Entre 1990 y 1994, durante el gobierno de César Gaviria se redujo el aparato público bajo el imaginario de “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, con el fin de fomentar la inversión e introducir a Colombia en la globalización. Dentro del paquete de reformas neoliberales estuvo la del Código del Trabajo, Ley 50 que rige hasta hoy y que tras sucesivas modificaciones, entre ellas la Ley 789 de 2002 del gobierno de Uribe, nos tienen en 2023 como el quinto peor país para los trabajadores.
Con estas leyes se buscó hacer atractivo el país y fomentar la creación de empleo. Sin embargo, ambas premisas se incumplieron. Esto porque la primera, en vez de traer beneficios, implicó mayores cargas para el empleado: flexibilización laboral, reducción de “costos de producción” y cambios en políticas de contratación, entre otras. Y la segunda, tampoco se logró: según el DANE, solo en 7 de los 32 años de vigencia del Código Laboral de Gaviria y Uribe, el promedio anual del desempleo trimestral de las áreas metropolitanas estuvo bajo el 10%.
Esto llevó a que, en vez de contratar más empleados, las personas terminaran trabajando por más tiempo sin reconocimiento económico; a tener contratos mediados por una empresa para trabajar en otra; a que durante la pandemia se perdieran casi 5 millones de empleos sin estrategia de contención; a que hoy casi 6 de cada 10 personas que trabajan estén en la informalidad; a mantener afectaciones a la salud mental y brechas de género; e incluso a que descargar una app te convierta en socio cuando en verdad trabajas sin contrato.
En respuesta, Colombia votó por un gobierno progresista para transformar las relaciones laborales y otras injusticias. En coherencia con esto, y en respuesta al mandato de la Constitución de 1991, el gobierno de Gustavo Petro presentó una Reforma Laboral concertada con gremiales, sindicatos y organismos internacionales, buscando devolver derechos y garantías laborales a todas las personas, Reforma que además es apoyada por premios Nobel y entidades como la OCDE y el FMI, que siendo neoliberales, reconocen la necesidad de regular las relaciones laborales.
Y en cuanto a mujeres, dentro de la Reforma se insta a empleadores a eliminar barreras de acceso, a erradicar factores de discriminación en relaciones contractuales, que se garantizan los espacios de trabajo libres de violencias y se promueve la participación e inclusión de mujeres en escenarios de representación, entre otras medidas orientadas a combatir el acoso y brechas que nos afectan.
Sin embargo, la oposición y sectores tradicionales de la política se resisten a su aprobación creando argumentos falsos para desvirtuar la naturaleza del proyecto. En primer lugar, dicen que supondría incrementos en gastos y dificultades para la contratación. No obstante, la cifra de 35% de mayores costos que presenta la oposición, incluye el aumento del salario mínimo y la disminución de la jornada a 47 horas pactada en 2021; mientras que lo que llaman “dificultades” son controles para impedir abusos en la tercerización.
Segundo, respecto a las trabas para PYMES y plataformas digitales son, en ambos casos, mentiras. Para las PYMES se prevén medidas diferenciadas e incentivos para la contratación en el Plan
Nacional de Desarrollo. Mientras que para las plataformas, estas hablan de la pérdida de 130.000 empleos, cuando en rigor ningún repartidor tiene contrato. Hoy tienen personas vinculadas bajo formas que se pretenden regularizar mediante contratos que les garanticen prestaciones según el tiempo que trabajen en cada plataforma.
Y tercero, señalan que supuestamente el proyecto fomenta la informalidad. Muy por el contrario, la Reforma promueve relaciones laborales formales y estables, satisfaciendo el derecho a prestaciones sociales y devolviendo la dignidad al trabajador fijando la jornada diurna entre 6AM y 6PM, lo que, en palabras de la Ministra, es que tras 22 años el día volverá a ser el día y la noche volverá a ser la noche.
En síntesis, la Reforma Laboral propuesta nace en respuesta a las angustias de millones que viven situaciones laborales parecidas a una montaña rusa; ante la incertidumbre que padecen cada vez que culmina su contrato de prestación de servicios; para brindarle garantías a las mujeres durante su embarazo y en la licencia de maternidad; para otorgar herramientas a jóvenes para que puedan construir su proyecto de vida; es decir, la Reforma nace para devolver un mínimo de dignidad a través de la garantía de derechos laborales que tiene cualquier trabajador en un país democrático.
Por esto, la estabilidad, seguridad y equidad laboral de millones dependen hoy de sus Congresistas, pero también del apoyo popular. Como bancada, como gobierno, como país, acompañemos la Reforma Laboral por un trabajo digno.
