de suelos agrícolas debido a la expansión urbana, y el 99% de la ocupación reciente ha ocurrido en suelos aptos para la agricultura.
El deterioro del agua y el ciclo hídrico es evidente en las evaluaciones regionales del agua (ERA) realizadas por la CAR Cundinamarca. Estas evaluaciones indican un aumento en el riesgo de desabastecimiento en fuentes hídricas clave, con un 80% del agua de Chingaza terminando como aguas residuales en la cuenca baja del río Bogotá.
Estas cifras, demuestran la necesidad urgente de cambiar el modelo de ocupación y ordenación del territorio, por eso, se hace fundamental construir colectivamente el nuevo camino, que permita saldar la deuda histórica con la naturaleza mediante la justicia ambiental, y preservar la vida en todas sus formas en esta región.
Objetivos de la resolución: un plan para el futuro
Ante esta realidad, la nueva resolución plantea un marco normativo que busca corregir el rumbo y establecer principios de ordenamiento ambiental que aseguren el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Entre sus principales directrices, se establece la necesidad de conservar la vocación agrícola y forestal de la Sabana, garantizando que el uso del suelo se oriente hacia actividades que respeten los ecosistemas. Además, se fortalecerán las regulaciones sobre la minería, revisando las zonas compatibles con esta actividad y promoviendo la restauración ambiental de aquellas áreas ya afectadas.
El agua, como eje central del ordenamiento territorial, será objeto de una gestión más estricta. Se implementarán medidas para evitar el agotamiento de fuentes hídricas, optimizando el uso del recurso y garantizando su disponibilidad para las generaciones futuras. En paralelo, se fomentará la participación de los municipios en la toma de decisiones, promoviendo una gobernanza territorial más equitativa y descentralizada. Finalmente, la resolución incorpora estrategias de adaptación al cambio climático, priorizando la restauración de ecosistemas y la reducción de la vulnerabilidad del territorio frente a desastres ambientales.
Un Resolución que cumple la Ley
Esta resolución se basa en un sólido marco legal que incluye:
• Los artículos 8, 58, 79 y 80 de la Constitución Política, que obligan al Estado a proteger las riquezas naturales y culturales.
• La Ley 99 de 1993, que declara la Sabana de Bogotá como área de interés ecológico nacional.
• La Ley 388 de 1997 (modificada por la Ley 2294 de 2023), que establece la prevalencia de las determinantes ambientales en el ordenamiento territorial.
• La Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".
Conclusión: un compromiso con la sostenibilidad de la Sabana
La Sabana de Bogotá se encuentra en un punto de inflexión. Si no se adoptan medidas urgentes, el deterioro ambiental seguirá avanzando y afectando no solo los ecosistemas, sino también el bienestar de quienes habitamos la región. La resolución propuesta representa un esfuerzo por reorientar el ordenamiento territorial hacia un modelo más sostenible, en el que el desarrollo no sea sinónimo de destrucción, sino de convivencia armónica con la naturaleza. En este camino, la acción de las autoridades, el compromiso de las comunidades y la implementación efectiva de estos lineamientos serán determinantes para definir el futuro sostenible para la Sabana de Bogotá.
Sabemos que existen sectores políticos, económicos y empresariales que ven en la Sabana de Bogotá la posibilidad para acaudalar grandes fortunas mediante la degradación ambiental, pero estamos convencidas que el bien colectivo está por encima del apetito voraz de esos intereses.
Defender la vida ha sido, es y será nuestra bandera.
